El 24 de abril de 2007, en la Ciudad de México, fue reformado el Código Penal, así como la Ley de Salud, lo que legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces, algunas organizaciones sociales civiles se han hecho presentes en las calles, la prensa, la televisión y el Metro. Sostienen que están “a favor de la vida” y en defensa de “los derechos humanos del bebé no nato”. En estos 12 años, 36 agrupaciones “pro vida” han recibido 857 millones 841 mil 961 pesos en donativos –la mayoría de instituciones privadas, pero también de dinero público– lo que representa 2.4 veces más que la erogación para reparar los daños provocados por la guerra en contra del narcotráfico.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Gritos como “¡Mujer se valiente, déjalos nacer!”, “¡Tu mamá dijo sí, por eso estás aquí!” y “¡Si quieres la paz, defiende la vida!”; caminatas que se inician en el Monumento a la Madre y desembocan en Palacio Nacional o en la Asamblea Legislativa en la capital del país; letreros en el Metro o espectaculares que ofrecen ayuda a mujeres embarazadas en vulnerabilidad o muestras como la “Expovida México Itinerante”, que es una colección de fotografías de fetos y los “dañinos mecanismos” del aborto.

Con ese tipo de recursos, decenas de Organizaciones Sociales Civiles (OSC) han manifestado su oposición a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las calles de la Ciudad de México desde que el 24 de abril de 2007 se reformó el Código Penal, así como la Ley de Salud, un marco jurídico que legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Es el movimiento “antiabortista” de México que opera a lo largo del país, vinculado a la Iglesia Católica y en algunos casos con añejos nexos políticos al Partido Acción Nacional (PAN). Algunas de sus organizaciones clave nacieron en los años 80 y otras después de 2007, al iniciarse la permisión legal del aborto.

En sus actas constitutivas, en el Registro Federal de las Organizaciones Sociales Civiles, no aparece como objeto social la causa “pro vida“, ni la defensa de los derechos del no nacido. En esos documentos, la palabra “aborto” no es mencionada. Las causas por las que declaran trabajar son: “la atención a la población de regiones de escasos recursos”, “la atención a poblaciones indígenas”, “la atención, orientación y protección a las mujeres embarazadas en desamparo” y en algunos casos, “la adopción de menores”.

En los papeles aparentan impulsar un trabajo social, pero su activismo se insertó en una ola de reformas a las legislaciones estatales para proteger la vida desde la concepción después de la instalación histórica del marco jurídico en la capital del país para permitir el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Hoy, en 21 entidades –dos terceras partes de las que hay en el país– la interrupción del embarazo con determinadas causales es un delito equiparable al homicidio.

El último estado fue Nuevo León donde el pasado 6 de marzo, con 30 votos a favor, el Congreso del estado aprobó la reforma al Artículo 1 constitucional para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Desde ese momento, el aborto es motivo de cárcel.

Mientras, en algunas entidades, las intenciones para despenalizar el aborto se atoraron en los congresos o de plano, no han implicado tema de debate. Así ocurre en Coahuila donde en octubre de 2018, fue presentada una iniciativa; en Guerrero, donde se presentó otra en 2014 y jamás fue analizada ni discutida; en Puebla que la tuvo en agosto de 2018 y en Tlaxcala donde se lanzó una más en enero de 2019.

Con el fin de localizar a las asociaciones pilares del movimiento antiabortista en México, (a veces registradas como asociaciones civiles y otras como de asistencia pública), SinEmbargo revisó sus apariciones en los años pasados en las manifestaciones a “favor de la vida” o en contra del “aborto legal”. También se remitió “Vida que da Vida” que agrupa a organizaciones y casas cuna para dar “apoyo a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad”, según aparece en su página pública.

Para obtener las cifras de sus recursos se revisaron los reportes de donatarias autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que es un sistema en el que deben inscribirse las asociaciones que pueden recibir dinero del Gobierno federal.

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En 12 años, 36 organizaciones que han dado la batalla en contra del aborto legal recibieron en sus arcas 857 millones 841 mil 961 pesos en donativos, con un promedio de captación de 77 millones 985 mil 633 al año, de acuerdo con los reportes de donatarias autorizadas que fueron entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La cantidad recibida por las OSC “pro vida” supera 2.3 veces los 360 millones de pesos que de 2015 a 2018 erogó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), instituido en 2014 para aligerar el daño de los afectados por la guerra en contra del narcotráfico, una política de seguridad iniciada en 2006 en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y cuya violencia consecuente no ha disminuido.

Las cinco organizaciones que obtuvieron más recursos son Voluntad Solidaria por México (207 millones 729 mil 988 pesos), Vida y Familia México, I.A.P. (87 millones 800 mil 464), Vida y Familia Nacional, A.C. (72 millones 715 mil 312 pesos), Vida y Familia Monterrey A.C. (71 millones 65 mil 431 pesos) y Vida y Familia, A.C. (68 millones 542 mil 598 pesos). (En el caso de Vida y Familia, se trata de Vifac en diferente localidad).

El 28 de abril del año pasado, miles de de personas integrantes de grupos pro vida marcharon del Monumento a la Revolución al Congreso de la Ciudad de México en demanda de que se condene el aborto en la capital de país, donde hace 12 años se aprobó como Interrupción Legal del Embarazo. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Jesús Valdez de los Santos, director de Voluntad Solidaria por México –la más acaudalada, según los datos obtenidos por SinEmbargo– responde sobre este flujo millonario: “Vale la pena hacer la aclaración que (la batalla antiabortista) no es el único trabajo que realizamos. El dinero se usa para trabajo social en zonas indígenas y de alta pobreza. Hacemos construcción de salones o clínicas médicas. Recientemente, se edificó una en Chiapas. Realmente sí es mucho dinero, pero ha sido utilizado en beneficio de la gente. Lo de la batalla en contra del aborto sólo forma parte de nuestras convicciones”.

Édgar González Ruiz, investigador de la derecha y la ultraderecha en México, expone sobre el movimiento anti abortista: “Es una causa que ha perdido fuerza en el mundo. Es anacrónica y poco popular porque la sociedad ha cambiado hacia nuevas formas de vida. Así, en México, el fuerte flujo de dinero para sostener a las asociaciones pro vida se explica porque buena parte de la clase política y el empresariado aún comulga con un conservadurismo histórico”.

Autor de los libros La Última cruzada. De los cristeros a Fox y Conservadurismo y Sexualidad, González Ruiz abunda en las etapas por las que estas asociaciones civiles han pasado en México. “En los 70, había un enfrentamiento del Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) con los grupos conservadores. En la siguiente etapa surgió un movimiento agresivo de agrupaciones que se oponían a la permisión legal del aborto. Pero en los 80, en el preludio de la llegada del PAN al poder, el contexto fue un activismo político de tipo económico con pretensiones de ganar apoyo de sectores de la sociedad y el Gobierno. En el presente, a estas agrupaciones las distingue un actuar discreto y al tiempo, la recaudación millonaria de fondos”, expone.

ASÍ SE GESTARON

A Voluntad Solidaria por México –la que más recibió recursos– la fundó el 26 de julio de 2011, José Guillermo Bustamante Manilla quien hasta ese momento fue presidente nacional de la Unión de Padres de Familia (UPF), vinculada en su historia con El Yunque, una organización de extrema derecha que desde la secrecía se propuso combatir al comunismo, los judíos y los masones, según El Yunque: La ultraderecha en el poder, del periodista Álvaro Delgado.

Bustamante Manilla ha sido uno de los luchadores más visibles en contra de la legalización del aborto. En 2008, como presidente de la UPF, se opuso a que un libro de texto del Gobierno del entonces Distrito Federal, cuya jefatura ocupaba Marcelo Ebrard Casaubón, difundiera información al respecto. En una conferencia de prensa, aseguró que el Gobierno promovía y capacitaba para la muerte. Cinco años después, apareció en medio de religiosas católicas en las afueras del edificio de la Asamblea Legislativa, con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pedía que el marco jurídico fuera revertido. (La organización hoy la dirige Jesús Valdez de los Santos, entrevistado para este texto).

En el segundo sitio de captación de recursos está Vida y Familia México (Vifac) que destaca no sólo por su dinero; sino por sus múltiples denominaciones y sedes en todo el país. Fue fundada en 1985 en Ciudad Satélite, Estado de México, por María Guadalupe Mariscal Vilchis y Graciela Sodi de Velasco. De acuerdo con el investigador González Ruiz, dos hermanos de Marilú Mariscal están casados con hijas del fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Sertvije. En 1994, surgió Vifac-Monterrey y dos años después, Vifac-Guadalajara. Con el cambio de siglo, en 2000, su crecimiento fue exponencial. Hoy está presente en 24 sitios del país. Es la que más se anuncia en el metro o en espectaculares con leyendas como: “¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Nosotros te ayudamos”. En las actas constitutivas de sus diferentes sedes aparece “la adopción de menores” como uno de sus objetos sociales principales.

En el tercer sitio en recepción de donativos está el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana que fue fundado el 30 de junio de 2008. En su registro constitutivo aparece como una de las representantes legales Silvia Sánchez Betanzos, cuyo nombre surgió cuando la Procuraduría General de la República investigó a Jorge Serrano Limón, quien era director de Provida (emblemático grupo antiabortista con auge en los 90) por mal uso de donativos federales. Habría comprado artículos muy diferentes a los de su causa social como tangas y aparatos estereofónicos. Sánchez Betanzos fue contadora en Provida y luego socia de Imporvar, un proveedor al que la asociación le compró artículos. Al final, en el caso no se fincó ninguna responsabilidad.

“INACTIVAS” ANTE EL GOBIERNO FEDERAL

Del Estado mexicano apenas recibieron 6 millones 268 mil 270 pesos en 12 años; es decir, menos del 1 por ciento del pastel de sus recursos.

La que más tuvo donativos gubernamentales fue Fundación Dar y Amar (DAYA), una casa hogar para adolescentes embarazadas en vulnerabilidad, que reunió 1 millón 260 mil 418 pesos con subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar). Durante el Gobierno del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), percibió 668 mil 218 pesos, mientras que en el del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), consiguió 592 mil 200.

La cantidad recibida por las OSC “pro vida” supera 2.3 veces los 360 millones de pesos que de 2015 a 2018 erogó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), instituido en 2014 para aligerar el daño de los afectados por la guerra en contra del narcotráfico en México. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

La otra que se distingue por haber operado con recursos provenientes del erario mexicano es Vida y Familia México (Vifac) que reunió 1 millón 17 mil pesos, un monto otorgado en su totalidad por la misma Sedesol (hoy del Bienestar) en el Gobierno peñanietista.

Aunque Voluntad Solidaria por México es la organización que más donativos ha recibido, según los datos de SinEmbargo, el Gobierno federal la mantiene como “inactiva” en su Registro Federal. Esa categoría, la adquieren las OSC que no han presentado por lo menos dos informes anuales recientes y de manera consecutiva de sus actividades. Esta debe seis, los que corresponden a cada año de 2013 a 2018. De dinero público no ha captado nada.

Es el mismo caso de Vida y Familia A.C. –una de las denominaciones con las que cuenta Vifac– que no presentó los informes que le pide el Gobierno correspondientes a 2006, 2008 y 2009. Y en la misma circunstancia está Casa Mi Ángel A.B.P. que no acreditó ningún reporte en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

NdeR: Esta nota se elaboró a partir de los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda, el Registro Federal de las OSC y el grupo Unión de Voluntades con el fin de ver con qué condiciones económicas trabaja el movimiento antiabortista. Está al margen de cualquier posición respecto al aborto y no demerita el trabajo social de las asociaciones mencionadas.