El fallo de la Suprema Corte de México que restringe el fuero militar en casos de abusos cometidos contra civiles es “histórico”, pero aún debe convertirse en una ley de aplicación general, consideraron hoy organizaciones de derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer contra la aplicación de la justicia militar en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, un indígena asesinado por personal del Ejército en un retén en el sureño estado de Guerrero en junio de 2009.

Nick Steinberg, de Human Rights Watch, dijo a EFE vía correo electrónico que el fallo de la SCJN “deja claro que el uso del Código Militar para justificar la investigación de violaciones de derechos humanos en el fuero militar va contra la Constitución” mexicana.

“Con esta decisión histórica, los ministros (de la Corte) han eliminado el argumento central que los militares han utilizado por décadas para mantener casos de abusos en un sistema que carece de independencia y transparencia”, abundó.

Steinberg subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dictado que ningún caso de abusos de militares contra civiles puede ser juzgado en el fuero castrense, “lo cual implica que no sólo necesita cambiar la ley y la jurisprudencia, sino también la práctica”.

“Así que todavía falta que los procuradores civiles atraigan e investiguen los abusos cometidos por militares”, que los jueces castrenses “declinen su competencia sobre estos casos”, y ambos “cumplan con la jurisprudencia de la Corte”, puntualizó.

A su vez, el abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que acompaña el caso Rubio del lado de los familiares, dijo que se trata de un fallo histórico porque reconoce a las víctimas detrás de una causa judicial, en este caso “una familia que luchó contra la impunidad militar, a pesar de hostigamientos y riesgos”.

Explicó a Efe que es el primer caso en el que se restringe el fuero militar a solicitud de una víctima y permite que la familia Rubio pueda “interactuar ante instancias con garantías mínimas de independencia e imparcialidad”.

Asimismo, dijo, “la restricción del fuero militar se enmarca en el restablecimiento de controles civiles de las Fuerzas Armadas”, que durante esta Administración fueron desplegadas por todo el país para combatir a los carteles de las drogas.

El letrado señaló que la restricción al fuero castrense figuraba al menos desde 2010 en varias sentencias de la CorteIDH contra México y, al estar incluida en un fallo internacional, suponía ya una obligación.

Sin embargo, en la práctica seguía prevaleciendo el fuero militar en México, añadió.

Para que el criterio adoptado ayer se convierta en ley a través de la jurisprudencia, la SCJN debe pronunciarse en el mismo sentido en cuatro casos más.

Actualmente, la Corte tiene en sus manos casi una treintena de expedientes relacionados con los límites al fuero militar, que serán analizados en las próximas semanas.

De acuerdo con Aguirre, el establecimiento de la jurisprudencia por el Supremo “sería el elemento que zanje de una vez por todas esta discusión para que las víctimas de abusos militares tengan mejores condiciones para acceder a la justicia”.

Por su parte, Amnistía Internacional consideró en un comunicado que “la histórica decisión” tomada por la SCJN “debe sentar un precedente obligatorio para todos los casos de violaciones a los derechos humanos”.

El fallo de ayer confirma como inconstitucional la fracción II (a) del artículo 57 del Código Militar, “mediante el cual se había justificado previamente el procesamiento de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en instancias militares”.

La organización pidió a la SCJN asegurarse de que la decisión de procesar casos de violaciones a los derechos humanos en instancias civiles, y no militares, “siente un precedente vinculante para todas las cortes del país”, dijo Rupert Knox, investigador para México de AI.

–Con información de EFE.