México, 25 Feb (Notimex).- A dos años de aprobada, la reforma educativa debe revisarse y, si es necesario, hacerle cambios que mejoren las condiciones laborales de los docentes, afirmó el diputado Jorge de la Vega Membrillo.
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en San Lázaro propuso revisar el impacto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque si bien protege a algunos, “a muchos no les da alternativas”.
Al participar en el foro Impacto de la Reforma Educativa en Educación Media Superior, aseveró que una reforma educativa de fondo en la educación media superior tiene que descansar en un presupuesto del tamaño del reto planteado.
Un presupuesto suficiente, dijo, es un elemento determinante y condicionante para atender la infraestructura y el equipamiento de escuelas, sobre todo hoy que es obligatoria la formación media superior, y su cobertura requiere espacios que respondan a esa gran necesidad.
Además, el legislador perredista subrayó que se deben considerar las condiciones laborales y administrativas de los maestros, pues todos los días llegan denuncias a la Comisión de Educación, por las “pésimas condiciones laborales” de profesores.
A su vez, Juan Pablo Arroyo Ortiz, coordinador sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, informó que a partir de este año los docentes de este nivel serán evaluados y tendrán tres oportunidades para demostrar su preparación.
De no lograrlo, los docentes serán reubicados en otra función pública o se les propondrá el retiro voluntario, pero “no correrlo”, y previamente se les capacitará, destacó el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con el funcionario, cada año se retiran unos tres mil profesores y 33 por ciento tiene más de 55 años de edad, y precisó que “no es asunto de boicotear la labor docente”, sino de hacerla más eficiente, y “no se afecta en absoluto la organización sindical”.
Se promoverán procesos efectivos de promoción de directivos en las escuelas estatales de ese nivel y se establecerá un modelo de supervisión mediante asesores técnicos pedagógicos.
“No será un proceso punitivo y no se lastimará a los docentes”. Los supervisores se cambiarán constantemente para evitar la corrupción y a los profesores de nuevo ingreso “se les designarán tres mil 500 evaluadores que estarán laborando en su totalidad en octubre próximo”.
Arroyo Ortiz resaltó que uno de los retos es alentar la vinculación de los jóvenes a la vida útil, a niveles familiar y social, a fin de que sean productivos, pues en cada ciclo escolar al menos 650 mil estudiantes abandonan su preparación educativa.
A nombre de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres, Leonardo Castrejón Álvarez pidió a la Cámara de Diputados reflexionar y retomar la reforma educativa, a fin de frenar los daños que provoca en los derechos laborales de los docentes.
El líder sindical destacó la importancia de que los cambios legales sean consensuados con los ciudadanos, con el objetivo de garantizar efectos positivos.
