Alejandro Encinas expuso que la Comisión de Ayotzinapa exhortó que se investigue a los servidores públicos responsables.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la filtración del expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual fue revelado por el periódico Reforma.
“La Consejería Jurídica presentó ayer (viernes) la denuncia penal ante la @FGRMexico por la filtración sobre el caso Ayotzinapa, publicada el 20 de enero en el periódico @Reforma”, compartió el subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas en su cuenta de Twitter.
Además, agregó que la Comisión de Ayotzinapa exhortó que se investigue a los servidores públicos responsables.
La Consejería Jurídica presentó ayer la denuncia penal ante la @FGRMexico por la filtración sobre el caso Ayotzinapa, publicada el 20 de enero en el periódico @Reforma
La Comisión de #Ayotzinapa exhorta se investigue a los servidores públicos responsables. pic.twitter.com/4TDIq25Lkc
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 23, 2021
El periódico Reforma publicó el pasado 20 de enero las declaraciones de un testigo protegido que declara que militares, policías y sicarios presuntamente participaron en el secuestro y posteriormente en el asesinato de los 43 normalistas.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el diario, el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, grupo delictivo ligado a la desaparición de los normalistas, dijo a la Fiscalía que también se detuvieron a 30 personas más, es decir, en total se habrían detenido a 73 personas, pero sólo una parte de ellos fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregados al grupo criminal para que los desaparecieran, algunos ya muertos.
Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y se liberaron al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.
Según Reforma, el testigo colaborador de la FGR señaló al Capitán Martínez Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas y también dijo que tenía la intención de capturar a algunas personas que estaban heridas y que eran atendidas en un hospital de la localidad.
