México

El Presidente acusa que hay presiones para descarrilar la investigación sobre los 43

27/09/2022 - 9:53 am

El mandatario federal aseguró que a pesar de las presiones, se tiene la “firme voluntad de hacer justicia”. Además, dijo a los familiares que su Gobierno continuará con la investigación para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes que el Gobierno “está recibiendo muchas presiones de todo tipo” con el fin de “descarrilar la investigación” sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, que tengo confianza de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir y como decía el General Torrijos: el que se aflige, se afloja”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, aseguró que no habrá impunidad para nadie y que se está actuando de conformidad con la investigación que realizó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que encabeza el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “Tampoco vamos a permitir que entren los zopilotes, y buitres, y halcones, y cómplices”, añadió.

“Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después. Vienen otras denuncias porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer las instituciones respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo y estoy atento a todo lo que está sucediendo”, afirmó.

“Todo mi respeto a los padres. Esto es lo único, lo más limpio, puro que hay. Lo más sincero. Lo más íntimo. Todo lo demás, porque hasta los más cercanos, supuestamente defensores, abogados, esos, ya es otro asunto. Hay unos auténticos y otros muy falsarios acostumbrados a traficar con el dolor humano, a sacar raja, a sacar provecho del dolor humano”, agregó.

Además, el mandatario dijo a sus “adversarios, conservadores, corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando que van a descarrilar la investigación”.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo federal se dan luego de que confirmara la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Sí, él va a dejar el cargo. Tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro Fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista […] El Fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”.

Hace apenas unos días, la Fiscalía se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la UEILCA contra militares, y no se sabe si fue en acuerdo con el ahora exfiscal. Eso por un lado. Por el otro, la renuncia viene después de la publicación del informe sin testar que realizó la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, quien exigió públicamente investigar y dar a conocer quién filtró el documento.

No queda claro el papel del Fiscal General Alejandro Gertz Manero en ambos temas; si fue él quien ordenó desistirse de las órdenes de arresto que pidió Gómez Trejo, y si el documento sin testar publicado por Reforma estaba en su custodia, y de allí, de la Fiscalía General de la República (FGR), se filtró.

La filtración del informe se da semanas después que Encinas presentó a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un “crimen de Estado” el caso de Ayotzinapa tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

En el reporte de Reforma se revelan nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes, y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Encinas no se pronunció.

El Subsecretario de Derechos Humanos consideró la filtración del informe “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”, y dijo en su cuenta de Twitter que las filtraciones “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.

Encinas anunció que solicitó a la Fiscalía General que inicie una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de lo que describió como una “grave filtración”.

Al lamentar la filtración, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos— dijo que esa acción “revictimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor”, y no a la prensa.

Asimismo, el Centro Prodh manifestó preocupación por las informaciones difundidas por la prensa de que la Fiscalía General de la República supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.

“Estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA (Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa)”, refiere el comunicado.

La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía General de la República al Juez de la ciudad norteña de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.

En el escrito se señala a Ventura Ramos de haber dictado “más de 120 libertades absolutorias” de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes.

Esta semana, el Juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado.

Encabezada por padres y normalistas, se realizó protesta a ocho años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. La Comisión de la Verdad dijo en agosto que se trató de un “crimen de Estado”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Ventura Ramos también absolvió este mes a quien era el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros procesos.

El Centro Prodh cuestionó el sábado que se denuncie penalmente a jueces por las recientes absoluciones, y planteó en un comunicado que “fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ) y Centro Prodh, exhortaron recientemente a la Fiscalía General a que recurra la absolución de Abarca y recordaron que esa sentencia se deriva de una “mala actuación” de la Procuraduría General de ese entonces y de una acusación que se presentó en 2014 que tenía “numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” lo que llevó a la exclusión de múltiples pruebas.

El proceso de Ayotzinapa tuvo un giro el mes pasado luego de que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe del caso. Poco después de la presentación del informe, la Fiscalía General de la República anunció que había emitido 83 órdenes de captura contra los involucrados en el caso, y fue detenido el exprocurador General Jesús Murillo Karam. El Gobierno informó la semana pasada que fueron apresados tres militares, entre ellos el General retirado José Rodríguez Pérez, quien fue el comandante del 27 Batallón de Infantería.

-Con información de AP

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