Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- De ser acusadora, Marisela Morales pasó a ser acusada en uno de los casos más mediáticos que la Procuraduría General de la República (PGR) inició bajo su mando: el caso del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
En enero de 2012, la PGR confirmó que investigaba a Yarrington por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado, y en agosto, Marisela Morales, como Procuradora, confirmó que un juez federal había emitido una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.
La averiguación en contra de Yarrington está sustentada en declaraciones de testigos protegidos, que al no poderse comprobar sus dichos se ha hecho imposible para las autoridades aprehender al ex mandatario tamaulipeco.
En este caso, para abrir la averiguación en contra de Yarrington, la Procuraduría se basó en las declaraciones de los testigos protegidos “Jennifer”, “María Fernanda” y “El Pitufo”, quienes afirmaban que Yarrington recibía dinero de los cárteles de los Beltrán Leyva y de los Zetas, que incluso habían financiado su campaña política a la gubernatura.
Sin embargo, las acusaciones contra el ex mandatario tamaulipeco, poco a poco se derrumban, luego de que las autoridades no han logrado comprobar los dichos de los testigos protegidos utilizados por la PGR de Marisela Morales, en el pasado sexenio.
En días pasados, la defensa del ex mandatario presentó una denuncia de hechos contra algunas acciones y funcionarios de la PGR, entre ellos la ex Procuradora, así como en contra de los testigos protegidos “por falsedad de declaraciones”.
La querella contra testigos protegidos es por manejo desaseado de su utilización por parte de la PGR.
La ex Procuradora, Marisela Morales compareció este fin de semana ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) luego que se le acusara de revelar expedientes judiciales en el caso del ex Gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo con un reporte de MVS Noticias, Morales Ibáñez compareció desde su casa en una declaración por escrito presentada el pasado sábado, a pesar de que fue llamada desde la semana pasada.
Según la denuncia, Yarrington Ruvalcaba sufrió “violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos y sus garantías individuales” por parte de la entonces funcionaria federal, quien dejó el cargo el 1 de diciembre pasado.
La PGR notificó, el 23 de abril, el levantamiento del arraigo de propiedades que presuntamente pertenecían al ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, pues la dependencia no encontró suficientes elementos probatorios.
No obstante aún hay otra orden de aprehensión contra Yarrington por supuestos nexos con el narcotráfico, pero el ex mandatario tamaulipeco interpuso un amparo contra esa resolución, que fue remitido al Primer Tribunal Colegiado, quien resolverá en las próximas semanas si lo otorga o no.
La defensa del ex gobernador tamaulipeco confió en que se otorgue el amparo contra la orden de aprehensión, con lo cual, Yarrington podrá aparecer en público
LOS GENERALES
Una de las primeras declaraciones del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al asumir el cargo, el 1 de diciembre de 2012, fue que la actual administración terminaría con la figura del arraigo, un recurso del que abusó el anterior Gobierno para facilitar la tarea al Ministerio Público, pues le permite privar de su libertad a los indiciados para investigarlos, cuando debería ser al revés.
El arraigo va de la mano de otra figura de la que se abusó durante la anterior administración y su aparato de Justicia: la del testigo protegido.
Con base en declaraciones de testigos protegidos, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un proceso en contra del ex Subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, recluido en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, Estado de México desde mayo de 2012 por presuntos nexos con el Cártel Beltrán Leyva.
El semanario Zeta, de Tijuana, consigna que Dauahare fue declarado en absoluta libertad la tarde del 17 de abril. El Juez Tercero de lo Penal determinó que la PGR no había presentado conclusiones acusatorias contra el militar, y también otorgó la absolución a los inculpados de la “Operación Limpieza”, proyecto iniciado en 2008 y fundamentado en declaraciones de testigos protegidos.
El proceso penal tuvo su origen el 16 de mayo de 2012, cuando la coordinación “A” de Delitos contra la Salud de la PGR, arraigó al General de División Diplomado del Estado Mayor en situación de retiro, Tomás Ángeles Dauahare, junto a los Generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; al Teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, y al Mayor Iván Reyna Muñoz.
La acusación de la PGR se basó en las declaraciones de los testigos protegidos “Jennifer”, “Mateo” y Sergio Villarreal “El Grande”, quienes revelaron cómo los militares daban aviso al Cártel de los Beltrán Leyva sobre las acciones que el Gobierno Federal efectuaría en su contra.
Sin embargo, desde el 15 de enero de este año, el Procurador Murillo Karam, afirmó no haber corroborado los dichos que iniciaron la investigación. Así, dio un giro a la acusación sostenida cuando Marisela Morales estaba al frente de la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
De esta forma, las acusaciones no fueron corroboradas, y el 11 de abril, el Juez Raúl Valerio cerró el juicio contra el General en retiro, y otorgó 30 días hábiles al Ministerio Público Federal para presentar sus conclusiones, pero la instancia decidió -en 72 horas- abstenerse y no sostener su tesis.
EL “MICHOACANAZO” Y RAMÍREZ MANDUJANO
El uso de testigos protegidos por parte de la PGR durante la gestión de Calderón para encarcelar a ex servidores públicos de alto nivel, por presuntos nexos con el narcotráfico, no ha arrojado buenos resultados pues la falta de credibilidad en los testimonios de esas figuras, ha derrumbado casi todos los casos, otro de ellos el llamado “michoacanazo”, como se le conoce a la detención de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán por elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano el 26 de mayo de 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Uno a uno, los acusados obtuvieron su libertad tras no encontrarse sustento jurídico para mantenerlos en prisión.
El último de los acusados, el ex edil de Múgica, Michoacán, Armando Medina Torres, fue liberado el 12 de abril del año pasado.
En noviembre de 2008 fue detenido el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, en el marco de la Operación Limpieza, luego de que “Jennifer” y “Pitufo” lo acusaron de complicidad con los Beltrán Leyva. El ex funcionario fue liberado este año
“Yo probé que era inocente, él no probó sus acusaciones –Jennifer-. Son 57 tomos de pruebas los que yo aporté para demostrar las mentiras de este sujeto”, sostuvo Ramírez Mandujano en entrevista con Televisa.
El ex Subprocurador reprochó al gobierno del ex Presidente Felipe Calderón por haber “entregado su cabeza a Estados Unidos” en el marco de la “Operación Limpieza”, pero descartó que vaya a solicitar la declaración de algún funcionario o ex funcionario estadunidense relacionado con su caso.
Hasta ahora, el ex Presidente Calderón no ha hecho ningún pronunciamiento sobre estos casos mientras que la ex Procuradora, Marisela Morales fue nombrada el 16 de mayo por el canciller mexicano; José Antonio Meade como Cónsul en Milán, Italia.
