Hoy mismo, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  Luis Raúl González Pérez, coincidió en que no es suficiente la disculpa del General Salvador Cienfuegos y señaló que los agentes militares y federales implicados en el caso de tortura deben ser sancionado por la vía penal.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, dijo hoy en el Senado de la República, que la disculpa que ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso de tortura a una joven en Ajuchitlán, Guerrero, “es insuficiente”.

“El hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”, dijo hoy Méndez tras una reunión con senadores de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación en la Cámara Alta.

El relator de la ONU, que en 2014 alertó en un informe que en México la tortura era generalizada, dijo que sostiene a la fecha su postura pese a las diferencias que tuvo el Gobierno federal con su Relatoría.

“Sostengo que la tortura es generalizada, no cambio mi opinión porque además, a partir del informe que hice público, sigue denunciándose casos como Ayotzinapa y este video al que se dio amplia difusión a nivel internacional”, enfatizó.

El relator instó a los legisladores a que tipifiquen la tortura proporcionalmente a su gravedad. Incluso dijo que ésta debe ser equiparable “al homicidio simple”.

Juan Ernesto Méndez realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 una visita a México. En marzo de 2015 presentó un informe con cuatro conclusiones, en la primera de ellas alertó:

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que no es suficiente con la disculpa ofrecida por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por la conducta de miembros de las fuerzas armadas que torturaron a la mujer detenida por portación de armas y presuntamente por pertenecer a una organización criminal en Ajuchitlán.

El Ombudsman nacional comentó, tras la entrega de su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en el caso registrado en un video y difundido por la prensa nacional e internacional se necesita sancionar por la vía penal a los agentes militares y federales implicados.

“Tiene que ir acompañado del fincamiento de responsabilidades, no solamente en el ámbito militar, sino en el fuero civil. La PGR tiene que integrar la averiguación”, dijo González Pérez al referir que la impunidad es la que genera que se propicien estos casos.

“En la medida que la sanción sea proporcional a la conducta, mandará un mensaje importante”, dijo el titular la CNDH.

Luis Raúl González Pérez informó a la prensa que la Comisión ya está integrando un expediente de queja y para ello ya entrevistaron a la víctima, además de haber pedido información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

LAS DISCULPAS DE SEDENA Y LA CNS 

Tras reconocer que elementos del Ejército participaron en la agresión, el General Cienfuegos ofreció la mañana del sábado una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada”.

En un mensaje dirigido a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1, el General Cienfuegos Zepeda dijo: “En nombre de todos los que integran esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento”.

El titular de la Sedena incluso lanzó una invitación a la ciudadanía para que denuncien ante la autoridad competente “cualquier acto contrario al cumplimiento de la Ley y al respeto de los derechos fundamentales”.

Cienfuegos se dirigió a los elementos de las Fuerzas Armadas de México y les instruyó: “Desde el cabo hasta el general les reitero la orden de actuar en todos los niveles con exactitud e inteligencia, con prudencia, siempre apegados a la Ley, así como promover, respetar y garantizar los derechos de las personas”.

Sostuvo que “la delincuencia se contiene con la ley en la mano”, y dijo que “por ningún motivo implica o justifica actos ilegales de deshonor o indisciplina”.

En el mismo sentido, se expresó ayer Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, quien además de ofrecer una disculpa dijo que el Gobierno será “implacable en la sanción de conductas que vulneren los Derechos Humanos”.

“No debemos enfrentar a quienes violan la Ley, violando la Ley”, dijo Sales Heredia durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos.

Sales Heredia detalló que en casos así “procede pedir disculpas” y aseguró que algo similar no volverá a ocurrir. Prometió además que no habrá impunidad y resaltó la importancia de construir instituciones confiables que dependan del respeto y la protección de las personas, pues eso significa “respetar la vida”.

“Los lamentables y dolorosos hechos de Ajuchitlán del Progreso ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones y son intolerables, por lo que no quedarán impunes”, dijo el Comisionado Nacional.

A raíz de las disculpas ofrecidas por los dos altos mandos de seguridad, Amnistía Internacional dijo también ayer que aunque la disculpa constituye un primer paso, se articula nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta.

Amnistía aclaró que es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia.

Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo en el posicionamiento que hizo la organización este lunes que es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura y dijo que “esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”.

Amnistía dijo que la condena pública es un paso importante, “pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”.

“Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz.

Por ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Aunque la organización reconoció las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el Gobierno mexicano, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos.

“El delito no se combate con más delito”, refirió.