Desde hace años la industria alimentaria ha intervenido en las regulaciones que buscan establecer una alimentación saludable al interior de las escuelas a través del Poder Legislativo que apoya “iniciativas flexibles a favor de la industria alimentaria”, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles denunciaron que desde hace 12 años la industria alimentaria ha interferido en la regulación de comida chatarra al interior de las escuelas en México, lo cual ha llevado a que en nueve de cada 10 planteles de la Ciudad de México no se cumpla la regulación vigente de alimentos y se vendan productos no recomendados o prohibidos por dicha regulación.

En conferencia de prensa, El Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y la Coalición ContraPESO hicieron un llamado urgente al Poder Legislativo para detener lo que denominaron como “la otra pandemia”, debido al alto consumo de comida chatarra durante las jornadas educativas, se habló sobre la situación actual de los ambientes escolares alimentarios.

Liliana Bahena, Coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, sostuvo que las escuelas en México están siendo promotoras de enfermedad, debido a que estos entornos “están abonados” a la mala alimentación que llevan los menores, ya que, refirió, los menores consumen 550 calorías que provienen de productos “ultraprocesados y bebidas azucaradas” en un día escolar.

Esto, agregó, ha provocado que cuatro millones de niños, lo que significa que uno de cada dos menores, viva con sobrepeso y obesidad, ya que esas 550 calorías pueden aumentar hasta cinco kilogramos de peso durante un ciclo escolar en niños y niñas, lo que puede propiciar que uno de cada dos desarrolle diabetes en la edad adulta.

Bahena también destacó que desde hace años el Poder Legislativo apoya “iniciativas flexibles a favor de la industria alimentaria”, debido a que, pese a que desde el 2010 se aprobaron políticas públicas para prohibir los productos chatarras en las escuelas, ésta ha interferido en dichas regulaciones. “La industria alimentaria se ha opuesto a políticas efectivas de alimentación”, aseguró la Coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable.

Explicó que fue en 2010 cuando se establecieron los lineamientos para la venta y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas, sin embargo, a través del Poder Legislativo, la industria alimentaria prolongó la aplicación de esas regulaciones y más adelante intervinó en el diseño de las mismas, lo que dio como resultado la venta de minichatarra en entornos escolares.

“Desde el año 2010, con consenso de los expertos, se tenían que regular los entornos escolares, pero la industria se opone, aplaza por seis meses, y en el años 2011 participa la industria alimentaria en el diseño de estas políticas, permitiendo la minichatarra durante todo este tiempo, que permea hasta la actualidad, y en el año 2014, cuando se actualizan estos lineamientos se sigue permitiendo la minichatarra los días viernes”, explicó Bahena.

“En el año 2010 se crearon los lineamientos de venta y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas, que fue actualizado para el año 2014, donde nos dicen todos los alimentos permitidos y no permitidos en cualquier tiempo de comida, incluyendo la venta, es obligatoria, es sancionable por incumplimiento, aplica para todas las escuelas públicas y privadas del país de educación básica”, recordó.

Además, refirió, un estudio de Probatio evidenció que la industria alimentaria intervino en dos periodos legislativos, 2012 y 2018, lo que dio como resultado que de un total de 53 iniciativas que buscaban proteger los entornos escolares alimentarios, el 56 por ciento fueron rechazadas y 36 por ciento fueron desplazadas.

“De las 53 iniciativas favorables a las políticas de salud y nutrición presentadas por los miembros del Congreso, sólo dos fueron aprobadas”, señala el estudio titulado “La ¿(O)posición? Legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas” realizado por consultoría especializada en la investigación y el análisis en políticas públicas, Probatio, que se presentó en enero de 2019.

“La corresponsabilidad que tiene el Poder Legislativo es muy importante, primero porque ha tenido una omisión de acciones, y de manera histórica, para aplicar estas iniciativas, pero, además, también ha apoyado iniciativas débiles a favor de la industria alimentaria provocando regulaciones con vacíos totalmente intencionados”, reiteró la Coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable.

Detalló que la regulación de 2010 señala “que de lunes a viernes pueden venderse únicamente frutas, verduras, cereales o leguminosas y debe de haber agua natural gratuita y a libre demanda”. Sin embargo, tras la intervención de la industria alimentaria, en 2014 se hicieron excepciones que permiten que se sigan ofertando productos chatarra a los menores durante la jornada escolar.

Puntualizó que aunque se señala que “no puede haber en las escuelas refrescos, refrescos light, botanas dulces, saladas, galletas o postres, pastelillos, pero tiene una acotación que nos dice que los días viernes pueden vender algún tipo de producto ultra procesado, siempre y cuando la Secretaría de salud lo haya aprobado previamente”.

Respecto a la responsabilidad del Poder Ejecutivo, Bahena señaló que se da al no haber recursos económicos para el sostenimiento de las regulaciones en los planteles educativos, en donde tampoco se destina dinero para el mantenimiento de las instalaciones de los mismos.

“Una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado es que ha tenido un abandono sistemático desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque lo que respecta al Poder Ejecutivo no hay recursos económicos de sostenimiento en las escuelas, tan sólo para instalaciones, pero tampoco para poder aplicar estas regulaciones, no hay capacitaciones, no hay manuales, no hay supervisión a nivel nacional”, explicó.

Estas circunstancias, subrayó, han provocado que la regulación sea “inexistente en la práctica después de ya 10 años de haber sido implementada”, pese a que organismos internacionales han emitido diversas recomendaciones directas, que se intensificaron debido a la pandemia por COVID-19, en las que exhortaron al Gobierno mexicano a “proteger los entornos escolares alimentarios y que debe de ser, además, una política pública prioritaria para nuestro país, siendo que las escuelas son los espacios idóneos para poder transformar y combatir estas epidemias”, dijo.

La Coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable también dio a conocer un estudio que reveló que, hasta el momento, nueve de cada diez escuelas no cumplen con la regulación vigente de alimentos, ya que continúan vendiendo productos no recomendados o prohibidos por dicha regulación.

Los resultados del estudio, que se llevó a cabo del 13 de junio al 1 de julio, en 77 escuelas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para conocer el ambiente alimentario escolar, evidenciaron que hasta el pasado ciclo escolar se encontraban funcionando 56 por ciento de las cooperativas o tiendas escolares, de las cuales el 76 por ciento vendía comida rápida; el 75 por ciento botana dulce; el 67 por ciento botana salada; el 40 por ciento bebidas azucaradas.

El mismo estudio refiere que de estas 77 escuelas, el 76 por ciento “no cuentan con dispensadores ni bebederos funcionales”, lo que que complica que se cumpla la norma de que en todos los planteles educativos debe de “haber agua natural gratuita y a libre demanda”.

Otro hallazgo fue que de 69 escuelas que tuvieron venta de alimentos y bebidas, entre 13 de junio y el 1 de julio de 2022, afuera de las escuelas, el 72 por ciento vende comida rápida; el 96 por ciento botana dulce; el 90 por ciento botana salada; y el 90 por ciento bebidas azucaradas, del cual el 48 por ciento corresponde a refrescos.

Por ello, los representantes de las organizaciones, Alejandro Calvillo, Director general de El Poder del Consumidor; Liliana Bahena, Coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor; Doré Castillo, Directora de Coalición ContraPESO; Chantal Reyes, Abogada del área legal de El Poder del Consumidor; y Tania Ramírez (mensaje virtual), Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), expresaron su apoyo a la iniciativa del Diputado Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, presentada el pasado 17 de marzo.

La propuesta del legislador morenista busca reformar la Ley General de Educación, específicamente en lo que se refiere a los entornos escolares saludables, ya que su propósito es “proteger los derechos a la salud y la alimentación de los educandos de nivel básico y medio superior, así como el interés superior de la niñez”.

En su intervención, Doré Castillo explicó que la Ley General de Educación de 2019, no logra atender las necesidades de salud y alimentación escolar “post pandemia de COVID-19”, debido a que “ continuidad a deficiencias en disposiciones clave”, como, dijo, desde “2018, la sociedad civil, las agencias de Naciones Unidas e institutos nacionales de Salud han publicado evidencia del incumplimiento sistemático a estas disposiciones clave en especial referente a disposiciones publicidad, de venta, roles y responsabilidades, así como a operación, vigilancia y sanción”, detalló.

Las organizaciones consideraron que la propuesta de reforma a la Ley General de Educación que propone el Diputado Contreras Castillo es una iniciativa integral, ya que “cubre los vacíos de la legislación y corrige las deficiencias con base en el diagnóstico del marco legal en la materia”, además, contempla regulaciones para entornos escolares saludables y evidencia cómo las disposiciones buscan proteger el interés superior de la niñez.

Al respecto de esta iniciativa, Tania Ramírez expresó que la Redim se suma a dicha iniciativa, con el objetivo de que se incorporen “estándares legales y reglamentarios del Estado mexicano respecto de la educación en general”.

Subrayó que es importante garantizar el derecho a un entorno alimentario seguro debido a que “es consistente con los saberes de los pueblos originarios en términos de cómo se toman las mejores prácticas alimentarias que nos han enseñado, es consistente también con los sistemas agroalimentarios que resulten responsables del medio ambiente, y por supuesto de la salud, y porque contiene también un quehacer en donde se puede decir con mucha mejor claridad a la niñez, a la adolescencia y a las comunidades escolares que es lo qué sí se vale y qué es lo que no se vale”

“Por eso desde Redim nos parece de la mayor importancia que esto se impulse a nivel de contenidos, a nivel de la asignatura en la educación de nuestro país, el contenido sobre vida saludable, que contemple ampliamente la necesidad de comprender el derecho a la salud por parte de niñas, niños y adolescentes, y la garantía de este derecho por parte del Estado mexicano”, concluyó.

En una de sus intervenciones, Alejandro Calvillo, Director general del Poder del Consumidor, hizo un llamado urgente a los legisladores y las legisladoras del país para tomar “decisiones estrictas y contundentes para transformar las escuelas en espacios de bienestar en consistencia a sus atribuciones y a los derechos de la infancia” en México.