Al contrario de muchos otros grupos armados, las ambiciones de Los Ardillos nunca parecieron ir más allá de su terruño en Guerrero, y desde hace diez años libran una batalla territorial con un subgrupo de la Organización Beltrán Leyva, conocido como Los Rojos.

Por Chris Dalby y Charlotte Dierkes

Ciudad de México, 23 de febrero (InSightCrime).– Las imágenes de niños de seis años de edad cargando ametralladoras le han dado la vuelta al mundo, pero ese es apenas el más reciente hecho en el preocupante panorama criminal de las montañas de Guerrero, México.

El 18 de enero, diez músicos de la comunidad indígena Nahuas fueron atacados y masacrados en Chilapa, Guerrero. La Fiscalía General de Guerrero atribuyó el ataque a Los Ardillos, un grupo criminal que por mucho tiempo ha estado presente en esta zona.

Como respuesta inmediata, la facción de una milicia indígena de Chilapa conocida como CRAC-PF (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores) presentó 19 nuevos niños, con edades entre 6 y 15 años, como nuevos reclutas para la defensa de las comunidades contra los ataques recurrentes de Los Ardillos, según información de Proceso.

Habitantes de la localidad de Alcozancán, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, mantienen bloqueada la carretera estatal para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, investigue y castigue a los culpables del asesinato de los músicos indígenas de esta localidad, quienes fueron calcinados cuando regresaban a sus hogares, acusando al grupo delictivo Los Ardillos de ser los autores intelectuales de este y otros crímenes de la región, lo cual ha dejado a más de 50 niños huérfanos. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

Habitantes de la localidad de Alcozancán, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, mantienen bloqueada la carretera estatal para exigir a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, investigue y castigue a los culpables del asesinato de los músicos indígenas de esta localidad, quienes fueron calcinados cuando regresaban a sus hogares, acusando al grupo delictivo Los Ardillos de ser los autores intelectuales de este y otros crímenes de la región, lo cual ha dejado a más de 50 niños huérfanos. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

Niños son instruidos en el manejo de armas para poder formar parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con el fin de brindar seguridad. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

Niños son instruidos en el manejo de armas para poder formar parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF) con el fin de brindar seguridad. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

“Cada tres o cuatro días, los grupos criminales nos amenazan con invadir nuestra comunidad”, declaró Bernardino Sánchez Luna, fundador de la milicia CRAC-PF, en entrevista con VICE a comienzos de febrero. “Estamos preparando a los niños para que puedan defenderse en caso de que pierdan a sus padres o madres”.

No es la primera vez que se recluta a niños para combatir a Los Ardillos y sus enconados rivales, Los Rojos. En mayo de 2019, la milicia indígena de Rincón de Chautla, en el municipio de Chilapa, puso a circular un video en el que se ve a niños portando armas.

En un estado donde las comunidades indígenas históricamente han tenido que defenderse solas, Los Ardillos se imponen como opresores despiadados. En octubre, pocos meses después de que circulara el primer video de los niños armados, se dice que al menos 150 miembros de Los Ardillos irrumpieron en Rincón de Chautla y fueron enfrentados por 30 milicianos de la CRAC-PF en una confrontación tras la cual resultaron dos personas muertas, como informó Sin Embargo.

En enero de 2019, otro choque entre Los Ardillos y la policía comunitaria de las comunidades de Zoyapesco y Rincón de Chautla dejó 12 muertos y dos heridos, según declaró el Secretario de Seguridad del estado en entrevista con La Jornada.

Fotografía fechada el 14 de enero de 2020, que muestra a una mujer con un arma mientras vigila su población, en la comunidad de Alcozacán, en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

Fotografía fechada el 14 de enero de 2020, que muestra a una mujer con un arma mientras vigila su población, en la comunidad de Alcozacán, en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

Vista general de un grupo de menores que fue presentado el miércoles pasado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

Vista general de un grupo de menores que fue presentado el miércoles pasado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

Por más de 20 años, Los Ardillos se han dedicado al narcotráfico en las montañas de Guerrero. Pero al reducirse el tráfico de heroína, el grupo quedó con una necesidad apremiante de ingresos, y quienes pagan los platos rotos son las comunidades indígenas.

La heroína continúa siendo una buena fuente de ingresos, a pesar de que ya no es como antes, y ahora resultan atractivas las oportunidades para la minería e incluso para el control político. “Hay muchos incentivos (para los ataques de Los Ardillos contra las comunidades indígenas). Si bien el mercado de la amapola en general se ha reducido, controlar estas tierras aún permite obtener dinero a cambio de protección. En segundo lugar, la minería se ha convertido en un importante generador de conflicto en muchas partes de Guerrero”, dice Falko Ernst, analista de International Crisis Group especializado en México.

“La Montaña no es la excepción, y allí hay enfrentamientos entre grupos armados que buscan la explotación a toda costa y las poblaciones indígenas que buscan defender sus tierras”, dijo Ernst en comunicación con InSight Crime.

Ya en 2015, hubo reportes de que Los Ardillos estaban redoblando su participación en economías criminales alternas, aunque la extorsión y el secuestro siempre han hecho parte de su modus operandi.

Vista general de un grupo de menores que fue presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

Vista general de un grupo de menores que fue presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la localidad de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero (México). Foto: José Luis de la Cruz, EFE

Habitantes de la localidad de Alcozancán, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Foto: Dassaev Téllez, Cuartoscuro

Habitantes de la localidad de Alcozancán, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Foto: Dassaev Téllez, Cuartoscuro

Al contrario de muchos otros grupos armados, las ambiciones de Los Ardillos nunca parecieron ir más allá de su terruño en Guerrero, y desde hace diez años libran una batalla territorial con un subgrupo de la Organización Beltrán Leyva, conocido como Los Rojos.

Tras la desintegración de la Organización Beltrán Leyva, su control sobre Guerrero menguó, y Los Ardillos aparecieron como firmes aspirantes al trono. Supuestamente el grupo fue fundado por un ex policía, Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, quien cultivaba amapola en Quechultenango, Guerrero, a sólo 45 kilómetros de Chilapa. Luego del asesinato de Ortega Rosas en 2011, tres de sus hijos tomaron el control del grupo y retomaron la guerra con Los Rojos.

Pero es posible que el video de los niños armados haya motivado un cambio. En una conferencia de prensa el 31 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió directamente a los hechos como “un abuso” y prometió ocuparse del problema. El Gobernador local, Héctor Antonio Astudillo Flores, visitó Chilapa a comienzos de febrero; además, se hizo un despliegue de la Guardia Nacional en la zona.

Tras todo ello, se ha alcanzado un acuerdo tentativo de desarme de los 19 menores, y se espera la liberación de miembros de la guardia indígena que fueron privados de la libertad, así como una garantía de acceso a la educación para los jóvenes de la comunidad, según anunció Sánchez Luna a los medios el 11 de febrero.

No es la primera vez que se plantea una respuesta de seguridad en México a raíz de la viralización de una noticia. En 2019, López Obrador envió a la Guardia Nacional a ocuparse del Cártel Santa Rosa de Lima, un grupo dedicado al robo de combustible en Guanajuato, luego de que su líder amenazara directamente al Presidente mexicano y a sus tropas.

Pero Ernst es pesimista con respecto a la posibilidad de un cambio. “Estamos muy lejos de una estrategia real para cambiar las cosas en Guerrero y no creo que las imágenes de los niños soldados cambien la situación”.

Para él, una intervención exitosa requeriría una “especie de Plan Marshall” que aborde los factores económicos, proporcione protección física a las poblaciones más vulnerables, ataque la corrupción permanente y reconstruya todo el aparato de seguridad estatal desde la base.

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