Oliveria Montes tiene apenas 28 años de edad y es ya líder y vocera del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, un movimiento que se opone a la construcción del gasoducto Tula-Tuxpan –que cruza por Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México– y que promueve Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la transnacional TransCanada.

Como defensora ha tenido que enfrentar las dificultades que acompañan a todos los activistas que cuidan de l0s recursos naturales en México, además de ataques ligados a su edad y a su condición de mujer. No obstante, convencida de la protección del medio ambiente y de la vida, persiste en su lucha y le da la cara a las descalificaciones y las crecientes amenazas.

Oliveria reconoce en su propia lucha y en la de otros la brutalidad con la que el sexenio de Enrique Peña Nieto se condujo frente a los defensores de la tierra. Un marco de violencia permitido por la “venta de la soberanía energética”.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Oliveria Montes Lazcano es activista y vocera del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Con apenas 28 años de edad es la líder del movimiento de oposición al gasoducto Tula-Tuxpan, que atraviesa los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, una megaobra promovida por el Gobierno federal y a cargo de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la transnacional TransCanada.

“Durante más de 65 años, TransCanada ha operado con orgullo tuberías, instalaciones de almacenamiento y plantas de generación de energía que soportan la vida en Canadá, Estados Unidos y México”, dice la transnacional en su página oficial de la Internet.

La joven activista representa a los pueblos originarios nahuas, otomíes y totonacos de la región, que juntos han trabajado para frenar los más de 286 kilómetros de tubería que contempla el proyecto del que no fueron informados ni consultados, a pesar de que las normas mundiales –como el Marco Internacional de Derechos Indígenas, al que está adscrito México– así lo establecen.

Como defensora, Montes Lazcano ha tenido que enfrentar las dificultades que acompañan a todos los cuidadores del territorio, así como las desventajas ligadas a su edad y a su condición de mujer. No obstante, convencida de la protección del medio ambiente y de la vida, ha continuado su lucha haciendo frente a las descalificaciones y a las crecientes amenazas.

Desde 2015 –año en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer la licitación para la construcción del gasoducto–, la lucha de Oliveria Montes y los demás comuneros ha sido para evitar la contaminación de ríos y manantiales y la destrucción de cerros sagrados y centros ceremoniales.

Como resultado de este esfuerzo lograron obtener dos suspensiones definitivas de lo que consideran un “proyecto de muerte” que, de acuerdo con sus cálculos, dañaría a más de 260 mil personas en al menos 469 localidades de 34 municipios de los cuatro estados por donde cruzaría el gasoducto.

El camino no ha sido fácil. La empresa trasnacional ha prometido trabajo y progreso a quienes más lo necesitan, pero ellos no se convencen de los supuestos beneficios, es por ello que las acciones legales continúan con la convicción de defender lo que por mucho tiempo ha sido cuidado por las comunidades indígenas.

EL PROGRESO DE LOS MENOS

Hace tres años, los pobladores de Pahuatlán, Puebla, se percataron que había algunos movimiento “extraños” en su territorio. La calma habitual fue trastocada por grupos de automóviles de la Transportadora de Gas Natural de la Huasteca que entraban y salían de la comunidad. El movimiento era provocado por el inicio de las obras del gasoducto, de las que nunca habían sido informados.

Alertados por la discrecionalidad del grupo, los pobladores investigaron hasta descubrir los daños que generaría la construcción. Se acercaron a las autoridades municipales para denunciarlo, sin embargo éstas aseguraron que la obra, ordenada por la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto, no tenía marcha atrás

Ante la inercia del Gobierno poblano, la comunidad informada con los beneficios y prejuicios más básicos, alertaron a otros y concluyeron que debían interponer recursos legales en los que se solicitara a los tribunales de Puebla e Hidalgo la suspensión definitiva de las obras. Acompañados por la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, quienes auxiliaron sin ninguna clase de costo, interpusieron tres amparos en Puebla y dos más en Hidalgo.

La resolución de los recursos legales dictaminó el derecho a la consulta que se llevaría acabo en los municipios poblanos de Cuautepec, Chila de Juárez, Tlacuilotepec y San Pablito Pahuatlán. Las consultas fueron “amañadas” por las mismas autoridades municipales, preocupadas más por la protección de los intereses privados que aún  sostienen, plantea Oliveria en entrevista con SinEmbargo.

Al hablar sobre las sobre las consultas realizadas desde 2016, Oliveria explica que éstas estuvieron llenas de irregularidades. En Cuatepec, la misma empresa se encargó de formar un comité en favor de la obra: a sus representantes les pagaban para convencer a la gente y decirles que les iban a dar iglesias, clínicas y toda clase de servicios; los engañaron diciéndoles que su firma sería considerada como su pase de lista.

En Chila de Juárez, añade, el Presidente Municipal “quiso tenderle una trampa” al representante de la comunidad para que firmara en nombre de todos, y en San Pablito Pahuatlán también el Alcalde suplantó a las comunidades tradicionales y firmó en su nombre a favor de la obra.

“Dizque consulta, porque no fue previa ni libre, ni fue informada. ¿Por qué no fue previa? Porque previa tiene que ser mucho antes de que se lance la licitación, mucho antes de que se lance el proyecto. No fue libre porque no se tiene que estar bajo coacción o bajo condición de nada; tampoco informada porque se debió dar información sobre los juicios y prejuicios de la obra. De acuerdo con el estatuto 179 de OIT debió ser libre, previa e informada”, explica Oliveria Montes.

El derecho a la consulta, transgredido una y otra vez en el sexenio de Peña Nieto que está ya por terminar, ha dejado de ser relevante para las comunidades indígenas de la zona que no confían en la realización de esta clase de ejercicios, pues hasta ahora continúan sin ser vinculantes.

EL SEXENIO DE LA FUERZA

Oliveria ha estado siempre al frente de los reclamos contra el gasoducto. Comenzó en la lucha hace tres años y de manera incidental, pues frecuentaba las reuniones informativas en donde su voz hizo eco en las personas que la integraron al movimiento como una líder. Convencida de la protección del medio ambiente y el campo, la joven se ha sostenido frente a las intimidaciones y riesgos a los que han sometido a las comunidades tanto autoridades del Gobierno federal como el del local.

“Nunca he estado de acuerdo con que aunque seamos oprimidos nuestros derechos se violen, que no podamos decir ¡NO!, que tengamos que aceptar las cosas nada más porque así las está mandando el gobierno. Cuando nos afecta tenemos que alzar la voz. Todo eso a mí me motivó, el no permitir que los gobiernos sometan a los pueblos y nosotros no tengamos el valor de enfrentarlos por miedo a perder algo, pero realmente perdemos más al no hacerlo. A mí me motivó conocer a la gente, comprometerme con ellos y acompañar a quienes tenían esperanza en que sí se cancelara”, reflexiona.

Las confrontaciones por el gasoducto comenzaron en 2016, en el centro de un sexenio caracterizado por los megaproyectos y las reformas al marco legal que permitieron su consolidación.

Desde el principio, los habitantes de Pahuatlán fueron amenazados con desaparecer por su propio Presidente Municipal: el panista Arturo Hernández Santos, quien además dejó el Gobierno local en manos de su esposa María Guadalupe Vargas Aparicio, también militante del Partido Acción Nacional (PAN), y quien ha continuado con las intimidaciones.

Oliveria explica que a pesar de no contar con otras experiencias de conflicto con el territorio, reconoce en su propia lucha y en la de otros la brutalidad con la que el sexenio de Enrique Peña Nieto se condujo frente a los defensores de la tierra. Un marco de violencia permitido por la “venta de la soberanía energética”.

“Nosotros estamos apenas iniciando en la lucha, nunca nos había tocado organizarnos, jamás nos habían querido invadir, por eso fue difícil la organización. En este sexenio –conociendo las otras luchas de las diferentes comunidades– sabemos que los ataques han sido mucho más agresivos, fue una venta del país total. Fue entregado al por mayor el país con la Reforma Energética y la Ley de Servidumbre; de paso, las personas fueron obligadas a entregar su territorio, si no iban a ser expropiados.

“Este sexenio fue muy agresivo con toda las comunidades. Hubo asesinatos, uso de la fuerza pública para invadir, para garantizar que se hicieran los megaproyectos; la venta del país al capital extranjero para la implementación de minas, principalmente, y para la fractura hidráulica que permitió la Reforma Energética. Este sexenio permitió mucho más que otros sexenios sobre la extracción de nuestros recursos naturales”, denuncia Oliveria Montes.

Los asesinatos y la detención arbitraria fueron la marca del periodo presidencial que termina, una práctica que –explica la defensora– buscaba desestabilizar y desintegrar las luchas indígenas. Los integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo han sido amenazados de desaparición forzada y les han intentando desestabilizar el movimiento. No obstante, para Oliveria la lucha debe continuar y el miedo debe ser suplantado por el valor de defender lo que otras generaciones recibirán.

“El miedo no nos tiene que vencer, nosotros tenemos que vencer al miedo. Porque el miedo es el que nos inmoviliza y si nosotros nos quedamos inmóviles no se avanza. Tuvimos que romper el miedo porque lo que estamos haciendo no lo hacemos por nosotros, es por los que vienen. Nosotros decimos en los pueblos: no tenemos dinero, pero que por lo menos disfruten lo que nosotros hemos disfrutado: de la naturaleza (…) Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que deben ser críticos y que deben ser ellos mismo quienes valoren la situación, que tengan pensamiento y que sean inconformes cuando sea necesario”, agrega.

Actualmente la incertidumbre aqueja a quienes conforman el movimiento.

En los últimos días, en distintos medios de comunicación, se ha promovido que los pobladores han logrado detener de la obra de manera definitiva. El hecho no ha sido informado de manera oficial ni por lo juzgados colegiados de distrito, ni por la Comisión Federal de Electricidad y mucho menos por la Secretaría de Energía (Sener). Este signo es un momento de alerta para los pobladores de la región que denunciaron en esta entrevista su incredulidad de la campaña mediática.