La Reforma al Poder Judicial ha provocado discusiones entre quienes califican que se trata de una evidente violación a la Constitución y los que hablan de la urgencia y necesidad de esa ley, que aprueba la extensión del mandato de Zaldívar al frente de la Presidencia de la Suprema Corte por dos años más de lo que está estipulado.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador suele decir que la política es “decidir entre inconvenientes”. La frase nunca pudo ser mejor aplicada que ahora. A pesar de las críticas, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se quedará dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la premisa de que se encargará de una Reforma al Poder Judicial.

Pero los observadores dicen que esta decisión del Poder Legislativo (con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), auspiciada por el Poder Ejecutivo (emanado de Morena), alimentará las críticas al Presidente por “acumular demasiado poder”, y tendrá un costo político que podría ser tan o más caro que someter esa Reforma a lo que decida la Suprema Corte, donde hay ministros que fueron propuestos por los últimos cuatro presidentes de México.

El Presidente pareció dejar claro que prefiere pagar el costo político de aumentarle dos años a Zaldívar, a quien ve como su aliado, que confiar a que el pleno del máximo tribunal del país decida si la reforma va. “Creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el Ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, dijo apenas hace unos días, el pasado 20 de abril en su conferencia matutina.

Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, admitió la noche del jueves en el programa de “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que la decisión se presta a un “golpeteo político” contra el Presidente, pero al mismo tiempo, dijo, él está acostumbrado y se mantiene “firme en sus ideas”: “los contrarios van a insistir en que esto es un experimento para la reelección del Presidente, pero López Obrador es antireeleccionista, es un hombre de palabra, y como ha dicho: cuando termine su periodo se irá a vivir lejos de la política a su finca en Palenque, Chiapas”.

La Suprema Corte está conformada por 11 ministros. Uno está allí a propuesta de Vicente Fox Quesada, de Acción Nacional (PAN); cinco vienen del periodo de uno de los principales enemigos del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN; dos llegaron por Enrique Peña Nieto (PRI) y tres están a propuesta de López Obrador, es decir, son los más recientes.

Pero la composición no debería importar si se considera que los ministros son independientes a cualquier influencia externa. El Presidente dice que no, que “una mayoría” está allí para responder a los intereses de las anteriores administraciones.

El dictamen de Reforma del Poder Judicial, prevé la extensión de dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.

La reforma ha sido tachada de inconstitucional, pues en la Constitución está establecido que el mandato del presidente de la Suprema Corte tiene una duración máxima de cuatro años; Arturo Zaldívar fue elegido en enero de 2019.

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Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

También se advirtió que la decisión del Senado constituye una interferencia que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Abogados constitucionalistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que la ampliación de mandato es a todas luces inconstitucional y que las implicaciones de esta nueva ley pueden ser más negativas que positivas.

El Presidente López Obrador, cuestionado sobre el tema en varias ocasiones, explicó que él mandó al Congreso la iniciativa de Reforma del Poder Judicial para combatir la “corrupción y el nepotismo” de los jueces y que fueron los senadores quienes añadieron un artículo con la ampliación del mandato de Zaldívar.

Julio Scherer Ibarra dijo que esta reforma que es resultado de que “la corrupción del Poder Judicial es infinita”. Dijo que desde su perspectiva no hay violación a la Constitución porque se hace esta reforma y se crean estas leyes transitorias con el objetivo de que ésta se pueda aplicar.

“Lo que se desea es que la justicia opere para todos los mexicanos. El problema del Poder Judicial en México es enorme, y ahí están, todos los días, las quejas de la gente sobre el mal comportamiento de los jueces penales […] Hay ministros que han hecho de la Corte un instrumento al servicio del poder. Esa corte se tiene que modernizar y transformar, y los jueces y magistrados tomar el papel honorable que de ellos se espera”, comentó en la entrevista transmitida por el canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.

Otro punto que abarcó fue el de los ministros que han hecho de la Corte “un instrumento al servicio del poder”: “Esa corte se tiene que modernizar y transformar, y los jueces y magistrados tomar el papel honorable que de ellos se espera […] El Poder Judicial federal tiene un problema, monstruosa, de corrupción”.

De Arturo Zaldívar dijo que él tiene todos los méritos para continuar en la SCJN y en el CJF, “se puede concretar una reforma que planteó el Poder Judicial para el Poder Judicial y vendía muy bien encabezada por Arturo Zaldívar, que como lo dije ha demostrado ser un hombre probo e íntegro, con capacidad técnica para llevarla a cabo”.

LOS DETALLES DE LA LEY

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista que es “totalmente criticable” e “inconcebible” la aprobación de ese artículo en ambas cámaras.

“Esto no es una cuestión de interpretación. Aprobar algo que es evidentemente inconstitucional, parece una falta de ética, de responsabilidad, de compromiso constitucional […] ha habido muchísimas voces e instituciones que han hecho distintos pronunciamientos y yo no he escuchado uno solo, serio que defienda esta posibilidad de que se amplíe el mandato del actual Ministro presidente de cuatro a seis años y de los seis consejeros de la Judicatura restantes, de cinco a siete años”, comentó.

Burgoa dijo que son más los riesgos o los puntos negativos que puede tener esta reforma, que los positivos. Uno de ellos es el daño a la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), “dado que desde los otros dos poderes, que son los que tienen la responsabilidad del proceso legislativo –tanto Cámara de Senadores como de Diputados– más lo que le corresponde al Presidente –la aprobación, promulgación, publicación en el Diario Oficial de la Federación– que ellos estén haciendo algo que va en contra de la Constitución y que además se estén inmiscuyendo, en las decisiones internas porque le corresponde al pleno de la Corte estar decidiendo entre sus miembros cada cuatro años quién será el Ministro Presidente, con esta reforma se ataca la autonomía de la Corte, siendo la cabeza del Poder Judicial de la Federación”.

Bernardino Esparza, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, coincidió en este punto. Mencionó que la ley es inconstitucional, “porque ahí en la Constitución está muy claro: el presidente de la Corte sólo durará en el cargo cuatro años y obvio no tiene reelección de manera inmediata”.

Agregó que la Reforma sí podía pensarse sin el Ministro Zaldívar de por medio, respecto a lo dicho por el Presidente de que si no estaba él, la ley sería “letra muerta”.

“Cuando se hacen las reformas legales en este contexto y sobre todo con la Ley Orgánica de una reforma constitucional, es para mejorar todos los procesos internos, en este caso el PJF y quien esté como Presidente en su momento de la Corte, lo único que tienen que hacer es aplicar la ley, eso es todo, no es porque sea la persona y decida por sus intereses, lo que interesa aquí son los mandamientos judiciales y los mandamientos legales. En otras palabras, el imperio de la ley es lo que se tiene que obedecer”, señaló.

Sobre esto, el abogado Burgoa recordó un episodio en el que se discutió la viabilidad de una reelección o “extensión de mandato: la Ley Bonilla.

“Hay una situación que no es igual pero es muy parecida, que es lo que se pretendió hacer con un artículo transitorio, para pedir la ampliación del mandato del Gobernador de Baja California de dos a cinco años. El pleno de la Corte por unanimidad declaró la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla. El Ministro Arturo Zaldívar habló de que eso era un fraude inconstitucional, a la constitución y al sistema democrático, que era un efecto corruptor de rango constitucional de lo que se hablaba. Luis María Aguilar dijo que era una reelección disfrazada y que no se debe de permitir en el sistema. Cada uno de los ministros dieron sus argumentos que hoy perfectamente embonarían o se podrían utilizar para esto que hoy la Cámara de Diputados pretende aprobar”, concluyó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.