De acuerdo con testimonios de personas cercanas a las víctimas, la empresa San Miguel Tours se niega a hacerse responsable de las lesiones que registraron las dos mujeres.
Tijuana, 30 de abril (Zeta).– La comunidad de La Paz, Baja California Sur, evidenció un caso que ocurrió el 25 de abril de este año en la playa Balandra, en el que dos buzas fueron atropelladas en el Área Natural Protegida (ANP) por la embarcación turística “San Miguel III”; las víctimas resultaron con lesiones de gravedad que han puesto en riesgo su calidad de vida.
El caso se dio a conocer a través de testimonios de familiares, amigos y miembros activos de actividades marítimas, que reaccionaron con indignación ya que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no informó sobre el siniestro.
Días después de lo ocurrido, se exhibió la situación ya que, aseguran amigos de las víctimas, la empresa San Miguel Tours se niega a hacerse responsable de las lesiones que registraron las dos mujeres.
Según narran los testimonios, las víctimas se encontraban practicando buceo en el Área Protección de Flora y Fauna (ANFF) cuando la embarcación “San Miguel III” entró a exceso de velocidad.
Señalan que hubo intentos de las mujeres para detener a la unidad marítima que avanzaba hacia ellas: gritos, señas, pero nada bastó y fueron arrolladas en aguas de la llamada “playa más bonita del mundo”.
Prosiguen enfatizando que el capitán y tripulantes de “San Miguel III” no ayudaron a las dos mujeres, recalcan que sólo se detuvieron y al observar lo sucedido se marcharon de la ANP.
Las víctimas fueron trasladas de emergencia hasta los nosocomios más cercanos, con diagnósticos oficiales aún reservados, sin embargo, se confirma que familiares de una de las lesionadas, Patricia Alexandra Álvarez del Castillo, solicitan sangre para los procedimientos quirúrgicos que necesita tras el siniestro.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, lamentó lo sucedido y coincidió que deben reforzarse los esquemas de vigilancia en Balandra. En contraste, la CONANP no ha emitido ningún comunicado, mientras que la ciudadanía exige regulación marítima para una playa de la que, económicamente, se benefician diversos sectores.
