Luis Antonio no pudo ser sancionado por el régimen de la Policía Federal debido a que presentó su renuncia el 23 de octubre del 2014, casi un mes después de los hechos.

Ciudad de México, 24 enero (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Luis Antonio Dorantes, exmando de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, supuestamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dorantes fungía como titular de la estación de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo al expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), Dorantes Macías habría tenido conocimiento de la detención de los estudiantes, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero”.

En septiembre del año pasado se obtuvo la determinación del Juez en contra del exfuncionario y con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se dio cumplimiento de la misma el 18 de enero

El exelemento no pudo ser sancionado por el régimen de la Policía Federal debido a que presentó su renuncia el 23 de octubre del 2014, casi un mes después de los hechos.

MILITARES HABRÍAN TOMADO PARTE EN EL ASESINATO DE LOS 43

Un testigo protegido dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías y sicarios, según reveló el periódico Reforma.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el diario, el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, grupo delictivo ligado a la desaparición de los normalistas, dijo a la Fiscalía que también se detuvieron a 30 personas más, es decir, en total se habrían detenido a 73 personas, pero sólo una parte de ellas fueron interrogadas en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregadas al grupo criminal para que las desaparecieran, algunas ya muertas.

Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y se liberaron al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.

Según Reforma, el testigo colaborador de la FGR señaló al Capitán Martínez Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas y que también tenía la intención de capturar a algunas personas que estaban heridas y que eran atendidas en un hospital de la localidad.

“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, rescató el diario de la declaración que “Juan” hizo a las autoridades y que tiene fecha del 10 de febrero del 2020.

El testimonio del presunto líder de Guerreros Unidos señaló que dicho grupo buscaba a criminales de un cártel rival que le debían dinero, sin embargo, los sicarios rivales se mezclaron entre los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, quienes se encontraban protestando en Iguala.

En total se habría detenido a tres grupos de personas, uno capturado por Guerreros Unidos, otro por policías estatales, y otro, por miembros del Ejército. Todos los grupos fueron llevados al Batallón municipal para ser interrogados y conocer quiénes eran los involucrados con el grupo criminal rival, apuntó Reforma.

Un grupo de los retenidos fue entregado a la célula criminal de “Los Tilos”, la cual diluyó los cuerpos en ácido y sosa cáustica para “verter restos líquidos por coladeras y el drenaje”.

Otro grupo fue trasladado a un predio ubicado entre Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, para ser destazado con hachas y machetes. Luego, los restos fueron trasladados a Servicios Funerarios “El Ángel”, ubicados a las afueras del municipio guerrerense. Por el volumen de los restos, el proceso de cremación tardó alrededor de dos días y, aquellos que ya no se cremaron fueron esparcidos cerca de unas minas abandonadas en Taxco, un lugar cercano al pueblo de Coacoyula.

De hecho, la declaración de “Juan” mostró que dicha funeraria era habitualmente usada por el cártel de Guerreros Unidos para desaparecer a sus víctimas, pero también era usada por autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo). Según el testigo, las autoridades nunca impidieron que el grupo criminal utilizara el crematorio, sino todo lo contrario, protegían a los delincuentes.