Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Desde 1994, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, fue considerada una de las mejores regiones del mundo para el desarrollo de la industria eólica por su calidad del viento y, como consecuencia, comenzó a registrar la llegada de parques eólicos. Pero fue hasta 12 años después que los proyectos en la zona comenzaron a crecer de manera exponencial.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en la zona existen 21 parques en funcionamientos y se espera que para 2016 haya dos más en la región. Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos ha representado para las comunidades que ahí habitan el despojo de sus tierra, de sus formas de subsistencia, de sus costumbres y de sus creencias.
Es el caso de Juchitán, una comunidad en el sureste de la entidad que vive bajo tensión por un proyecto de parque eólico que amenaza con atentar con su espacio y su fuente de trabajo.
La empresa Eólica del Sur, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planea la construcción de una nueva planta de esta energía alternativa y unirse a las 21 ya existentes en la zona.
Sin embargo, amenazas, intimidaciones, falta de información e informalidades son las constantes en la primera consulta que se realiza, desde hace exactamente ocho meses, para la construcción del parque eólico.
En ese contexto, ha surgido una fuerte disyuntiva: los habitantes necesitan informarse sobre cómo los afectará el proyecto, al mismo tiempo que la compañía desea concluir la consulta lo más pronto posible para llevarlo a cabo.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas cuando se pretende impulsar un proyecto de desarrollo en sus tierras y aguas. Sin embargo, las sesiones en Juchitán –iniciadas desde el 20 de octubre del año pasado– se han visto opacadas “por una serie de vicios procesales y una marcada violación a los principios rectores de los derechos”, denunció la Misión de Observación integrada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
De acuerdo con su informe, hasta el 20 de abril –día en que se concluyó la fase informativa para pasar arbitrariamente a la deliberativa– ocurrieron 32 incidentes de seguridad de diversa índole, predominantemente dirigidos hacia integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).
“Dentro del proceso de consulta hemos sido amenazados varias veces [por la gente de la empresa]. Además, cuando estamos en la consulta siempre hay gente armada […] eso dice que no ha sido una consulta libre”, aseguró a SinEmbargo Bettina Cruz Velázquez, vocera del APIITDTT.
Por su parte, James Anaya, ex Relator Especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció durante su visita de observación en marzo que existe una negociación política paralela entre el gobierno y la empresa.
Ante la presencia de dos procesos, “uno en el que se negocian aspectos del proyecto por medio de actores políticos, incluyendo posibles beneficios a la comunidad, y otro en el que se consulta a la comunidad mediante asambleas públicas”, puede interpretarse que las asambleas “no contribuyen a la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones”.
LA FALTA DE INFORMACIÓN Y URGENCIA POR CONSTRUIR
Aunado al ambiente de tensión e intimidación, el otro gran problema de la consulta son las dudas ante la falta de información. Los habitantes de Juchitán necesitan saber concretamente cómo se verán afectados en sus actividades diarias como la agricultura y la pesca, una vez instalada la planta.
No obstante, el Comité Técnico presenta documentos en castellano a personas que hablan zapoteco o que no saben leer y los traductores no están capacitados para interpretar los conceptos técnicos.
“La gente de Juchitán ya casi no pesca porque las luces de los aerogeneradores espantan a los peces. Buscan irse a otros lugares ocupados por otros pueblos, lo cual genera conflictos. En la cuestión de la agricultura afecta porque la instalación de los aerogeneradores cambian los niveles de la tierra, lo que ocasiona pérdidas; en tiempo de lluvias se pudre y no se puede sembrar”, relató la vocera Cruz Velázquez.
En el afán de presionar para pasar lo más pronto posible de la fase de información a la de deliberación entre la comunidad; y finalmente iniciar el megaproyecto, se han registrado cierres y retenciones.
La mañana del jueves 26 de marzo, miembros de sindicatos de trabajadores, grupos de arrendatarios y algunos grupos partidistas bloquearon cuatro entradas a la comunidad de Juchitán además de cerrar por más de 12 horas la sede del Palacio Municipal. Adentro había alrededor de 30 personas, entre ellas, integrantes de la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI).
“La gente de las empresas y grupos armados cerraron el Palacio Municipal para exigir que se pasara a la fase deliberativa. […] Cerraron todas las entradas a Juchitán para dar una muestra de quiénes son los que mandan. La empresa es la mano que mece la cuna”, acusó Bettina Cruz.
Después, en la sesión convocada para el 14 de abril se esperó al traductor desde las cuatro de la tarde. Ese martes se evaluaría la fase informativa. Tres horas después, se decidió aplazarla para el 20 de abril.
Ante el anuncio, un grupo de constructores, arrendatarios y personas que se encontraban al exterior de la Casa de Cultura, sede de la reunión, confrontaron a las autoridades y ante la negativa de llevar a cabo el encuentro lo más pronto posible, cerraron la puerta principal del recinto. Más de 250 personas se quedaron retenidas adentro, incluidos los menores y madres que asisten a los talleres y cursos. Además, estaban dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Luego de una improvisada mesa de diálogo, se cedió a la presión y se determinó que el próximo encuentro sería el jueves 16 de abril. Llegado ese día, al finalizar la sesión a la medianoche, los habitantes insistieron en que faltaba mucha información, pero los representantes de la empresa “lanzaron amenazas. Si no se pasaba a la fase deliberativa [dijeron que] ‘iba a pasar algo, íbamos a sufrir las consecuencias'”, narró la vocera del APIITDTT a SinEmbargo.
La necesidad de generar estudios de impactos sociales, ambientales, culturales y económicos a partir de la irrupción de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec ha sido una solicitud repetida durante los meses que lleva la consulta.
“¿Cómo vamos a pasar a una fase deliberativa si no hay información real de lo que significa este parque eólico en el contexto de los otros 21 que ya están instalados en el Istmo de Tehuantepec?”, cuestionó Bettina Cruz.
Katya Puga, representante de la Secretaría de Energía (Sener), ha reconocido que hacen falta al menos 12 temas que el Comité Técnico ha registrado, pero, dice, esas preguntas al aire no son un impedimento para cerrar la fase informativa y dar inicio a la deliberativa. Además, de acuerdo con datos de la Misión de Observación, se han ignorado 75 solicitudes de información (15 por escrito y 60 expresadas durante las sesiones).
De hecho, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco presentó el pasado 24 de abril un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Oaxaca porque fue violado su derecho a la información, pero hasta el momento no ha habido ninguna resolución jurídica.
Asimismo, la Misión de Observación denunció que el Comité Técnico no respeta a la comunidad de Juchitán ya que no cumple con los horarios marcados en las convocatorias, las autoridades muestran desinterés en asistir a las reuniones, no aseguran la presencia de un traductor en las sesiones y no considera los tiempos, ritmos y actividades propias de la comunidad como sus fiestas típicas.
La última sesión fue el 6 de mayo, en el marco de las fiestas titulares de Juchitán, lo cual, expuso Bettina Cruz, provoca que la gente no vaya. “No se ha respetado la pertinencia cultural”, afirmó.
Mientras concluye este periodo de incertidumbre, los habitantes están conscientes de algo: en las primeras comunidades donde se instalaron las plantas no hay empleo ni desarrollo. “Hay gente a quien le despedazaron su parcela y ya no pueden sembrar ni tener su ganado. Se han tenido que ir a buscar dónde trabajar”, relató la vocera.
