Las comisiones del Senado para la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa presentaron un dictamen en el que plantean que los funcionarios públicos puedan hacer una “versión pública” de sus bienes con el argumento de que debe respetarse el derecho a la protección de datos. Esta propuesta fue presentada anteriormente por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) dejando fuera la iniciativa ciudadana “3de3”, que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbrago).-Las comisiones del Senado de la República presentaron una propuesta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la que dejan a disposición de los funcionarios la información que difundirán sobre su patrimonio, publica este día Reforma.

De acuerdo con la propuesta de redacción del artículo 29 de la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa, todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como la fiscal anualmente. Sin embargo, la propuesta de los partidos en el Senado indica que habrá una “versión pública” a fin de resguardar los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales “de manera razonable y proporcional”.

“No obstante lo anterior, el servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial”, apunta la propuesta con el argumento de que debe respetarse el derecho a la protección de datos.

El documento detalla que las declaraciones patrimoniales deberán incluir el monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que se desempeña e ingresos distintos a la prestación del servicio público. Además, la lista de bienes inmuebles de los que el declarante es propietario con datos de su ubicación y el año en que fueron adquiridos, así como de vehículos de su propiedad y de inversiones y cuentas bancarias.

Dicha declaración sólo podrá ser pública “con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 de la Constitución”, acota el dictamen.

La propuesta también protege al cónyuge del funcionario y familiares cercanos, pues también podrán negarse a presentar su declaración, algo que se planteaba como obligatorio en el proyecto original de ley 3de3 presentado por organizaciones civiles.

La iniciativa ciudadana contenía la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de conflictos de interés y de impuestos y preveía que los estuvieran disponible al público.

La Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

UNA INICIATIVA DE PRI Y PVEM 

Este dictamen fue presentado en el Senado el pasado 28 de abril por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM), cuya propuesta da libertad tanto a los servidores públicos como a sus familiares y dependientes económicos directos de hacer públicas las especificaciones de sus declaraciones patrimoniales.

Ese documento, firmado entonces por el priista Raúl Cervantes y Pablo Escudero Morales, del PVEM, incluye cinco de las siete leyes del SNA e incorpora la palabra “podrá” con respecto a  los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.

“Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, señala la propuesta de redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, con lo que da libertad a los funcionarios públicos de detallar o no su declaración patrimonial, dejando fuera la iniciativa ciudadana “3de3” que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.

La propuesta del PRI y PVEM es contraria a las exigencias de la Ley 3de3, pues no sólo da libertad a la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, también establece que sus familiares deberán otorgarles una autorización expresa para incluir sus datos en la declaración.

El pasado 6 de abril, integrantes de asociaciones civiles entregaron al Senado de la República 634 mil 143 firmas que exigen “un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.