La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que el empresario Martín Rodríguez, asesinado la semana pasada, estaría involucrado en una investigación sobre empresas fantasma. 

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El empresario Martín Rodríguez, asesinado la semana pasada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, habría estado relacionado con empresas fantasma y con Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se refirió este mediodía al caso luego de que ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que pronto destapará el vínculos entre empresas fantasma, “asociadas con el lavado de ml millones de pesos” de dinero público, delito que se cometió en las administración de Mancera Espinosa y José Ramón Amieva Gálvez.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la capital mexicana respondió a pregunta expresa: “Un empresario que recientemente fue privado de la vida está involucrado con esta investigación, está vinculado a una de las empresas a las que él pertenecía con esta investigación de fraude de mil millones de pesos del erario público”, dijo.

ASESINATO-EMPREAIO

Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios (CIE) y su escolta fallecieron durante un ataque directo por parte de sujetos armados en las calles de Georgia y Dakota de la colonia Nápoles. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

La liga de Rodríguez, el empresario acribillado en las calles de la colonia Nápoles, con Vázquez Reyes, quien fue detenido el 27 de febrero de 2020 y está acusado de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, debe ser plenamente esclarecida, además de que más servidores públicos y empresas fantasma estarían relacionados.

Actualmente, Vázquez Reyes está vinculado a proceso y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital mexicana. La Fiscalía ha presentado pruebas de que, supuestamente, el exfuncionario –considerado operador financiero de Mancera– creó una nómina especial con los salarios más altos del tabulador de la administración pública local, con la que se benefició a 58 familiares y personas allegadas, como cónyuges, hermanos y sobrinos.

Además se le acusa de un presunto fraude por más de 190 millones de pesos, que fueron usados para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del Gobierno de la CdMx.

Pero la principal línea de investigación se centra en el planteamiento de la FGJ-CdMx que apunta a que Miguel Ángel Vázquez, junto con tres exfuncionarios del entonces Gobierno de Miguel Ángel Mancera, suspendieron el pago de las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, que se encontraban en la Caja de Previsión de la Policía (Caprepol).

El supuesto delito se habría cometido del 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017, cuando Vásquez era presidente suplente del Consejo de Administración de la Caprepol, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos, según datos de la Fiscalía capitalina.

EL ASESINATO DEL EMPRESARIO

La tarde del viernes 22 de enero, sujetos abrieron fuego contra un empresario en calles de la colonia Nápoles, en Ciudad de México. El ataque dejó dos muertos y una mujer lesionada.

Las cámaras de vigilancia de la capital y el Estado de México dieron seguimiento al escape de los involucrados, quienes habrían disparado 21 veces contra el empresario y su escolta.

Al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta agredieron al empresario que se encontraba a bordo de una camioneta blanca.

La tarde del viernes 22 de enero, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) arribaron hasta la zona, entre las calles Dakota y Georgia, para comenzar con las indagatorias.

El Gobierno de México informó la semana pasada que el país cerró 2020 con 34 mil 515 homicidios dolosos, lo que supone una leve caída del 0.4 por ciento respecto a 2019, siendo la primera reducción de este delito en cinco años.