Luego de más de una década del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el crimen marcan niveles históricos en todas las modalidades y, al mismo tiempo, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha impuesto récord.

Grupos civiles exigen que los recursos asignados a militares y marinos se transparenten, en especial porque el dinero invertido no ha servido para devolverle a los ciudadanos la paz y la tranquilidad.

“Hay todo un esquema de recursos que no se reportan ni se adjudican a las Fuerzas Armadas, pero que se gastan en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, lo que se aplican en algunos operativos conjuntos”, explicó Erubiel Tirado, profesor de la Universidad Iberoamericana.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil alertaron que hacen falta mecanismos de rendición de cuentas sobre el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas del país –la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar)– que año con año se han incrementado durante el actual sexenio, mientras que los niveles de inseguridad y violencia alcanzan cada mes máximos históricos.

Ya pasaron casi 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico y la inseguridad y violencia van en aumento. Los datos más recientes dados a conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano así lo muestran.

Hasta el cierre de agosto de 2017, las carpetas de investigación por homicidios dolosos sumaban 16 mil 318, cuando en 2016 se reportaron 13 mil 075 en el mismo lapso (19 por ciento de aumento).

Por secuestro se registraron 782 casos en el octavo mes del año, mientras que en 2016 el registro mostró 710 (9 por ciento de incremento de denuncias); por extorsión sumaron 3 mil 840 carpetas contra 3 mil 283 del año anterior (las denuncias crecieron un 14 por ciento) , y en la modalidad robo con violencia se reportaron 149 mil 241 carpetas de investigación contra las 107 mil 847 de agosto de 2016 (se denunció 28 por ciento más).

En los últimos siete años, destacó la organización, el presupuesto asignado a la seguridad subió 61 por ciento, de forma que el Gobierno federal gasta en combatir la violencia 18 por ciento del PIB nacional, lo que se traduce en 25 mil pesos por persona, aunque en estados como Guerrero asciende a 60 mil pesos por persona al año.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un aumento de 16 por ciento para el ramo de la Defensa Nacional en 2018, con lo que el monto del gasto programable –de ser aprobado en el Congreso– pasaría de 69 mil 407 millones de pesos a 81 mil 021 millones de pesos.

“Resulta llamativo [el aumento al presupuesto asignado a la Sedena] porque estamos en momentos de astringencia económica. Donde algunos rubros muy relevantes han sufrido recortes severos […].

“Y nos llama mucho la atención que buena parte de ese incremento se destine a conceptos transitorios. No sabemos, de entrada, cuál va a ser el destino de esos recursos”, explicó Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, quien consideró que esta disposición no refleja una buena práctica porque dificulta el seguimiento del dinero.

Los operativos del Ejército han ido en aumento de la mano de la política de seguridad para combatir frontalmente al narcotráfico.

Erubiel Tirado, profesor de la Universidad Iberoamericana, expuso que el rubro de la defensa ya cuenta con los recursos para el impacto que se trazó el Presidente Enrique Peña nieto al inicio de su sexenio.

El catedrático afirmó que hay indicios para pensar que México cuenta con presupuesto militarizado, contrario a lo que los grupos promilitares suelen argumentar.

“Hay todo un esquema de recursos que no se reportan ni se adjudican a las Fuerzas Armadas, pero que se gastan en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en algunos operativos conjuntos”, explicó.

“Otra cuestión es que las regiones y zonas militares y navales suelen recibir en especie apoyos de los gobiernos estatales”, expuso, por lo que el Ejército tiene otras formas de allegarse recursos materiales y financieros más allá de lo publicado en el PEF.

La militarización de la seguridad en México también ha contribuido a la generación de contratos, dijo el profesor, “actúan como empresarios, participan en licitaciones de obra pública y el propio Gobierno les paga”.

El argumento de no brindar información del manejo de recursos por ser un tema de seguridad nacional es ahora más difícil de usar para justificar la negación de información, sostuvo la directora de México Evalúa, gracias a la nueva Ley de Transparencia.

“Toda información que sea reservada tiene que justificar por qué es reservada. Pero ciertamente todavía es posible”, destacó Jaime.

RENDIR CUENTAS A LA JUSTICIA

“El problema no es que los militares estén ahí. El problema es que se están rotando y no aceptan la rendición de cuentas. Y creo que de una u otra forma se recordaba, en comentarios más radicales, la necesidad de que los militares sigan sujetos a las autoridades civiles”, dijo José Alfredo Zavaleta, investigador de la Universidad Veracruzana, durante su participación en la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, de la Universidad Iberoamericana.

Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a SinEmbargo que la justicia civil en México debe ser capaz de investigar los delitos castrenses.

“No se está ejerciendo el poder, la PGR debe tener y tiene para investigar delitos y violaciones de derechos de parte de los militares, para solicitar información de los militares sobre los delitos, hay un tema de no investigar la cadena de mando”, expuso Meyer.

“Lo vimos en el caso de Tlatlaya un Juez federal determinó que no había evidencia de la PGR para poder enjuiciar a los tres soldados acusados de homicidios y alteración de la escena”, agregó.

El informe del Centro de Derechos Humanos destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 135 quejas en contra las fuerzas Armadas en el sexenio foxista, ante las que emitió 11 recomendaciones. En los últimos 10 años, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se presentaron 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.

Las investigaciones, plantea el texto, se resumen en pocos casos para un país que lleva 10 años de emplear el Ejército en tareas de seguridad. Una estrategia que se hizo sin poner “los controles necesarios del actuar” de las Fuerzas Armadas.