La respuesta al desplegado de los 650 intelectuales, firmada hasta el momento por más de 28 mil personas refiere que “en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país”.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Luego de que 650 intelectuales publicaran un desplegado en el que advirtieron que la libertad de expresión está en riesgo en México, un nuevo documento a modo de réplica fue firmado por más de 28 mil personas, donde los acusan de despreciar por años las luchas del pueblo y tener un monopolio de la opinión pública.

“Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá jamás”, se lee en el texto promovido en redes por un grupo de ciudadanos.

El documento titulado “Por la liberad, contra los privatizadores de la palabra” fue abierto a firmas a las 14 horas del día 18 de septiembre, y al momento de su publicación (9 horas del día 20) cuenta con la adhesión de más de 28 mil ciudadanos.

El pasado 17 de septiembre, un grupo de historiadores como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, poetas como Homero Aridjis, Javier Sicilia y Carmen Boullosa, o cineastas como Arturo Ripstein publicaron un desplegado que nombraron “En defensa de la libertad de expresión”, en el que causaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que el llama sus adversarios.

Pero el Jefe del Ejecutivo federal se defendió y acusó a este grupo de firmantes de apoyar las políticas neoliberales y el saqueo de México.

“Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del viernes pasado.

López Obrador sostuvo que las sucesivas administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) mantuvieron el “control absoluto” de los medios de comunicación, que la prensa estaba “vendida” y que estos intelectuales eran “bien atendidos por el Gobierno”.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios. No es el caso de los Gobiernos que ellos apoyaban”, expresó.

La respuesta a ese desplegado, firmada hasta el momento por más de 28 mil personas refiere que “en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas”.

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También aseguran que los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido.

“Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit”, dice la misiva. “No hay tampoco ‘amagos judiciales’ a ‘medios y publicaciones independientes’ sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones”.

Los firmantes de la respuesta a los 650 intelectuales hablan también de algunas organizaciones sociales que “eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscara la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos”.

Sobre los órganos autónomos que sufrieron recortes presupuestales, los ciudadanos firmantes señalan que sus miembros se beneficiaron por años de la “opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población”.

La misiva destaca que “quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río”.

Los más de 28 mil firmantes de este misiva aseguran que la supuesta “defensa de la libertad de expresión” alegada por los intelectuales es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial y sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido.

“Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca”, finaliza el documento.