Desde el pasado noviembre, un Juez federal había vinculado a proceso a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex por presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras ilícitas en la dependencia
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez federal concedió a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la suspensión definitiva solicitada contra cualquier orden de aprehensión en su contra, pero sí puede ser detenido por crímenes que ameriten prisión preventiva oficiosa.
El exfuncionario, prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras ilícitas en la dependencia.
Enrique Vázquez Pérez, Juez del Sexto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, determinó suspender de manera definitiva la orden de aprehensión, aunque precisó que la medida cautelar no impide que el exservidor público sea privado de su libertad en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva.
Gavira Segreste interpuso el juicio de amparo el pasado 10 de marzo, es decir, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que el Juez de control libró órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.
En otro caso paralelo a éste, el pasado 1 de noviembre, un Juez federal vinculó a proceso a Gavira Segreste por probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras ilícitas en la dependencia, informó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
En un comunicado, la Fiscalía explicó que el subalterno y mano derecha del exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, presuntamente firmó como apoderado legal de Liconsa un contrato que le permitió autorizar diversas adquisiciones ilícitas entre 2019 y 2020, cuando dejó su puesto.
#FGR, a través de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso en contra de René “G”, probable responsable en el delito de uso ilícito de atribuciones y otorgamiento ilícito de autorizaciones con contenido económico por el caso #SEGALMEX.
Más información ▶️ https://t.co/SDuANrJshB pic.twitter.com/tYN7y4BOsy
— FGR México (@FGRMexico) November 1, 2022
El juzgador ordenó al exfuncionario presentarse cada 15 días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional a firmar asistencia, le prohibió salir de la Ciudad de México y área metropolitana y acercarse a los testigos que declararon en su contra.
El pasado 9 de marzo, un Juez federal ordenó la aprehensión de 22 exfuncionarios y particulares por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra de los responsables del desfalco en Segalmex. Las órdenes responden a que la dependencia del Estado pagó 145 millones de pesos por casi ocho toneladas de azúcar, de las cuales sólo le entregaron tres mil 110 toneladas.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, señaló la FGR en un comunicado.
Entre los presuntos responsables hay 12 funcionarios de la paraestatal; cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y seis más fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados.
Hasta el momento se han detenido a nueve de las 22 personas: Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa; Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro; y los tres vinculados a Servicios Integrales Carregin, Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia.
La sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. “Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa.
Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, dijo en ese momento la FGR.
Para ese entonces, era la sexta judicialización de cuatro carpetas de investigación abiertas por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunció que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses.
