Lo sucedido recientemente en el municipio de Aquila con la detención de integrantes de la policía comunitaria pone en evidencia al gobierno michoacano y federal, además de que exhibe sin pudor y con minucias el stablishment en la sociedad mexicana globalizada, mismo que da visos tangibles de su inviabilidad y la necesidad de ser trascendido.
Aquila, como otros lugares del estado y del país, es fiel reflejo de los deseos de la clase dominante incrustada en el poder que ha logrado perpetuar sus ambiciones como única apelación al concepto de desarrollo y nación.
Son los mismos que buscan deslegitimar las luchas sociales asestando golpes, abriendo cuerpos, derramando sangre e interrumpiendo sueños. Peor aún, dicho stablishment ahora incluye en su élite a nuevas formas de poder que han logrado instaurar otro estado dentro del Estado mexicano, con el mejor argumento que pueden ofertar: el miedo.
Aquila muestra sin tapujos los derivados de la incapacidad, cinismo, insensatez y negligencia como valores perniciosos y permitidos para legitimar gobiernos malogrados.
En Aquila, lejos de presentarse una solución de fondo que permita trascender los problemas de inseguridad, de pobreza y el relativo aislamiento, la alternativa -fácil y simplista- pretende ser la intervención del ejército y la policía estatal. Desarticular una policía comunitaria que insistente y paradógicamente han negado su existencia por quienes ahora la ahogan, está llevando a la sociedad michoacana a un escalamiento de la problemática hacia otros niveles de participación y convocatorias, como la emitida estos días por los consejos de autodefensa de diferentes municipios de Tierra Caliente, en que de manera franca y directa cuestionan dicho stablishment, abriendo la antesala de la rebelión popular pretendiendo la conformación del estado 33.
La incursión militar en Aquila refleja también el perverso uso gubernamental de la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios o indígenas a partir de acciones sistemáticas en contra de ellos.
Y es que los medios oficiales -sin otra opción- reconocieron la existencia de la policía comunitaria de Cherán. El argumento oficial para aceptar dicha policía se sustentó en los usos y costumbres inscritos en el derecho consuetudinario invocando preceptos del derecho positivo. Pero por la forma de actuar en contra de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, si el gobierno hubiera tenido la oportunidad de reprimir el movimiento de Cherán, sin duda lo habrían actuado así.
No lo hicieron, entre otras cosas, por la legitimidad y gestión del movimiento, por el apoyo nacional e internacional que implicó esta lucha, por su cercanía a ciudades importantes -incluida la capital michoacana- por los reflectores que estaban puestos en el problema y por las posibilidades de incorporación a esta lucha de manera inmediata e inminente de otros sectores sociales. El Estado tampoco ha reprimido a las autodefensas de Tierra Caliente, porque sabe lo que implica enfrentarlos, a pesar de que no ser pueblos originarios.
En este sentido Aquila está en desventaja. Su lucha está en proceso de articulación, además de que se ubica a casi siete horas de la capital michoacana y cuenta con sólo alrededor de 400 comuneros (el 10 por ciento ahora están detenidos). Aparentemente no todas las comunidades indígenas de la costa están dispuestos en estos momentos a unírseles.
Aún cuando las policías comunitarias de Aquila surgieron de una comunidad indígena reconocida como tal, no se les consideró dicha condición y simplemente se les reprimió. Aquí no valieron usos, costumbres, razones ni motivos como sucedió en Cherán. Total, son indígenas pero están aislados y solos.
Pero no es el único problema originado por la poca prudencia. El fin de semana pasado la policía comunitaria de Aquila detuvo por cinco horas a autoridades de la Comunidad Indígena El Coire a quienes confundió con delincuentes. Esta última comunidad, en un mensaje claro, honesto, contundente y congruente del 19 de agosto, solicita respeto a su autonomía y derecho a su autodeterminación tanto para su núcleo agrario como para sus comuneros y comuneras.
En esta denuncia pública, EL Coire hizo un llamado a J. Manuel Mireles Valverde, consejero de las autodefensas de Tepalcatepec, por “su plan de abrir una ‘zona libre independiente’ para tener ‘paso libre’ (desde la sierra hasta la costa) y así formar su ‘corredor industrial internacional’ (sic)”, al margen de la opinión de los comuneros de la costa michoacana, según su decir. El Coire le pide respeto a Mireles considerando que dicha comunidad siempre lo ha respetado. Y tiene toda la razón esta comunidad. Este tipo de movimientos sociales como las autodefensas debe evitar convertirse en lo que tanto critica en relación a la participación social y el respeto a otras propuestas y visiones del futuro.
Pero el problema de dividir los últimos bastiones regionales referidos a las comunidades indígenas, es que representa la antesala para que las empresas mineras puedan aprovechar estos conflictos intercomunitarios para instaurse con las consecuencias que ya conocemos.
Así, el desarme y arresto de integrantes de la policía comunitaria de Aquila está conduciendo a que las autodefensas estén tomando nuevos derroteros y horizontes. Está incentivando la organización social a otras escalas geográficas y con más argumentos.
El lunes pasado, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong mencionó que los 40 policías comunitarios detenidos de San Miguel de Aquila, Michoacán, no tienen indicios de que pertenezcan a la delincuencia organizada. Y aunque su liberación está en vilo, su declaración deja mal parado al gobernador Jesús Reyna quien investido en juez, ha declarado la culpabilidad de los comuneros.
El municipio de Aquila está entre los tres municipio más pobres de Michoacán. Hasta hace algunos años se le consideraba la “zona ciega” del estado debido a la escasa oportunidad de educación. Es una zona de tráfico y producción de marihuana. La escasez de trabajo obliga a la migración regional e internacional, que busca subsanar las deficiencias de una economía de subsistencia basada en la agricultura de temporal, la pesca y los servicios turísticos, principalmente.
Pero la falta de ingresos económicos poco equipara con la riqueza en biodiversidad existente en sus diferentes pisos ecológicos que incluyen el nivel del mar, hasta las regiones serranas.
En esta paradoja entre riqueza biológica, ecológica y cultural frente a la pobreza económica, las comunidades nahuas de la costa michoacana buscan subsistir a pesar de los embates de diferentes agentes en teoría antagónicos –fuerzas de seguridad del Estado y crimen organizado- y el frenesí minero y de la empresa turística, que han visualizado el potencial económico que sus bosques, selvas, suelos, ríos y hermosas playas representan.
