México se colocó en el tercer lugar entre los países con más defensores de los derechos humanos durante 2017, con 31 homicidios, sólo superado por Colombia, con 91 asesinatos, y Filipinas, con 60, revela el informe de la organización internacional Front Line Defenders.

“En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del Gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte”, dijo Andrew Anderson, director ejecutivo de la ONG con sede en Dublín, Irlanda.

“Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas contra los/as defensores/as, los asesinatos podrían reducirse drásticamente”, acusó Anderson.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– México se colocó en el tercer lugar entre los cuatro países más mortíferos contra defensores de derechos humanos en el mundo durante el año pasado, con 31 homicidios. Se trata de una lista roja que concentra el 80 por ciento del total de los homicidios en el mundo, y que lidera Colombia, con 91 asesinatos; seguida de Filipinas, con 60, y Brasil, con 27 homicidios, consignó el Informe Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Riesgo 2017, realizado por la organización internacional Front Line Defenders.

El Informe, dedicado a los 312 defensores asesinados en 27 países del mundo durante 2017, fue revelado por esta organización –fundada en Dublín, Irlanda, en 2001, con el objetivo específico de proteger a defensores en riesgo y personas que trabajan de forma no violenta por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– apenas días antes de que el 18 de enero pasado, en México, fuera asesinada Guadalupe Campanur Tapia, activista de 32 años, defensora de los bosques y el territorio comunal de Cherán, Michoacán.

La joven era integrante activa en la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución de ese territorio comunal purépecha desde el inicio del movimiento que en 2007 inició la expulsión de talamontes, narcotraficantes y políticos de sus tierras para establecer, en 2011, el sistema de usos y costumbres para resolver, de manera colectiva, todo lo relacionado con las operaciones económicas y sociales de la comunidad.

Ni el Gobierno de Michoacán, que preside el perredista Silvano Aureoles Conejo, ni el Gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, se pronunciaron sobre el asesinato de Lupita Campanur.

Esa indiferencia gubernamental en México y en otros países del mundo frente a estos homicidios se destaca en el Informe de Front Line Defenders.

“El número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos “siguió siendo verdaderamente alarmante y la débil respuesta tanto de gobiernos nacionales como de la comunidad internacional ofrece un panorama de cambio poco esperanzador a corto plazo”, consigna.

El año pasado, plantea, fue testigo del mayor número de asesinatos de defensores/as ambientales y periodistas registrados en México en los últimos años, en medio de una crisis de violencia que se extiende por todo el país, destaca.

“La aprobación en diciembre de una nueva Ley de Seguridad Interior en México que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social”, añade la Organización No Gubernamental (ONG).

Los defensores mexicanos asesinados y que se incluyen en la lista de Front Line Defenders son:

1. Juan Ontiveros Ramos.
2. Silvestre de la Toba Camacho.
3. José Alberto Toledo Villalobos.
4. Miriam Rodríguez Martínez.
5. Isidro Baldenegro Lopez.
6. Benjamín Juárez José.
7. Marco Antonio Pazuengo Salazar.
8. Fredy Cruz García.
9. Alan Geovani Martínez Contreras.
10. Rafael Hernández Cisneros.
11. Marciano Martínez Cruz.
12. Antonio Santiago González.
13. Humberto Morales Santíz.
14. Cecilio Pineda Birto.
15. Hiram Yusset Tejeda Salas.
16. Ricardo Monlui Cabrera.
17. Miroslava Breach Velducea.
18. Juan José Hernández Alchino.
19. Santiago Crisanto Luna.
20. Luis Gustavo Hernández Cohenete (menor de edad) .
21. Francisco Jiménez Alejandre.
22. José Carlos Jiménez Crisóstomo.
23. Maximino Rodríguez Palacios.
24. Gerardo Corona Piceno.
25. Héctor Jonathan Rodríguez Córdova.
26. Jesús Javier Valdez Cárdenas.
27. Agustín Vázquez Torres.
28. Miguel Vázquez Torres.
29. Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.
30. Meztli Omixochitl Sarabia.
31. Fernando Tlaxcalteca.

DEFENSORES CRIMINALIZADOS

Los 312 defensores fueron asesinados en 27 países por su trabajo pacífico, según datos recopilados por la organización. Más de dos tercios, un 67 por ciento del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.

De entre los casos recopilados, sólo 12% de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos.

“La impunidad ante actos de violencia y la insuficiencia crónica de protección para defensores/as en riesgo continúa generando el clima de frecuentes asesinatos, dijo la organización. De los casos sobre los cuales se recopilaron datos sobre amenazas previas, el 84 por ciento de las y los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes de ser asesinados/as”, establece.

La criminalización, dice, siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de las y los defensores.

“Miles de derechos humanos fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidos/as a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados/as a largas penas de prisión. La ola de legislaciones restrictivas utilizadas para perseguir a defensores de derechos humanos y medios independientes continuó en 2017 y tanto las tácticas cuasilegales como aquellas más violentas utilizadas por los opresores estuvieron acompañadas de campañas difamatorias profesionales que contaban con amplios recursos”, expone.

“En muchos países, los gobiernos y las fuerzas de seguridad se mostraron, en el mejor de los casos, impasibles ante las amenazas y ataques sufridos por los/as DDH, y, en el peor de los casos, fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado las responsables de los asesinatos. La mayoría de los inversionistas internacionales y empresas matrices que iniciaron y posibilitaron tales proyectos con sus fondos y apoyo, siguen sin considerar a los líderes de las comunidades locales y a los/as DDH como actores clave a los que deben consultar a la hora de planificar los proyectos”, establece.

Esta falta de consulta, alerta, aumenta el riesgo de una futura confrontación y, al no hacerlo, las compañías no reciben señales de alerta temprana cuando surgen conflictos en áreas locales.

De los casos sobre los cuales Front Line Defenders pudo recopilar datos sobre amenazas previas, el 84 por ciento de las y los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte. Por tanto, destaca, si la policía hubiese tomado medidas preventivas en una fase temprana, los ataques podrían haberse reducido drásticamente.

Por otro lado, agrega el documento, también aumentó el número y la frecuencia de los ataques contra las defensoras de derechos humanos. Las amenazas y ataques recibidos incluían a menudo elementos relacionados no sólo con su trabajo, sino también con su género.

Front Line Defenders recibió información de este tipo de casos de El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú y Honduras. Entre ellos, hay ejemplos de amenazas de violencia y tortura sexual, difamaciones en las redes sociales así como ataques dirigidos a familiares o parientes cercanos.