La democracia mexicana enfrenta uno de sus mayores desafíos. Las elecciones del 2024 serán las más grandes y complejas en la historia del país. El porvenir de México depende en mucho de que esaos comicios ocurran sin percances y con la certidumbre de que los votos fueron emitidos en libertad y debidamente contabilizados para definir el rumbo de la nación. Para llegar a ese momento se necesita que quienes estén encargados de organizar la elección cumplan con los requisitos esenciales de imparcialidad y competencia. El próximo 3 de abril terminan su encomienda cuatro Consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluido su Presidente. Su lugar será ocupado por cuatro nuevas personas que serán elegidos por medio de un proceso competitivo cuya etapa inicial se desarrolla ante un Comité Técnico de evaluación. Teóricamente el proceso debería llevar, primero a que los miembros del Comité Técnico sean personas probas, capaces e imparciales y luego a que la elección de los nuevos Consejeros se realice bajo los más estrictos estándares de objetividad.

Sin embargo, el proceso preparatorio ha tenido una salida en falso y ha observado insuficiencias, de tal suerte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de ordenar a la Cámara de Diputados elaborar una nueva convocatoria para la conformación del Comité Técnico, debido a que según una resolución del Tribunal, la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, violó en la referida convocatoria el artículo 41 constitucional.

En primer lugar, la Jucopo estableció indebidamente que el Comité Técnico le informara sobre el avance en el proceso de selección de los candidatos a Consejeros del INE, cuando esto le corresponde exclusivamente a ese Comité. Además, la convocatoria no distingue entre el procedimiento para elegir a tres Consejeros del que corresponde a la elección del Consejero Presidente. Finalmente, la convocatoria no considera un procedimiento que garantice la igualdad de género.

Esperemos que la nueva convocatoria se publique pronto y cumpliendo con los lineamientos del TEPJF.

De cualquier manera, este Comité estará conformado por dos miembros nombrados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO).

A pesar de que estas tres instituciones deberán volver a publicar sus propuestas de quienes serán miembros del Comité, ya tenemos una idea de quiénes serán estos, excepto en lo que corresponde a los miembros propuestos por la JUCOPO. En efecto, la Presidencia de la CNDH dió a conocer recientemente sus designaciones a miembros del Comité, sin considerar en la valoración a los miembros de su propio Consejo Consultivo. Seríamos muy caritativos si nos limitáramos a decir que los perfiles designados en la primera oportunidad carecen de la trayectoria que se esperaría. Cualquier observador imparcial llegaría a la conclusión de que se trata de nombramientos de personas que votarán los candidatos a Consejeros que rindan lealtad al régimen, en lugar de tener un compromiso inequívoco con la democracia.

El caso del INAI es diferente, pues su pleno designó colegiadamente y por unanimidad a dos altos perfiles con una larga trayectoria académica, profesional y de servicio público que garantiza su imparcialidad y eficiencia en la delicada tarea que enfrentarán.

Falta conocer la selección que haga por votación ponderada la JuCoPo de los tres miembros adicionales del Comité Técnico que realizará la selección.
La conformación del referido Comité es determinante en el destino del INE y de la democracia mexicana. En efecto, será este órgano transitorio y colegiado el que hará la depuración de los aspirantes a Consejeros del INE, evaluando sus méritos y conformando, como resultado de su trabajo, las cuatro quintetas con los candidatos a Consejeros del INE, de entre los cuales votarán los diputados por mayoría calificada para elegir a los nuevos Consejeros.

Todo esto sucede en medio de la tentativa presidencial de capturar al máximo órgano electoral de nuestro país. Que no quepa la menor duda de que los ciudadanos seguiremos estas designaciones y todo el proceso que viene. El futuro de nuestra democracia así lo exige.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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