El diferendo quedará en un compás de espera y por el momento no prosperará ninguna iniciativa que defina el destino del exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ​​y de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, contra quienes están anunciadas las promociones de sendos juicios políticos, en el primer caso, para inhabilitarlo para el servicio público, y en el segundo, para destituirla e inhabilitarla.

Todo quedará supeditado al resultado de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando sabremos si Morena y sus aliados, o la coalición opositora, obtienen los votos suficientes en el Congreso de la Unión para juzgar a alguno de los antagonistas involucrados en esta cruenta guerra jurídica, lubricada por los odios, los enconos políticos, las ambiciones salvajes y las revanchas, de quienes tienen el deliberado propósito de destruir a sus enemigos, en representación de dos proyectos políticos que ponen el juego el futuro de la nación.

Está abierta una guerra feroz entre los defensores de los privilegios, los abusos y las corruptelas que lubricaron al viejo régimen, secuestrado por los intereses de poderes fácticos y formales, entre los cuales está la alta jerarquía de la Iglesia Católica, manipuladora de conciencias y almas, vinculados al dinero, que ahora tienen, abierta e impúdicamente, entre sus aliados, a una buena parte del Poder Judicial de la Federación, en el que ministros, magistrados y jueces se han convertido en el principal obstáculo para la consolidación de los proyectos del gobierno de la Cuarta Transformación, que argumenta sus motivaciones en una opción preferencial por los pobres y los desvalidos.

Sin embargo, las previsiones rumbo a los comicios del domingo 2 de junio están determinadas por un mal augurio que prefigura en el horizonte una derrota aplastante y dolorosa para la oposición y la oligarquía que financia y lubrica todos los afanes de confrontación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno de la Cuarta Transformación y contra su candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

La ministra Piña Hernández metió a la contienda electoral a la Suprema Corte de Justicia, al dar curso a una denuncia anónima para tratar de defenestrar al exministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien es el artífice del proyecto de reestructuración del Poder Judicial de la Federación durante los próximos seis años, y en particular, de la anquilosada Suprema Corte, que podría derivar en la modificación esencial de ese supremo cuerpo colegiado, al promover las reformas constitucionales que modifiquen la forma como son electos los ministros y definan los alcances de sus funciones jurísdiccionales.

La actual presidenta de la Suprema Corte se ha extralimitado en sus funciones al llevar al Poder Judicial hasta extremos que desafían, y en algunos casos, suplantan y vulneran la soberanía del Poder Legislativo, integrado por las cámaras de diputados y senadores, responsables, por mandato constitucional, de diseñar el andamiaje jurídico que rige a la Nación.

La Suprema Corte ha obstruido la aplicación y vigencia de algunas leyes, impidiendo la regulación y la supremacía del Estado en áreas estratégicas esenciales para la preservación de nuestra soberanía, hasta el despropósito de pretender dejar sin efectos la aplicación de algunos preceptos constitucionales, como el artículo 19, que regula la figura de la prisión preventiva oficiosa.

El resultado de los comicios de junio podría ratificar con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el espíritu del artículo 39 constitucional que establece, en forma imperativa, que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y que, además, “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En junio próximo se definirá el triunfo o la derrota del equipo que lidera Zaldívar en el diseño de un nuevo modelo de justicia para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, o quedará escriturado el futuro ominoso de la mayoría de los actuales ministros de la Suprema Corte, que podrían ser sometidos a juicio político, defenestrados e inhabilitados para el servicio público. Sin descartar que, por otras vías, como la administrativa y la penal, tengan que rendir cuenta por las faltas administrativas  que hubiesen cometido o los delitos en los que hubieran incurrido en su afán de secundar la guerra jurídica de la ministra Piña en su confrontación contra el exministro Zaldívar y contra el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, es difícil que puedan concluirse juicios políticos contra el expresidente y la actual presidenta de la Suprema Corte. Es claro que, en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría simple, podrían procesarse las acusaciones contra la ministra Piña Hernández, al considerar que en el ejercicio de sus funciones ha incurrido en actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

El Artículo 110 constitucional advierte que “la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado”.

Sin embargo, no podría concretarse el supuesto que involucra a la Cámara Alta, en la cual Morena y sus aliados tampoco tienen en este momento la mayoría calificada. Al respecto, el artículo 110 constitucional agrega que “conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”. El mismo numeral citado agrega que “las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables” por la vía jurídica.

Las sanciones derivadas de un juicio político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Sin descartar otras sanciones que pudieran derivarse y aplicarse por las vías administrativa o penal.

Hasta el próximo junio, habrá muchos ruidos y perturbaciones en los espacios públicos. Sólo después de la elección tendremos claro en qué termina esta guerra de dos sexenios, en la que están involucrados el exministro Zaldívar y la actual ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, quien arrastra hacia su propio destino al Poder Judicial de la federación. En el fondo del conflicto subyace el choque entre dos proyectos de Nación.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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