El Partido del Trabajo (PT), desde el Congreso de Puebla, buscará castigar a manifestantes y personas encapuchadas que realicen actos vandálicos contra los bienes muebles e inmuebles durante protestas; en caso de aprobarse, se podrían castigar las pintas y daños con entre 3 y 10 años de prisión.
Por Osvaldo Valencia
Puebla, 24 de junio (Periódico Central).- Desde el Congreso de Puebla, el Partido del Trabajo (PT) buscará castigar a manifestantes y personas encapuchadas que ocasionen daño a bienes muebles e inmuebles de la entidad durante una protesta.
En caso de que los legisladores aprueben esta iniciativa del partido aliado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT-PVEM), la autoridad podría castigar las pintas y daños a edificios ocasionados en protestas, como las encabezadas en meses recientes por feministas e inconformes de la brutalidad policíaca en el estado.
La Diputada local del PT, Guadalupe Muciño Muñoz, enlistó la iniciativa de reforma al artículo 413 Ter del Código Penal del estado, en la orden del día de la sesión que se llevará a cabo este jueves 23 de junio y será turnada a comisiones para su análisis, como lo marca el proceso legislativo.
La propuesta plantea considerar como agravante del delito de daño en inmuebles cuando éste sea realizado “como parte de una manifestación y se tuviere el rostro cubierto al momento de hacerlo”.
Cuando se dañe, altere, destruya o deteriore la infraestructura urbana, de algún bien mueble o inmueble destinado a la prestación de un servicio público durante una protesta, la pena sería de 4 a 6 años de prisión y 360 a 500 días de trabajo comunitario.
En los casos donde los daños sean cometidos contra bienes mueble o inmuebles destinado a la prestación del servicio público de transporte la sanción será de entre 4 a 6 años de cárcel, un castigo mayor a la pena estipulada actualmente, que varía de los 3 a 5 años de prisión.
Sin embargo, cuando los daños en una manifestación sean cometidos al patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y/o cultural del estado, la pena se agravaría de 6 a 10 años de prisión.
El pasado 12 de junio, un grupo de manifestantes que protestaron por el abuso policial que provocó la muerte de Giovanni López, en el estado de Jalisco, generó pintas en la sede la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, durante las protestas feministas en apoyo a la no criminalización del aborto en el estado en septiembre de 2019, se registraron pintas en la sede del Poder Legislativo local.
