Un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados revela que entre 2015 y 2016 creció el número de personas que está en contra de que los mexicanos vayan a la cárcel por consumir mariguana. La mayoría acepta su uso para fines medicinales, sin embargo, la gran parte aún no aprueba su legalización con fines recreativos.

Marcha en favor de la legalización de la mariguana. Foto: Cuartoscuro

Marcha en favor de la legalización de la mariguana. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- La política contra las drogas en México es más compleja que la legalización de la mariguana; requiere de un debate todavía más amplio y de un marco de regulación que contemple un proceso de transición que implemente políticas de seguridad, de salud pública y que establezca reglas para el consumo, determinó un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

El análisis del CESOP, llamado “Contexto de regulación de la mariguana en México 2016” destaca también que la percepción ciudadana hacia quienes consumen la hierba se ha modificado drásticamente en el último año, ya que en 2015, el 68 por ciento consideraba que quienes lo hicieran no deberían ir a la cárcel, mientras que para este año la cifra aumentó a 72 por ciento, es decir, aumentó 4 por ciento.

Actualmente, la iniciativa presidencial para despenalizar el uso de la hierba para usos médicos y aumentar de 5 a 28 gramos la portación para uso personal se encuentra congelada en la Cámara de Senadores, sin embargo, en las reformas a la Ley de Ejecución Penal, en abril pasado, se aprobó el acceso a la libertad anticipada a quienes estén presos por portación de pequeñas cantidades de mariguana.

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados calcula que son cerca de 60 mil los mexicanos que están presos por consumir la hierba, es decir, 3.8 por ciento del total de la población penitenciaria.

“Para la transformación del enfoque de las drogas existe consenso en la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva de salud publica, que implica el poner al alcance los métodos terapéuticos de la mariguana, acabando con la criminalización, persecución y estigmatización del consumidor. Por lo cual se deben incorporar programas de rehabilitación para las personas que tengan problemas de consumo de mariguana y otras drogas. Lo que en su conjunto, permitirá la reducción de violencia ocasionada por el consumo clandestino o ilegal”, considera el estudio.

Destaca que si se aborda el tema de las drogas desde una perspectiva de salud pública se podría atender el consumo en grupos focalizados, por ejemplo, disminuirlo entre el 9 por ciento de menores de edad que la consumen y reducir hasta en 30 por ciento el número de adolescentes que inician su consumo antes de cumplir la mayoría de edad.

“Con este nuevo enfoque se pretende evitar que lleguen a las cárceles de nuestro país cientos de personas (mayormente mujeres) que son recluidas por delitos relacionados con el consumo y transportación de la mariguana, mismas que son sentenciadas con base en las ‘dosis máximas de consumo personal inmediato’ establecidas en la Ley General de Salud, dosis o gramajes muy bajos con referencia a las prácticas internacionales”, señala el diagnóstico.

“El nuevo enfoque de la marihuana se debe basar en el respeto a los Derechos Humanos, con lo cual las personas serán el eje rector de la creación de políticas públicas y no las drogas como se ha practicado durante años”, indica, y sugiere que las instituciones involucradas en este tema garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas, para impedir prácticas de violencia ya sea por maltrato, tortura, etc.

AUMENTAR LAS DÓSIS

Plantío de mariguana en Navolato, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

En el Senado de la República está detenida la iniciativa presidencial para aumentar el gramaje de portación de mariguana. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

 Para poder gestionar con éxito este nuevo enfoque de drogas, el análisis considera necesario generar los consensos para incrementar las dosis que legalmente podrán ser portadas para el consumo personal, para lo cual se requiere modificar los gramajes que actualmente están permitidos por la Ley General de Salud.

Actualmente, la ley permite sólo la portación de 5 gramos de mariguana, 2 gramos de opio, 500 miligramos de cocaína y 40 miligramos de metanfetaminas.

“El tema de la criminalización por la transportación de las drogas es relevante incluso desde la perspectiva de género pues el 80 por ciento de mujeres sentenciadas en centros federales lo está por delitos contra la salud; el 48 por ciento, por mariguana; en segundo lugar, cocaína, con el 31 por ciento; también por metanfetaminas, y heroína, en menor medida, pero que no estuvieron relacionadas con crímenes violentos; sin embargo, al estar recluidas se ocasionan daños al tejido social, pues existe una separación e incluso desintegración de familias que ha provocado deterioros generacionales, pues un alto porcentaje de esas mujeres son cabezas de familia. Además de que la reclusión de todas estas personas genera elevados gastos para el Gobierno, sobrepoblación en las cárceles y fenómenos de absorción delincuencial dentro de las cárceles al no existir separación o clasificación de la población dentro de los penales”, detalla el documento.

El análisis considera que no existe la suficiente información sobre los distintos usos medicinales que tiene la mariguana y de ahí parte también la criminalización, aunque las estadísticas revelan que cada vez existe más conciencia sobre la utilidad de la hierba para estos fines.

La encuesta del CESOP señala que mientras en 2015 el 68 por ciento de la población sabía que la mariguana tenía un uso medicinal, este año la cifra aumentó a 88 por ciento.

En 2014, el 73 por ciento estaba a favor de la legalización con fines terapéuticos, para 2015 la cifra aumentó a 76 por ciento y para 2016 llegó a 88 por ciento.

En cuanto al uso recreativo, la percepción es distinta: el 31 por ciento considera que sí se debe legalizar, mientras que el 75 por ciento opina lo contrario.

“Caso contrario a los consensos que existen para el caso de la mariguana con fines medicinales, el uso recreativo de la cannabis genera debates más amplios para la construcción adecuada del marco normativo bajo el cual se pueda cumplir o garantizar el derecho que tienen las personas a fumar marihuana, sin que esto genere o trasgreda los derechos de las personas que no la consumen. En este sentido, las propuestas giran en torno a la creación de clubes de cannabis y el auto cultivo, lo que permitiría en primer orden determinar la calidad del producto que se desea consumir, pues existen diversas plantas que tienen impactos de acuerdo a la potencia de sus efectos, esto a su vez pondría al alcance productos que no se encuentren contaminados e incluso productos orgánicos.

Por otro lado, al contar con una regulación de auto cultivo y de clubes de cannabis, se crearían las bases de datos que pudieran evaluar el consumo de la hierba para determinar los enfoques de políticas públicas, pues es más fácil medir un mercado legal o visible.

A manera de conclusión, el análisis establece que de ser aprobada la iniciativa de reforma como la propone el Ejecutivo, se atenderá parcialmente el fenómeno del uso recreativo de la marihuana, pues al descriminalizar la portación “se lleva implícitamente que un consumidor no podrá ser perseguido, sin embargo no existen certezas para su consumo, es decir, nadie porta mariguana para no consumirla, en este sentido, el análisis dentro del Congreso de la Unión podría adicionar y determinar los espacios en los cuales se pueda consumir la hierba que puede ser en la modalidad de clubes de cannabis bajo un esquema de registro y control de cultivo, en donde se puedan establecer controles de calidad de las plantas, que garantice el libre derecho de los consumidores, así como el respeto a los derechos de las personas que no la consumen”.

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