El martes pasado, la organización Amnistía Internacional presentó el informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”. El documento, con la calidad que caracteriza a dicha ONG internacional, nos narra el caso de criminalización de tres compañeras fundamentales para entender el México de las víctimas: Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti.

Cada una desde su ámbito de trabajo, han hecho un aporte irrefutable a la defensa de las libertades públicas en un país con niveles brutales de violencia. México no sería el mismo sin la eficaz defensa jurídica e incidencia pública de Ana, el periodismo comprometido y acucioso de Marcela, y la necesaria labor de investigación e identificación forense realizado por Mercedes.

A las tres se les persigue por uno de los casos más ominosos de este país: la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y las fosas clandestinas encontradas ahí. Esa es la “razón” por la cual han sido investigadas dentro del expediente de averiguación previa del hallazgo de 196 cadáveres en abril de 2011, que forma parte de la serie de masacres de migrantes que ellas documentaban. Como si fueran peligrosas criminales, la PGR realizó en 2016 diversos actos de investigación violatorios de su privacidad.  Su “crimen” fue recoger los testimonios de las víctimas (Marcea, para la revista Proceso), defenderlas frente a las omisas autoridades (Ana, desde la Fundación para la Justicia) y apoyar en la identificación forense de las víctimas (Mercedes, como directora del Equipo Argentino de Antropología Forense).

En la siniestra SEIDO (como se conocía a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR), con muy evidentes presiones a víctimas, comenzaron a recabar pruebas en contra de ellas para tratar de establecer quienes eran las fuentes de información de  los reportajes publicados por Marcela en Proceso sobre las anomalías cometidas por la PGR al investigar las fosas y masacres de San Fernando. Solicitaron -aduciendo que eran investigadas por delincuencia organizada y secuestro para no tener que pedir permiso a ningún juez-  registros de llamadas de cada una, un análisis de estas, así como su geolocalización, para determinar dónde, cuándo y cuántas veces se encontraron o hablaron con víctimas del caso y pidieron su  información personal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para someter a análisis grafoscopicos sus letras..

Para 2019, la PGR cambió por FGR, y la SEIDO por FEMDO, y los injustificados actos de investigación (con los datos de las defensoras y la periodista) siguieron dentro de un expediente que investiga a Los Zetas, como presuntos perpetradores de esas masacres, un expediente al  que ellos y sus abogados pueden tener acceso

Pero ellas no lo sabían. Fue hasta  2021, después de un largo litigio de 8 años de la Fundación para la Justicia para acceder al expediente al que tenían derecho las víctimas que defiende, y de una tortuosa entrega a cuentagotas, que se conoció  que uno de los tomos -el 221- estaba dedicado a investigarlas a ellas. En noviembre de ese año, las tres hicieron público que encontraron esas actuaciones en su contra y que desconocen si existen más actos arbitrarios de investigación en tomos sucesivos. Ahí exigieron el cierre de esa investigación, el castigo a los culpables y la justicia para las víctimas de esas masacres.

Aun con esa denuncia pública nada cambió.  Las actuaciones siguen ahí hasta hoy. El Ministerio Público a cargo del caso hizo nuevas indagaciones el año pasado, y la  situación jurídica de las 3 mujeres se mantiene en una especie de limbo que resulta gravoso y angustiante. La publicación de ese abuso dentro del aparato de justicia tuvo aparejadas acciones legales, una de ellas la presentación de una queja ante la CNDH. La institución protectora de derechos humanos decidió, 2 años después, concluir la queja alegando que la investigación estaba justificada.

En Artículo 19 llevamos la defensa de Marcela y hemos constatado cómo el MP presenta información parcial e incompleta ante la jueza que le ha requerido en dos ocasiones toda la información contenida en el tomo 221.

Nuestra organización ha documentado de 2018 a la fecha 128 casos de acoso judicial contra periodistas; con lo que se demuestra el ánimo persecutor de quienes buscan la verdad y ponen en evidencia a los poderosos. En la lógica torcida de la procuración de justicia mexicana, quienes buscan la verdad son tratados como delincuentes. Como bien indica el primer párrafo del informe “Perseguidas” -citando al periodista John Gibler- “en Mexico es mas peligroso investigar un crimen que cometerlo”. La persistencia de estas prácticas ilegales y  corruptas confirman que las fiscalías mantienen su carácter de “brazo ejecutor” del gobierno en turno. En el caso de Marcela, Ana Lorena y Mercedes, muchos de los funcionarios que cometieron esos delitos en su contra se mantienen en sus cargos, indicando que no hubo una depuración real este sexenio.

Como dice Amnistía Internacional “ninguna de las tres ha obtenido justicia ni reparación integral del daño por las violaciones a sus derechos humanos. Además, las defensoras han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales”. Es inquietante e inaceptable que cualquier persona defensora de derechos humanos o periodista sea perseguida y criminalizada como represalia por su labor. Es indignante que el uso desviado del poder público, en este caso punitivo, se mantenga como práctica común. Pero es más preocupante que lo comencemos a normalizar.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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