Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– Los padres de familia y compañeros de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos rompieron esta tarde el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) y con su titular Jesús Murillo Karam, por considerar que no es un interlocutor serio y no creen en la información que les ha dado, por lo que exigieron que sea el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien los reciba.
La línea de investigación que se sigue debe redireccionarse, exigieron, pues se está tratando de desvirtuar con acusaciones como las de que los alumnos ausentes tenían nexos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa, realizada en la Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas desaparecidos y los alumnos de esa escuela comentaron a la prensa que no se volverán a sentar con las autoridades hasta no ser recibidos por el Presidente Peña Nieto.
También, en entrevista con SinEmbargo, el vocero de los padres de familia, Manuel Martínez, anunció que están definiendo las siguientes acciones que darán en su exigencia de justicia y para que sus hijos aparezcan, por lo que entre hoy y mañana anunciarán los pasos a seguir.
Sobre la licencia al cargo que ayer pidió el Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, plantearon que ésta “no soluciona nada” y no les regresará a sus hijos y compañeros, por lo que también solicitaron que las autoridades investiguen a los gobiernos municipales y estatales no sólo por la tragedia del pasado 26 de septiembre, sino desde los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando fuerzas federales y locales atacaron una manifestación de los normalistas de esa escuela, asesinando a dos de sus alumnos y a un civil.
Ayer, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensores de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández señalaron que la PGR sólo busca la manera de justificar la matanza de los normalistas y civiles, además de los 43 desaparecidos por policías municipales en Iguala, y trata de ligarlos a la delincuencia organizada y grupos insurgentes.
Por su parte, el estudiante y vocero del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, Uriel Alonso Solís denunció que la PGR ha tratado de modificar las declaraciones que han hecho los normalistas a la dependencia.
Abundó que, al momento de firmar las declaraciones los estudiantes se han percatado de que los agentes federales que recogen los testimonios modifican los hechos, y han tratado sin poder lograrlo de incluir lo informado por el Procurador José Murillo Karam, de que lesionaron a un chofer que se resistió al intento de retener un autobús, hecho que desmintió.
Después de una peregrinación que realizaron este jueves de Tixtla a Chilpancingo, los representantes de las organizaciones afirmaron que hay una desviación en las investigaciones, porque la PGR está incriminando a los estudiantes de tener nexos con grupos insurgentes y la delincuencia organizada.
El pasado 20 de octubre, los familiares de los normalistas desaparecidos sostuvieron una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el subsecretario de la Segob, Luis Miranda Nava. Tras el encuentro, los padres afirmaron que la información que en ese momento las autoridades les brindaron, era “limitada e incompleta” y que por supuesto no había confianza en ellos.
Ese encuentro tuvo lugar en el hangar presidencial del aeropuerto de Acapulco, fue privado, y en él se realizó un balance sobre las investigaciones llevadas a cabo para localizar a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl de Ayotzinapa.
En ese momento, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que los padres no creían en las autoridades con las que sostuvieron el diálogo ni confían en ellas.
“No les creemos a las autoridades”, señaló en entrevista con medios. ”No se confía, no se tiene ni la más mínima confianza, acaban de decir ahorita los compañeros que la información que dan las autoridades es limitada, incompleta y por supuesto no hay confianza en ellos”, agregó.
