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Leopoldo Maldonado

22/09/2023 - 12:02 am

El asedio a la prensa de cara a un convulso 2024

Una de las conclusiones a las que llega el informe es: el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Esta conclusión encuentra su sustento en las 140 agresiones que se documentaron donde los responsables fueron las autoridades.

Reporteros y fotoperiodistas de diversos medios de comunicación del estado, se sumaron a la jornada nacional a favor de la libertad de expresión y las garantías periodísticas.
“Una de las conclusiones a las que llega el informe es: el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Esta conclusión encuentra su sustento en las 140 agresiones que se documentaron donde los responsables fueron las autoridades”. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

Artículo 19 presentó su informe semestral 2023 sobre agresiones a la prensa titulado “Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado”. En este documento se hace énfasis en las 272 agresiones que documentó la organización del 1 de enero al 30 de junio de 2023, lo que significa que cada 16 horas se cometió una agresión contra la prensa. 

Señala que se desprenden 84 agresiones contra mujeres, 148 contra hombres y 40 contra medios de comunicación. También se destacan las agresiones con mayor registro: Intimidación y hostigamiento 68 casos (25 por ciento del total). Uso ilegitimo del poder público con 61 casos (22.43 por ciento) y amenazas con 49 casos (18.01 por ciento). 

Resulta preocupante que 47 de los casos sean por discurso estigmatizante, de los cuales 43 están vinculados a las “mañaneras” realizadas por el Gobierno federal. Asimismo que haya 12 procesos de hostigamiento judicial contra periodistas o medios (dos al mes este semestre). Sumado a ello se cometieron tres asesinatos donde hay un posible vínculo  con la labor periodística de la víctima en contra de Marco Aurelio Ramírez, Luis Martín Sánchez y Nelson Matus. Además se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa en Veracruz desde el 6 de julio sin que a la fecha se sepa su paradero.

Marco Aurelio Ramirez Hernández de Puebla, con 40 años de experiencia, cubrió “nota roja” e hizo investigaciones amplias sobre corrupción en Puebla. En años recientes, ocupó el cargo de funcionario público por un tiempo.  Fue asesinado el 23 de mayo de 2023 con arma de fuego por sujetos desconocidos cuando viajaba en su automóvil en el fraccionamiento Agua Blanca en Tehuacán, Puebla. 

Otro caso es el de Luis Martín Sánchez, con más de 30 años de experiencia en Nayarit, fue corresponsal de La Jornada en Tepic, cubrió nota de política y corrupción. Primero fue desaparecido y su cuerpo fue encontrado días después, el 8 de julio, por la Físcalía General de Justicia del Estado de Nayarit con signos de violencia. Sobre de él había dos cartulinas con mensajes. Según lo que documentó Artículo 19 los mensajes estaban vinculados a su labor periodística.

Asimismo se narra el asesinato de Nelson Matus en Acapulco, Guerrero, el 15 de julio quien había tenido incidentes de seguridad graves en años anteriores. Entre esos incidentes previos están el intento de homicidio en su contra en 2019.

Por su parte, se informa sobre la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros, fotógrafo para el ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, así como colaborador, editor y fotorreportero para el medio digital La de 8News. Según información pública, fue visto por última vez alrededor de las 7:30 de la mañana del 6 de julio en la zona conocida como La Factoría, presuntamente dirigiéndose a su labor.

Una de las conclusiones a las que llega el informe es: el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Esta conclusión encuentra su sustento en las 140 agresiones que se documentaron donde los responsables fueron las autoridades. Es decir, uno de cada dos ataques. De acuerdo a cada nivel de Gobierno se reporta que el “estatal” ocupa un 23.5 por ciento de las agresiones, el “federal” 19.04 por ciento y el “municipal” 8.4 por ciento. Desde 2016, el nivel federal no ocupaba el segundo lugar de agresiones provenientes de las autoridades, lo cual marca un nuevo punto de inflexión. 

Dada la tendencia marcada por los agresores, el tipo de cobertura no sorprende: una de cada dos agresiones fueron cometidas contra periodistas o medios que trataban temas de “corrupción y/o política”.

Cuando damos un acercamiento al Estado “garante”, su contraste con el Estado “agresor” es irrefutable. El informe da cuenta de la crisis del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la cual ya hicimos referencia hace dos semanas en esta columna. Por otro lado, recalca las tendencias propias de las instituciones de procuración de justicia que también denunciamos la semana pasada: falta de análisis de contexto; ausencia de enfoque macrocriminal y de pesquisas que avancen hacia formas de autoría intelectual; y en no pocas ocasiones, complicidad o encubrimiento con los implicados en los delitos contra periodistas. Y por supuesto, impunidad, mucha impunidad que alcanza el 98 por ciento de los casos.

Para mostrar el fracaso del Estado “garante”, es necesario retomar el caso de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, conformada por familiares de periodistas en Guerrero, Veracruz y Ciudad de México. El 24 de enero de 2023, Jorge Sánchez, hijo Moisés Sánchez, periodista asesinado en 2015, fue a título personal (como víctima) y en representación de integrantes de dicha Red a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Expuso la continua impunidad y la falta de respuesta de las autoridades en el caso de su padre y el de las otras familias pertenecientes a la red. El Presidente se molestó por la dura interpelación de Jorge. 

Pese al desaguisado, el Ejecutivo Federal ordenó a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública agendar una serie de reuniones con las y los integrantes de la Red. A pesar de que se sostuvieron tres reuniones con funcionarios federales y estatales -dos con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez y el Subsecretario Alejandro Encinas y una con la Fiscal General de Veracruz- los diálogos cesaron. La última reunión efectiva tomó lugar en marzo de 2023. La Red reporta que no ha visto avances ni voluntad política de emprender acciones eficaces para avanzar de manera sustantiva en el acceso a la justicia, verdad y reparación ¿Habrán sido esas mesas de trabajo una simulación?

Finalmente Artículo 19 hace una serie de recomendaciones a las autoridades dentro de este informe para generar e implementar políticas públicas integrales de prevención, protección y acceso a la justicia para periodistas y medios de comunicación. Reconocer la importancia de la existencia de los periodistas y medios de comunicación como un contrapeso en un contexto democrático y tratar de omitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en su contra. 

En efecto seguimos denunciando y recomendando lo mismo desde hace años. Precisamente esa insistencia radica en la violenta realidad que, como miles de víctimas, enfrenta la prensa en este país. Y también lo hacemos porque nada cambió, pese a que se pretenda negarlo. 

Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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