Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el panista Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República, que se buscó acreditar la hipótesis del segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Durante años ha habido dos rostros. El primero Othón Cortez Vázquez. El segundo Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que hoy vuelve a estar en la mira.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero ha decidido, 30 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta (23 de marzo de 1994, Tijuana), y en medio del proceso electoral más grande la historia, retomar la tesis del complot. De eso se trata el “segundo tirador”. Durante años se dijo que Mario Aburto fue un asesino solitario y, por lo tanto, no era el brazo ejecutor de un grupo de conspiracionistas que querían deshacerse del candidato del PRI a la Presidencia de la República, aspirante a suceder a Carlos Salinas de Gortari.
“Es un asunto de Estado”, dijo la mañana de este martes el Presidente mexicano. “No puede quedar impune”, agregó Andrés Manuel López Obrador, dando aval a la decisión del Fiscal Alejandro Gertz Manero para entrar a un caso que exhibió, en su momento, la complicidad o la incapacidad de las autoridades para procurar la justicia. El reto de la Fiscalía no es menor, sobre todo porque muchos de los casos que ha tomado en estos años han resultado en contra de la representación pública.
El primer Fiscal del caso, Miguel Montes, aseguró que hubo una “acción concertada” para asesinar a Colosio, pero finalmente él mismo concluyó que Mario Aburto fue el único asesino y, por lo tanto, no era el brazo ejecutor de un grupo de conspiracionistas. Estas conclusiones no fueron avaladas por la esposa de Colosio, Ana Laura Riojas, quien murió ocho meses después del crimen.
Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el panista Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República, que se buscó acreditar la hipótesis del segundo tirador. Durante años ha habido dos rostros. El primero, Othón Cortez Vázquez. El segundo, Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es quien, según la Fiscalía, habría sido rescatado de la escena del crimen en Tijuana por quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón: Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
La hipótesis del segundo tirador se remonta al tercer Fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla, nombrado el 16 de diciembre de 1994 por el Procurador panista Antonio Lozano Gracia. Chapa Bezanilla aseguró que hubo un segundo pistolero que disparó contra el costado de Colosio y con base a la supuesta declaración de tres testigos, se detuvo a Othón Cortez Vázquez, quien integró la comitiva de choferes de las giras de Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari desde 1988 hasta 1994, a quien se le inculpó con testimonios inducidos luego de ser sometido a actos de tortura que siempre denunció.
Durante la tortura a la que fue sujeto, a Cortez se le pidió señalara al entonces Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, así como al General Domiro García Reyes, como quienes le habían ordenado ejecutar al contendiente, como reseñó el semanario Zeta, algo a lo que se negó. Othón Cortez estuvo alrededor de dos años preso en el penal de Almoloya de Juárez, conocido actualmente como El Altiplano, hasta ser absuelto de los cargos en su contra.
Othón Cortez Vázquez falleció el 14 de abril de 2020, víctima de un paro cardíaco, en busca de una reparación del Estado que nunca llegó. “Pablo Chapa Bezanilla, entonces fiscal especial para el caso Colosio, y a Antonio Lozano Gracia, titular en aquella época de la PGR, me destrozaron la vida y a la de mi familia”, declaró en marzo de 2009 Cortez Vázquez a W Radio, a la par que sostuvo que durante su encarcelación perdió un oído y desarrolló diabetes.
Del otro lado de la moneda, Pablo Chapa Bezanilla fue artífice de las investigaciones no sólo de caso Colosio, en el cual nunca pudo demostrar su hipótesis del segundo tirador, sino que también estuvo al frente del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del Presidente Carlos Salinas de Gortari, un caso por el que detuvo como autor intelectual a Raúl Salinas de Gortari, en una trama que involucró el pago millonario a una vidente y la alteración del caso con restos humanos “sembrados” en una propiedad de Raúl Salinas.
Por esta situación, en mayo de 1997, fue detenido en España Pablo Chapa Bezanilla, quien se encontraba desde febrero de ese año prófugo de la justicia, por los delitos de asociación delictuosa, informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial y violación de las leyes de inhumación y exhumación en relación al caso de José Francisco Ruiz Massieu. En octubre pisó suelo mexicano, en donde sólo pasó unos meses en prisión, hasta que en diciembre de 2005 un Tribunal confirmó la prescripción de los delitos en su contra.
EL SEGUNDO TIRADOR, ¿DEL CISEN?
Este lunes, horas después de que Luis Donaldo Colosio Riojas, político de Movimiento Ciudadano e hijo del candidato presidencial asesinado hace 30 años, pidiera al Presidente López Obrador amnistiar a Mario Aburto, el único detenido por la muerte de su padre, la Fiscalía General de la República (FGR) revivió la existencia de un segundo tirador que participó en el magnicidio en contra del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero sostuvo que este atacante está relacionado con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente encerrado en los Estados Unidos. Se trata de Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI, con un parecido físico a Mario Aburto Martínez, y quien fue investigado en su momento al haber resultado positiva la prueba de Harrison que se le practicó y por tener en su chamarra una mancha de sangre de dos centímetros de diámetro que era del candidato presidencial asesinado.
En su momento, Jorge Antonio Sánchez fue puesto en libertad bajo reservas de ley frente a todas estas acusaciones.
En el libro El tiempo pasa: de Lomas Taurinas a Los Pinos. de los periodistas del Semanario Zeta de Tijuana Jesús Blancornelas, Héctor Javier González Delgado, Adela Navarro Bello y Francisco Javier Ortiz Franco, se aborda un episodio que involucra precisamente a Jorge Antonio Sánchez y Genaro García.
El texto relata cómo 48 horas después del asesinato de Colosio, los dos agentes del Cisen —Sánchez Ortega y García Luna— acudieron a entrevistar a Rodolfo Rivapalacio, el coordinador de seguridad municipal del PRI, para conocer su papel en la gira del candidato.
“Semanas después, Sánchez Ortega se convertiría en uno de los nombres más mencionados para apuntalar la hipótesis periodística de un complot en el asesinato de Colosio, a partir de tres circunstancias. Una: que le detuvo en el lugar de los hechos la policía municipal. Dos: que en su chamarra se encontró sangre del candidato. Y tres: que le resultó positiva la no concluyente prueba de rodizonato de sodio, que se aplica para saber si una persona disparó recientemente una arma de fuego”.
En su libro Aburto testimonios desde almoloya el infierno de hielo, la periodista Laura Sánchez Ley describe a Jorge Antonio Sánchez Ortega “un hombre de ojos pequeños, ceja rala, bigote incipiente y melena crispada: idéntico a Aburto. Nacido en Rosarito, Sinaloa, (que) llegó a Tijuana cuando cumplió 12 años. En su juventud ingresó a estudiar la carrera de Derecho, pero no concluyó; fue militante del pri y apenas tenía cinco meses de haber ingresado a trabajar en la Secretaría de Gobernación cuando asesinaron a Colosio”.
En el tomo 3 del Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta elaborado por la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio entonces a cargo del cuarto Fiscal del caso Luis Raúl González Pérez señalaba que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido por personal de la policía municipal después del atentado “‘cuando corría hacia un vehículo volkswagen’ (según su versión porque se apresuró a avisar su superior jerárquico lo que había visto) y porque ‘su chamarra de color blanco se encontraba manchada de sandre’, según estabalece el parte informativo del día 23 de marzo de 1994”.
El informe señala que aunque la prueba de rodizonato de sodio que se le practicó resultó positiva, “más tarde, al no encontrarse alguna imputación directa en su contra y sí, por el contrario, testimonios que lo ubicaban fuera del círculo cercano al lugar del crimen se le dejó en libertad con las reservas de ley, lo que aumentó las sospechas de que por su calidad laboral este agente hubiera participado en el atentado”.
El documento señala que Sánchez Ortega estaba en el lugar, según explicó Alejandro Ibara Borbón, subdelegado del Cisen en Tijuana, para recabar “información del ambiente sociopolítico” y se le comisionó junto a los agentes Moisés Aldana Pérez y José Luis Pimental a cubrir la gira. También se señaló que al momento de su detención tenía una credencial de reportero, profesión que había ejercido años antes en Tijuana.
En el informe de la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio se señala que la mancha de sangre “es probable que haya ocurrido en el traslado que se hizo del candidato de la camioneta Blazer a la ambulancia en Lomas Taurinas”.
Con respecto al resultado positivo de haber disparado un arma de fuego, sostiene: “la carencia de pruebas que desvirtúe esta negativa (de haber disparado) y la imposibilidad de que por sí sola la aplicación de rodizonato de sodio confirme lo contrario, no es posible determinar si disparó contra el licenciado Luis Donaldo Colosio, o si realizó un disparo en algún lugar, pero sin evidencia alguna de que haya sido en Lomas Taurinas durante la terminación del mitin, existiendo la posibilidad técnica de que el resultado de la prueba química haya sido un falso-positivo”.
El mismo documento señala que 1 de junio y 25 de julio de 1994, los padres de Mario Aburto Martínez, Rubén Aburto Cortés y María Luisa Martínez, fueron entrevistados en el Canal 33 de Tijuana en los programas Ocurrió Así de Noche y Ocurrió Así. “En el primero de ellos, Rubén Aburto aseguró que Jorge Antonio Sánchez Ortega tenía reuniones a las que asistía Mario Aburto; en el otro programa, aseveró que hubo conspiración ya que su hijo Mario días antes del atentado se reunió con Sánchez Ortega”. No obstante, las autoridades determinaron que no había pruebas de que se conocieran.
No obstante, la segunda Fiscal especial del caso, Olga Islas de González Mariscal, señaló en su informe del 30 de noviembre de 1994, consideró que el acuerdo de libertad de José Antonio Sánchez Ortega resulta inexacto, “ya que en realidad sí había imputación en contra” y “desde luego, era perseguible de oficio. El 3 de mayo de 1997 ministerialmente dijo que desde el inicio de su gestión se plantearon 31 líneas de investigación y una de ellas era respecto de Jorge Antonio Sánchez Ortega.
En agosto de 2008, la revista Proceso dio a conocer que el agente Sánchez Ortega se encontraba en Coahuila haciendo labores de seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López. Para ese entonces, destacó el semanario, tenía dos años asignado a labores del Cisen en Coahuila.
Entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del Cisen destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal, Rubén Moreira.
