Un amplio análisis de la revista británica dice que varios atropellos recientes han acumulado la presión para un cambio de estrategia en materia de seguridad. En lo que va de este año, cuatro periodistas han sido asesinados, uno más que en todo 2015; la Alcaldesa de Temixco fue ejecutada apenas un día después de asumir su cargo; 49 reclusos de la prisión de Topo Chico en Nuevo León murieron en un motín en febrero. “En el estado de Veracruz, cinco personas desaparecieron después de ser detenidas por la policía estatal, un horrible eco de la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes en Iguala”. Si el Presidente de México “quiere afianzar el Estado de derecho, los políticos corruptos, así como los mafiosos pistoleros, tendrán que rendir cuentas”.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Para que el Presidente Enrique Peña Nieto restablezca el Estado de Derecho debe ir contra los políticos y los criminales. Para que los mexicanos tengan confianza en que sus líderes son serios en el combate a la corrupción, los políticos tendrán que vigilarse a sí mismos.

Eso es lo que concluye The Economist en un amplio texto publicado hoy. Dice, textual: “Si Peña Nieto quiere afianzar el Estado de derecho, los políticos corruptos, así como los mafiosos pistoleros, tendrán que rendir cuentas. Su propuesta de un ‘sistema anticorrupción’ formado por agencias independientes se está abriendo camino en el Congreso. El propio Peña ha sido avergonzado por acusaciones de conflicto de interés relacionadas con el financiamiento de la casa de su esposa; una investigación lo exoneró de irregularidades. Para que los mexicanos tomen en serio a las acciones contra la corrupción de sus líderes, los políticos tendrán que vigilarse mejor a sí mismos”.

El reporte de la prestigiada revista británica cuenta cómo los números de la violencia han vuelto a crecer.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016, indica que el homicidio doloso a nivel nacional repuntó en enero pasado, al registrar 50 asesinatos diarios, cuatro más que los 46 contabilizados por día en el primero mes de 2015.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas esta semana por SinEmbargo, en enero de este año se reportaron mil 534 homicidios dolosos, 106 casos más que los registrados en el mismo mes del año pasado cuando se cometieron mil 428 homicidios. Es decir, hubo un aumento del 7.42 por ciento en los asesinatos.

Los mismos datos muestran que los secuestros y extorsiones disminuyeron en enero de 2016 con respecto a los del mismo periodo de 2015. Durante el mes pasado se perpetraron tres plagios y 12 extorsiones diarios, es decir un total de 97 y 382 casos respectivamente. Estas cifras son menores a los 110 secuestros y a los 390 casos de extorsión ocurridos en enero de 2015.

Pero por entidad, el Estado de México –de donde viene el Presidente Peña– y Guerrero se situaron a la cabeza de las cifras de homicidio doloso.

En el primer estado se reportaron 192 casos y en el segundo 166. Las cifras muestran una ligera disminución en los homicidios del Edomex, mientras que en Guerrero se registró un alza de 28 asesinatos. El Estado de México y Guerrero lideran las cifras de homicidios dolosos en la presente administración. El año pasado, el Edomex reportó 2 mil 303 casos, y Guerrero, con 2 mil 16. Durante el mes pasado, ambas entidades mantuvieron los dos primeros lugares en asesinatos. La primera promedio seis casos diarios y la segunda cinco.

Al inicio de 2016, la entidad que ocupó el tercer lugar nacional en el número de homicidios dolosos fue Baja California al casi duplicar el número de casos en un año. Mientras que a inicios de 2015 se tenía el registro de 52 asesinatos, en enero pasado esta cifra ascendió hasta 99.

VIOLENCIA INCONTENIBLE

El reporte de The Economist empieza narrando cómo la violencia en Acapulco se ha concentrado en la periferia del puerto, aunque los turistas no dejan de notarla. La vigilancia de los soldados en las playas, dice, no inspiran confianza. “Un canadiense, que empezó a ir a Acapulco en los 1970, dice que no regresará”.

“El derramamiento de sangre en la playa no cuenta toda la historia sobre el crimen en México. Muchas partes del país son más pacíficas de lo que eran, sobre todo en las zonas donde las guerras entre bandas de narcotraficantes ha terminado con victoria para uno de los lados. En Acapulco, en el suroeste del estado de Guerrero, la lucha por el control del comercio de la heroína, a partir de las amapolas cultivadas localmente, está haciendo furor. Algunos tipos de delitos, incluyendo secuestro y la extorsión, parecen estar disminuyendo”, dice el artículo de la revista británica.

“Pero después de tres años de un descenso en la tasa de homicidios a nivel nacional, en 2015 aumentó y ha seguido creciendo este año. El número de homicidios en enero fue un 11 por ciento mayor que en el mismo mes del año pasado. Esto no pronostica un retorno a la terrible violencia de 2010-2012; casi el 40 por ciento del aumento reciente se explica porque Guerrero está infestado de pandillas”, agrega.

Aún así, dice, “[la violencia] aumenta en gran medida la presión sobre el Presidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a ‘acelerar el paso’ en la seguridad para la segunda mitad de su mandato, que se extiende hasta 2018. Existe un sorprendente 99 por ciento de los delitos sin castigar, un nivel de impunidad que fomenta la delincuencia de todo tipo. México quedó en el lugar 58 de los 59 países del índice de impunidad mundial publicado recientemente por la Universidad de las Américas en Puebla”.

El artículo de The Economist dice que varios atropellos recientes han acumulado la presión para un cambio de estrategia. En lo que va de este año, recuerda, cuatro periodistas han sido asesinados, uno más que en todo 2015; la Alcaldesa de Temixco murió apenas un día después de asumir su cargo; 49 reclusos de la prisión de Topo Chico en Nuevo León murieron en un motín en febrero.

“En el estado de Veracruz, cinco personas desaparecieron después de ser detenidas por la policía estatal, un horrible eco de la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes en Iguala, cerca de Acapulco”, cita.

La revista recuerda que la respuesta de Peña Nieto al rechazo público causado por la desaparición de los estudiantes fue anunciar un programa de diez puntos sobre lucha contra la delincuencia. Pero se ha detenido el progreso, dice. Una Ley que permitiría al Gobierno federal a hacerse cargo de las administraciones locales infiltradas por el crimen organizado, se ha estancado en el Congreso “en gran parte debido a los temores entre los políticos de la oposición de que el gobierno podría abusar de su poder. También se ha quedado atascado una Ley que asigne un número de identificación único para cada ciudadano, lo que facilitaría el seguimiento de los presuntos autores de los delitos”.

“Las disputas políticas han detenido una medida que el Presidente considera de vital importancia, una Ley federal que sometería a mil 800, o menos fuerzas policiales locales de México, al control de los 32 gobiernos de los estados, una política conocida como Mando Único. Al igual que su predecesor, Felipe Calderón, Peña se basa en el Ejército y la Marina para combatir la delincuencia grave, pasando por alto a las fuerzas policiales locales. Bajo el Mando Único, las policías estatales, que son supuestamente más competentes y eficaces que las locales, podrían desempeñar un papel más activo”, señala The Economist.

El plan de Peña, agrega, está compitiendo con las propuestas presentadas por los partidos de oposición, una de los cuales permitiría a las grandes ciudades mantener sus fuerzas policiales. “Lo más probable es que con el tiempo se aprobará una Ley federal, en parte debido a que se cree que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene ambiciones presidenciales. Mientras tanto, el Mando Único se está aplicando de manera gradual; más de la mitad de los estados han introducido su propia versión. En Guerrero, sólo unas pocas ciudades han estado de acuerdo en permitir que el Gobierno del estado opere sus fuerzas policiales”.

“Las políticas no son la cura para todo, como el Gobierno suele pensar. Las fuerzas policiales estatales no han demostrado ser menos corruptas o más efectivas que las municipales. Funcionarios incompetentes sirven en ambos niveles. Cuatro de los siete policías estatales detenidos en relación con las recientes desapariciones en Veracruz, habían pasado las pruebas de confianza”, dice el artículo.

Gabino Solano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo a la publicación que el Mando Único podría descontaminar algunos de los cuerpos de la policía local que han sido infiltrados por el crimen organizado. “Pero lo que Guerrero necesita –agregó– es una respuesta federal rigurosa a problemas tales como la debilidad de la economía, la mala salud y la educación, y la guerra entre los grupos criminales”.

“La fragmentación [de las bandas criminales] es en parte consecuencia del éxito del gobierno en la caza de los jefes del crimen”, explica The Economist. “La administración de Peña ha ‘neutralizado’ a 99 de los 122 [capos] que destacó en 2013. ‘El gobierno ha demostrado que puede atrapar a los capos’, dijo Alejandro Hope a la publicación. Ahora bien, agregó el especialista, “tiene que demostrar que puede procesarlos y mantenerlos en la cárcel”

“También debe desmantelar sus organizaciones”, agrega la publicación. “Después de la decapitación de las bandas, el gobierno no ha podido incautar sus activos y arrestar a los cómplices más cercanos de los líderes”, dijo José Antonio Ortega, analista.

Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, llamó a los estados a establecer unidades de investigación económica que trabajarían con fiscales independientes para encontrar los bienes de los criminales, como fábricas y camiones.