Como si hiciera falta recordarlo, el agua es vital para la reproducción de la vida, humana y no humana. Pero así como el agua es esencial para la vida, también lo es para el capital. Sin agua, no sería posible la reproducción del capital. Los distintos negocios capitalistas requieren el acceso, el control y monopolización privada del agua para la reproducción de sus negocios y ganancias. Sin agua no existirían la agroindustria, la minería, los negocios inmobiliarios, los megaproyectos turísticos, o industrias como la automotriz, etcétera.

Eso lo saben bien los sujetos que resisten el despojo privatización del agua. Como Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) en Guerrero: “Definitivamente nosotros tenemos clara la visión de que el agua, al igual que el petróleo, que la luz, se están privatizando, que esto es parte de lo que hoy sabemos, que solamente, y escuchen bien, el 0.2 por ciento en el planeta, es agua dulce, o sea, agua apta para el consumo humano; el agua se esta privatizando, y quien tenga represada el agua del río Papagayo (Guerrero), porque hay una concesión que han otorgado por cien años para tener la concesión de la presa La Parota, y quien tenga el agua, va a tener el poder del mundo, porque podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua” (entrevista en Radio Universidad de Guadalajara, 25 agosto 2015).

Según los datos oficiales, las aguas nacionales se destinan a consumos domésticos, al campo, industriales, públicos y para la generación de energía. De acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua (Repda), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 2022 había 522 mil 439 títulos de aprovechamiento de aguas nacionales.

Pero la actual Ley Nacional de Aguas, creada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se afianzó un sistema de explotación del agua para usos privados mediante el sistema de concesiones a particulares entregadas por 30 o 50 años. Este sistema de concesiones del agua promueve el despilfarro del recurso porque privilegia su explotación privada por sobre los usos comunes del agua.

El sistema de concesiones de explotación del agua además está altamente concentrado: dos por ciento de los concesionarios acaparan 70 por ciento del agua, la mayoría empresas privadas extranjeras como Constellacion, Coca Cola, empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, industriales y otras empresas extractivas, según Pedro Moctezuma Barragán, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos. Además el sistema de concesiones de agua, desatiende a los pequeños y medianos productores y concesionarios y desde Conagua se  pone “alfombra roja”  a los grandes intereses privados, de acuerdo al mismo Moctezuma.

El sistema de concesiones no solo está concentrado en pocos acaparadores del agua, sino que además es altamente ineficiente, pues el agua que entrega el Estado a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no es monitoreado, quizá deliberadamente. Conagua solo tiene 80 inspectores para vigilar el consumo que existe en más de 522 mil títulos de concesión.

Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, 97 por ciento de las concesiones “no tienen medidor y 93 por ciento de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta 15 por ciento del agua potable en México”.

No solo hay pocos inspectores, sino que las inspecciones mismas han bajado dramáticamente: “en los últimos cuatro años disminuyeron a más de manera importante las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua. En 2013 se hicieron 10,915 visitas, mientras que en 2022 se realizaron dos mil 812”. (https://bit.ly/3K86ytD).

Por todas estas razones decenas de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la coordinadora Agua para Todos han exigido la derogación de la actual Ley de Aguas Nacionales elaborada durante el mandato neoliberal del gobierno de Carlos Salinas para expedir una Ley General de Aguas que se ha elaborado después de decenas de foros y consultas públicas.

Desde febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4. En dicha reforma se dio un plazo de 360 días para expedir la nueva Ley General de Aguas, pero una década después los legisladores no han cumplido con dicha encomienda.

Es tiempo ya que lo hagan y que sustituyan la actual ley de carácter privatizador y que considera al agua como una mercancía antes que como un bien y un derecho público. Debe cancelarse la actual ley del agua mercantilista y sustituirla por otra que abogue el actual sistema de concesiones que beneficia el interés privado y las dinámicas de acumulación de capital.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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