Decía Voltaire que “el último grado de perversidad es servirse de las leyes para la injusticia”. Esta frase la reprodujo hace dos días Jorge Fernández Villarreal en un tuit desesperado, recordando a las autoridades mexicanas que su hijo Jorge Fernández González se encuentra preso injustamente en el estado mexicano de Tamaulipas por el presunto asesinato de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans. He escrito abundantemente sobre el tema, revisé el expediente y hablé con la familia de Jorge. Estoy convencida de que él es inocente, al igual que muchas otras personas que, ya sea por motivos políticos, venganza, o simplemente por perversidad de las autoridades, se encuentran privados de su libertad —o fueron privados de la misma— bajo expedientes de muy dudosa calidad.

Dichos expedientes (y las investigaciones correspondientes) fueron integrados por una fiscalía estatal encabezada por un personaje ‘peculiar’, por decir lo menos, cuya trayectoria nos remonta a los tiempos más obscuros de la historia contemporánea de nuestro país en lo que se refiere al tema de la seguridad. Me refiero a Irving Barrios Mojica, quien fuera el autor principal del llamado “Michoacanazo” en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En esa ocasión se detuvo y se envió a prisión a más de 30 servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, quienes tuvieron que ser puestos en libertad por no acreditarse las pruebas de su culpabilidad.

En Tamaulipas —según lo que se afirma en muchos espacios, por muchas víctimas y a través de muchos medios— “se fabrican culpables”. Entre los casos más sonados de injusticia y sucio papel de la Fiscalía General de Tamaulipas están los de los periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra y Gabriel Garza Flores (este último muerto en prisión), Jonathan Rodríguez Cabanne y Susana Prieto Terrazas. Según entrevistas que he realizado en el estado, dichos casos no son aislados y se han multiplicado en los últimos cinco años. Muchos de estos casos siguen sin ser resueltos o el veredicto respectivo parece haberse dado bajo condiciones escalofriantes de fabricación de pruebas, torturas, testimonios falsos y faltas gravísimas al debido proceso. Ello se verifica en diversos testimonios y breves reportes en medios de comunicación locales y nacionales.

Actualmente, y en medio de un proceso complicado para elegir Gobernador de un estado flagelado por la injusticia y la delincuencia organizada en sentido amplio, nuestro Fiscal estatal estrella, autor del penoso Michoacanazo, vuelve a “hacer de las suyas” y parece operar ahora como instrumento político del Gobernador desaforado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En un intento que parece desesperado por parte del Ejecutivo estatal para apoyar a su candidato y para mantener impunidad en el marco de su proceso de desafuero, Barrios Mojica parece estar operando una especie de “Tamaulipazo”.

En efecto, la Fiscalía General de Tamaulipas libró recientemente órdenes de aprehensión contra políticos tamaulipecos que se consideran como enemigos políticos del Gobernador, entre los que destacan Carlos Peña Ortiz, Eduardo Gattás y Carmen Lilia Canturosas. Esto es inaudito. Parece increíble que el autor del penoso Michoacanazo —quien además podría permanecer en su cargo hasta el 2032 debido a ciertas reformas aprobadas en septiembre del año pasado— continúe al frente de la Fiscalía en un estado donde no existe la justicia y donde se fabrican culpables sistemáticamente, según múltiples testimonios recopilados.

Esta situación es verdaderamente trágica en un estado tan lastimado por el crimen organizado y la total impunidad. Llama mucho la atención la actitud del Gobernador y su Fiscal operando con alevosía y aparente bravuconería. Sin embargo, llama aún más la atención la inacción del Gobierno Federal y el Presidente de México en el marco de todo lo que ha acontecido en Tamaulipas en los últimos años. Me refiero a la masacre de Camargo (caso que misteriosamente quedó reservado por cinco años) hasta lo que podríamos llamar un “Tamaulipazo”, pasando por el fallido proceso de desafuero del Gobernador y crímenes de alto impacto supuestamente perpetrados por la policía estatal y que han quedado impunes.

A veces se podría pensar en una especie de pacto, que mantiene en la impunidad y da protección a regañadientes a un Gobernador que muchos consideran vinculado a acciones demasiado turbias y hasta criminales—y que pudo haber sido desaforado derivado de un nutrido expediente. Sorprende la aparente capacidad del Gobernador para sortear las adversidades y colocarse finalmente en el centro de la campaña electoral operando a favor de su socio y de él mismo para lograr la impunidad. Inclusive Netflix supuestamente transmitirá una saga sobre su proceso de desafuero.

Las fotografías con autoridades estadounidenses llaman también la atención. ¿Qué sabrá Estados Unidos que los mexicanos interesados en Tamaulipas desconozcamos? Según información reciente, en el vecino país no existe una causa (conocida a la fecha) que amerite acción directa contra el aún Gobernador tamaulipeco. Ello no sorprende pues García Cabeza de Vaca siempre vio por los intereses del vecino país y por las empresas transnacionales en el sector de la energía.

En Tamaulipas es difícil conocer la verdad pues rara vez se hace justicia; por lo tanto, se recurre frecuentemente a la especulación. Muchos hablan de una posible condición de sociopatía relacionada con el Gobernador y su Fiscal. Ello explicaría, en cierto modo, la actitud bravucona y las declaraciones temerarios de quien es acusado de varios delitos —entre los que destacan delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal—.

Sin embargo, llama mucho la atención el silencio del mañanero inquilino de Palacio Nacional con relación a las múltiples denuncias de la sociedad tamaulipeca y a la injusticia que reina en un estado clave fronterizo rico en recursos naturales estratégicos. Personas como Jorge Fernández González parecen haber sido abandonados a su suerte. Ellos se encuentran entre la espada de los criminales y la pared de quienes no pueden o no quieren defenderlos, es decir, de quienes se declaran abiertamente incompetentes —alegando independencia de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial—.

Algo parece estar muy turbio en la política tamaulipeca; algo apesta y aún no logro entender. El caso de los hermanos Carmona Angulo podría ser la clave de lo que estamos observando ahora. Uno de los hermanos Carmona Angulo fue ejecutado en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León y el otro hermano se acogió al Programa de Testigos Protegidos (Witness Security Program). Estados Unidos tendrá bastante información por seguro. Las aduanas, el huachicol, un tal JR; todo ello podría explicar lo que hasta ahora nos parece inexplicable.

El futuro de la política tamaulipeca se decide el 5 de junio y el futuro de un Gobernador (investigado por ser supuestamente corrupto y delincuente) se decide el primer día de ese mismo mes cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta las controversias constitucionales por el desafuero. El resultado de la elección para encabezar el ejecutivo estatal parece estar ya determinado y el Gobernador pareciera estar desesperado y aparentemente se la va a jugar hasta el final.

Morena y su candidato gris ganarían la elección en el estado. Todo parece indicar que los tamaulipecos cobrarán caros los múltiples agravios al Gobernador panista, ¿pero harán lo propio AMLO y el Gobierno federal? Sorprende el silencio en las mañaneras sobre Tamaulipas. Sorprende también una foto incómoda reciente del Presidente con el amparado Gobernador. Dijo Nicolás Maquiavelo que “un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas”.

Ojalá AMLO no rompa sus promesas y se haga justicia en el golpeado Tamaulipas. Ojalá el Presidente mexicano no deje solos a Jorge Fernandez, a su familia y a muchos otros privados de su libertad injustamente, incluyendo a las víctimas potenciales del Tamaulipazo. Ojalá los culpables de delitos flagrantes y aquellos “se sirven de las leyes para la injusticia” enfrenten un proceso justo y acorde a sus tropelías. El silencio y la inacción son el alimento de la desconfianza. Muchos hasta ahora, Presidente Andrés Manuel López Obrador, confiamos en su palabra y en que se haga justicia.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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