Rosario y Misael Zamora, hijos de Ildefonso, denunciaron en conjunto con las organizaciones, que el encarcelamiento de su padre obedece a intereses de las autoridades federales y estatales en colusión con los talamontes: “hay grupos políticos que encabezan los ataques e incluso financian la fabricación de delitos contra mi padre”, sobre dichos grupos, Misael Zamora destacó que son “tricolor”, en alusión al PRI, partido al que pertenece el Gobernador del Edomex.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Greenpeace México exigieron este día a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, la inmediata liberación de Ildefonso Zamora, activista ambiental, ya que la detención se llevó a cabo sin pruebas y se trata una represalia por defender los bosques del Estado de México, señaló Héctor Magallón, director de participación de la asociación internacional.

En conferencia de prensa, Rosario y Misael Zamora, hijos de Ildefonso, denunciaron en conjunto con las organizaciones, que el encarcelamiento de su padre obedece a intereses de las autoridades federales y estatales en colusión con los talamontes: “hay grupos políticos que encabezan los ataques e incluso financian la fabricación de delitos contra mi padre”, sobre dichos grupos, Misael Zamora destacó que son “tricolor”, en alusión al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el Gobernador del Edomex.

“No es algo grato que mi padre esté encarcelado porque es inocente (…) Su único delito fue defender los bosques, defender su tierra y luchar por su comunidad”, lamentó el hijo del activista indígena tlahuica.

Las ONGs acusan que el defensor fue detenido arbitrariamente el 20 de noviembre de 2015 sin una orden de aprehensión por una acusación fabricada por el Ministerio Público de Tenancingo, además, ninguna autoridad le notificó que había una averiguación en su contra desde 2012. Resulta imposible que Ildefonso haya cometido el supuesto robo del que se le acusa pues “él se encontraba en otro lugar el día en que se señalan los hechos, existen testimonios y pruebas que lo acreditan”, destacaron representantes del Centro Prodh y Greenpeace México.

Defender los bosques mexicanos de los talamontes le costó en 2007 la vida de su hijo Aldo Zamora a manos de los talamontes; y la detención arbitraria en 2015 de su hijo Misael por parte de militares. Hoy también le ha costado su libertad. A la impunidad con la que se mantiene el asesinato de Aldo hoy se suma la injusticia de encarcelar a un hombre que junto con su comunidad ha protegido los bosques de San Juan Atzingo desde 1998.

Las organizaciones aseguraron que se trata de “un proceso plagado de irregularidades”, además de que existen “faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos del líder indígena que desde hace 18 años ha enfrentado a los talamontes de dicha entidad”.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, acusó que “México es un país de riesgo para quienes defienden el medio ambiente (…) El gobierno criminaliza a los defensores de la ecología”. Asimismo, Gabriela Carreón Lee, abogada del centro, aseguró “se está usando el sistema de justicia para intimidar”.

En entrevista para SinEmbargo, la defensora señaló que las autoridades han sido omisas para investigar hostigamientos contra Ildefonso y su familia, razón por la cual, los taladores han actuado bajo el cobijo de las autoridades.

“Lo que él [Ildefonso] defendía afectaba los intereses de muchas personas, entre ellos, los taladores ilegales (…) La autoridad que es en este caso el Ministerio Público, accede a hacer una acusación que no tiene fundamentos y que finalmente recae en la fabricación de un delito”.

El caso de Don Ildefonso Zamora, señalan las ONGs, “es un ejemplo más de la criminalización de los activistas ambientales y defensores de derechos humanos quienes no solo hacen frente al crimen organizado sino también a los aparatos del Estado que son utilizados para reprimir sus labores”.

Por ello, hacen un llamado al Gobernador Eruviel Ávila, al Procurador General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez a desistirse de los falsos cargos fabricados contra Ildefonso y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Sergio Medina Peñaloza a garantizar sus derechos humanos.

“Él [Eruviel] tiene en su poder y a su cargo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, –quien hace la acusación contra Ildefonso–, entonces bajo sus funciones y sus atribuciones, tiene la facultad de hacer que se desistan de esta acusación”, dijo Carreón.

Modesta Gómez Procopio, esposa de Ildefonso, dijo en entrevista para este medio que el activista “es inocente y no debe estar donde está, lo están acusando injustamente, él no participó en nada, él no estuvo en el pueblo el día del robo, andaba por la ciudad de Toluca”.

A Eruviel pide la libertad inmediata de Ildefonso, ya que asegura lo ha visto muy enfermo, “él padece diabetes y yo temería que él siguiera allí”. No obstante, Modesta Gómez cuenta que el defensor ambiental está muy desesperado y tiene pocas esperanzas de recobrar la libertad en pocos meses.

En un audio presentado durante la conferencia, el activista dijo:

“Le hago un llamado al señor Gobernador Eruviel Ávila Villegas para que intervenga de manera directa y ordene mi libertad porque, repito, soy inocente, así como al mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, él creo que tiene la suficiente autoridad, el licenciado Alejandro Gómez Sánchez, así como al mismo señor procurador Sergio Javier Medina Peñaloza, para que tomen las medidas necesarias, las medidas correspondientes para que me dejen en libertad lo antes posible”.

Asimismo, agradeció a quienes han firmado la petición en línea (Piden libertad para Ildefonso, defensor de los bosques) y subrayó que el apoyo que las organizaciones han brindado a su familia es lo que lo mantiene con fuerza y concluyó: “no se olviden de mí”.

Recientemente, el Centro Prodh y Greenpace México hicieron de su conocimiento del caso de Ildefonso a las Relatorías de los Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente y de Personas Defensoras de Naciones Unidas (ONU) y, se espera que en breve manden alguna comunicación al Estado mexicano.

Greenpeace trabajó desde 2004 con la familia y la comunidad de San Juan Atzingo y se presentaron denuncias ante las autoridades por las que se libraron en ese momento casi 50 órdenes de aprehensión contra talamontes, sin embargo, no hubo detenciones. En 2007, el presidente Felipe Calderón otorgó un reconocimiento al mérito ecológico a Don Ildefonso y su comunidad, prometió justicia, tampoco ocurrió.

Una de las zonas que la familia Zamora y la comunidad ayudaron a recuperar con el trabajo de reforestación emprendido hace casi una década es el paraje conocido como El Jaral. Con imágenes tomadas durante este mes de febrero se logra demostrar que las áreas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala continúan siendo taladas. Se estima que unas 38 mil hectáreas del Gran Bosque del Agua han sido destruidas por los talamontes clandestinos.