México, 19 Sep. (Notimex).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó la iniciativa de nueva ley minera, que busca fortalecer la capacidad estatal de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad del sector.
La propuesta del grupo del PRD también plantea hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y las obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales.
Alejandro Encinas presentó en la sesión de este jueves el proyecto para enfrentar, dijo, uno de los mayores problemas de irracionalidad en la explotación de un recurso natural de los mexicanos que no deja beneficio al país ni a las comunidades donde se lleva a cabo.
El senador perredista planteó que 30 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, que existen más de 850 proyectos mineros registrados hasta diciembre de 2012 y que se encuentran en manos de 285 empresas, la mayoría canadienses.
Sostuvo que esas compañías “prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación y son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y dejan enormes pasivos ambientales”.
Encinas Rodríguez argumentó que de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados México se encuentra muy por debajo de países como Botswana, Malí, Madagascar, Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero.
“Nuestro país se ubica en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis en prácticas como procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad y normas laborales, entre otros”, dijo.
Por ese motivo la propuesta pretende establecer normas que permitan un manejo sustentable de esos recursos, de esa actividad productiva y que la actividad impacte de forma favorable en el desarrollo de las comunidades y se obtengan recursos para el desarrollo nacional.
Confió que de aprobarse esa legislación la actividad minera dejará de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, como establece la ley vigente, y se consideraría como una actividad de “interés público” y no de “utilidad pública”.
