El martes se hizo pública la conformación del colectivo de 27 organizaciones [1] bajo el nombre “#LaJusticiaQueQueremos” que surge desde la sociedad civil “para que algún día tengamos una justicia que le dé la misma cara a todas las personas”, es decir, que la justicia deje de ser exclusiva para algunas personas que pueden acceder a ella comprándola. En el contexto de este importante anuncio, el Poder Ejecutivo federal y su mayoría parlamentaria consumaron la extinción de 13 fideicomisos públicos del Poder Judicial de la Federación so pretexto de acabar con los “privilegios y la corrupción” en ese ámbito. La realidad es que el oficialismo no quiere una justicia transparente, equitativa y de derechos, sino una a modo. Por eso una iniciativa ciudadana que pretende dar un giro de tuerca al gatopardismo imperante en este rubro.

Empecemos por la buena noticia. #LaJusticiaQueQueremos abreva de otro proceso muy relevante denominado #FiscalíaQueSirva. Este último culminó con un proceso de creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que significó una re-ingeniería de uno de los espacios más corruptos, autoritarios y opacos. Al final esa Ley, con la llegada de Gertz Manero al frente de la FGR, fue letra muerta; con el impulso de Morena se terminó abrogando y sustituyendo por una legislación que refrenda viejas y malas prácticas de la institución. Pero la lucha por la justicia no cejó ahí. Las víctimas, colectivos, academia y organizaciones seguimos dando la batalla cotidiana por la justicia, una que a pesar de las promesas de este Gobierno, nunca llegó. Por eso nos recomponemos y nos re-articulamos en colectivo.

En efecto este Gobierno se afincó en el viejo modelo de procuración de justicia. La Fiscalía federal y las locales siguen siendo un brazo ejecutor del Presidente o Gobernador en turno, las víctimas son relegadas a un segundo plano y la impunidad es la regla. Por el lado de los poderes judiciales estatales y federal la “invitación” -si es que quieren sobrevivir o por lo menos evitarse un asedio permanente- es sujetarse a los designios del titular del Poder Ejecutivo en turno. Cuando hubo buena relación con la Suprema Corte durante la presidencia del Ministro Zaldívar, no se tocó por parte del presidente a la Judicatura; en el momento que fue designada Norma Piña como Ministra presidenta, la virulencia y los ataques se acentuaron, al grado que hoy se quiere cargar con los recursos de la base trabajadora de dicho poder.  

Pero lo que que más contrastó con el oficialismo ya en poder del Gobierno federal y 23 gubernaturas, es que se profundizó la estrategia de populismo punitivo mediante la figura de prisión preventiva oficiosa, cuyo impacto real y medible es la criminalización de la pobreza en un país donde se accede a la justicia a “billetazos”. El contraste entre la estrategia de prisión preventiva y el discurso central del movimiento-partido (“primero los pobres”) es evidente.

Por eso la insistencia en voltear a ver en serio a la procuración (fiscalías) y administración (jueces) de justicia retomada por este colectivo. Si queremos que la justicia llegue a las personas y sectores históricamente discriminados, no es debilitando a las instituciones, sino apostando por su verdadera autonomía, independencia, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas. No es presionando y atacando desde el poder central con el fin de capturar la función de persecución de delitos y de impartición de la justicia. No es mediante el entendimiento entre poderes en “mesas de judicialización” como la que gestionaron al principio del sexenio la UIF, FGR, Poder Judicial y Consejería Jurídica. 

No es, en resumen, manteniendo el statu quo que hoy nos tiene en una crisis de seguridad y derechos humanos; sino estableciendo y respetando reglas y procedimientos claros para normar la relación entre poderes y de éstos frente a las personas, obviamente basados en la Constitución y las leyes. Es eso que se llama Estado de Derecho, al cual le tienen alergia nuestras élites políticas y económicas.

Es avanzando hacia contrapesos reales basados en autonomías reales respecto a los poderes formales y fácticos. Es capacitando y dotando de capacidades instaladas a quienes operan la justicia. Es poniendo en el centro a las víctimas y haciéndolas participes de sus procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Es respetando las garantías del debido proceso y los derechos de los justiciables, sean quienes sean y hayan hecho lo que hayan hecho. Es despolitizando la justicia y rompiendo las redes de corrupción en las que operan abogados, fiscales y jueces.

Por eso, en la #LaJusticiaQueQueremos se realizaran acciones puntuales como: monitorear los ataques o enjuiciamientos que reciban las personas juzgadoras; mantener un análisis y evaluación del actuar de la Fiscalíaa General de la República y fiscalías estatales para sugerir mejoras y; promover estándares para las designaciones del sistema de justicia en aras de garantizar transparencia en todos los procesos de selección. 

No es menor lo que se propone desde este colectivo, sobre todo en estos tiempos de asedio a los pesos y contrapesos. De hecho, es urgente si queremos erigirnos como una sociedad viable basada en la democracia, los derechos humanos y el respeto a la Ley.

[1] Fundación para la Justicia (FJEDD), México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Observatorio de Designaciones Públicas, Artículo 19,  Búscame – Buscando Desaparecidos México, Magistrada Ya, Instituto de Justicia Procesal Penal, AC, Sin Fronteras IAP, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Impunidad cero, Mexiro A.C., BORDE, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Derechos humanos y litigio estratégico mexicano, Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), Colectivo Buscadoras Guanajuato, Justicia Pro Persona A.C., Colectivo Justicia y Esperanza, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Justicia Transicional en México (JTMX), Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara), Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC),  Fundación para el Debido Proceso, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Cyrus R. Vance Center for International Justice

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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