Por Francisco Reynoso (@_trashumante)*

La semana pasada, el gobierno federal anunció la compra de dos millones de toneladas de carbón a 75 empresarios locales de la región carbonífera ubicada en el estado de Coahuila. La medida se anunció como una iniciativa para reactivar la economía y el desarrollo de esta región del país, que concentra el 95% de las reservas del mineral, y cuya población está encadenada económicamente a esta actividad.

Debido a que hace apenas unos meses, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Secretaría de Energía (SENER) intentaron detener las pruebas preoperativas necesarias para arrancar los nuevos proyectos eólicos y solares que están en desarrollo en el país para evitar la intermitencia de la generación y así asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, la crítica se ha centrado dentro del ámbito ambiental, principalmente la transición energética. Sin embargo, hay que recordar que este anuncio se dio casi un mes después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diera por terminado el contrato que tenía con Altos Hornos de México (AHMSA) para suministrar las dos termoeléctricas estatales ubicadas en el mismo municipio de Nava, Coahuila.

El fomento y apoyo a la industria del carbón no ha sido bien vista desde que se han tomado medidas serias para combatir la crisis climática y, por ello, existen muchos y diversos cuestionamientos:

1. Cambio climático y atraso en la transición energética

El carbón es la fuente más sucia para generar energía eléctrica. Si bien, las tres carboeléctricas que existen en el país aportan aproximadamente el 10 por ciento de la electricidad, éstas son responsables del 22 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). México tiene un compromiso mundial para reducir dichas contribuciones y está establecido en la Ley de Transición Energética que, para el 2018, la generación de energía eléctrica bruta por fuentes limpias tuvo que haber sido del 25 por ciento. Sin embargo, ese año se alcanzó apenas el 23.2 por ciento y, por lo tanto, sigue pendiente para la 4T que, para el final de su administración, este porcentaje deberá ser del 35 por ciento.

2. Cabildeo y conflicto de interés

El acuerdo se logró por la intervención de un empresario dedicado al carbón, el Senador por el estado de Coahuila, Armando Guadiana. En entrevista, el legislador admitió haber impulsado esta política de la empresa productiva al abogar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante Manuel Bartlett, director de la CFE, por la adquisición de carbón para impulsar la reactivación de esa zona. No obstante, Guadiana aseguró que no hay conflicto de interés porque “desde febrero de 2016, no le vende un kilo de carbón a la CFE”, ya que fundamentalmente se dedica a la venta a empresas privadas. ¿Y si esas empresas que le compran a Guadiana le vendieran después a la CFE?

3. Coyotaje

De acuerdo con las reglas establecidas en el esquema de compra, se dará prioridad a quienes menos tienen: 38 micro y pequeños productores, que estarán a cargo de proveer el 73.07 por ciento del total de compras; aproximadamente 1.5 millones de toneladas. Sin embargo, existen dudas en la región de que la mayoría de los productores que han sido tomados en cuenta no tengan la capacidad de extraer esos niveles y comience el coyotaje o la venta de contratos. “No hay micro ni pequeñas mineras de carbón; lo que hay son gestores del carbón”, me dice una activista dedicada a la defensa de los mineros en la región. Dice Guadiana que ellos no se benefician porque “nosotros somos un poquito medianitos”.

4. Condiciones laborales ilegales

En la región carbonífera existen casos en los que ofertantes, que pueden ser funcionarios públicos, ofrecen a ciudadanos algún tipo de trueque para cavar pozos en sus viviendas; como a Norma, que le ofrecían una cuna para su bebé recién nacida, a cambio de un foso en el traspatio de su casa. Los “pocitos” y las “minitas” (cuevas de arrastre) son modos de extracción ilegales que todavía se utilizan y que, de acuerdo con un estudio de la Fundación Heinrich Böll, son responsables del 58 por ciento de los eventos mortales. La CFE declaró que, de las 75 empresas a las que se les adjudicó la compra de carbón, únicamente 15 cumplen con los requisitos necesarios para hacer negocio con la Comisión; el resto, sigue pendiente de cumplir disposiciones ambientales y laborales. De acuerdo con la organización Familiares Pasta de Conchos, existen 53 empresas que ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros del carbón para obtener un mayor margen de ganancias con la venta de carbón rojo. La organización no sabe si a estas empresas se le adjudicaron contratos.

La compra de carbón por parte de la CFE para alimentar las plantas José López Portillo y Carbón II no sólo seguirá haciendo sucia nuestra energía y retrasando la ya urgente transición energética, sino que el gobierno correrá el riesgo de hacerla más letal si no pone atención a todas las irregularidades laborales que han sido constantemente denunciadas por organizaciones como Familiares de Pasta de Conchos. La deuda no es sólo climática; es social.

* Francisco Reynoso Arreola es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

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