“Justicia para Chihuahua” –la estrategia de combate a la corrupción emprendida por el actual Gobierno de Chihuahua– ha sido el principal logro que presume Javier Corral Jurado, quien va de salida, sin embargo, la investigación hasta el momento no ha logrado cumplir las altas expectativas que generó: desarticular y llevar a proceso a toda la red nacional de corrupción que tejió el entramado de los desvíos públicos para campañas políticos en el año 2016.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– “No hay excusa” para que la Gobernadora electa de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, no dé continuidad a las investigaciones de la Operación Safiro ni para que su administración no salga exitosa de los procesos penales —en proceso y futuros—, aseguró el Consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza Cortés.
El funcionario estatal dijo que el Gobierno de Javier Corral deja en bandeja de plata el caso en contra del exgobernador César Duarte —detenido en Estados Unidos y que está en espera que se resuelva su extradición— y para seguir con las investigaciones a la red de corrupción que alcanzaría a altas esferas del priismo.
“Se les deja todo ganado, todo listo. Se les deja todo para que no haya errores. Se les deja todo para que terminen estos procesos (penales e investigación) y ya será responsabilidad de ellos si no lo hacen bien”, expresó en entrevista con SinEmbargo el Consejero jurídico.
Justicia por Chihuahua es como se le llamó a la política de combate a la corrupción que emprendió el Gobierno de Javier Corral Jurado para llevar ante la justicia a su antecesor, el priista César Duarte Jáquez —su principal promesa de campaña— y a su red de cómplices por el desfalco que generó a las arcas de Chihuahua.
“La Operación Justicia para Chihuahua es uno de los grandes legados de esta administración”, resaltó el pasado 16 de agosto, durante su Quinto y último Informe de Gobierno, el Gobernador Javier Corral, quien concluye su mandato el próximo 6 de septiembre.
Como parte de esa estrategia se realizó la “Operación Safiro”, una indagatoria de la red de desvíos del Gobierno de Chihuahua por 250 millones de pesos para financiar la campaña política priista en 2016, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del partido y el Gobernador de la entidad era César Duarte Jáquez. La citada indagatoria reveló que los desvíos a campañas priistas abarcan al menos siete estados: Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.
Aunque “Justicia para Chihuahua” ha sido el principal logro que presume el Gobierno saliente, ya que de la misma se obtuvieron 16 sentencias condenatorias, se ejerció acción penal en contra de 123 exservidores públicos locales, se libraron 92 órdenes de aprehensión y se dictaron 78 vinculaciones a proceso, la investigación hasta el momento no ha logrado desarticular y llevar a proceso a toda la red nacional que tejió el entramado de los desvíos públicos para campañas políticos. Esta red, según ha asegurado el gobierno de Chihuahua en diversas ocasiones, alcanzaría hasta altos funcionarios del PRI, como el expresidente Enrique Peña Nieto y al exdirigente del tricolor Manlio Fabio Beltrones, entre otros.
Al respecto, el Consejero Jurídico dijo que no han podido desarticular este entramado porque las otras entidades federativas que también se vieron afectadas no le entraron a la investigación.
“Es un tema nacional. La Operación Safiro le corresponde investigar a muchos de los estados, en donde también tuvieron desvío de recursos públicos, pero no hay ningún otro estado dentro del tema de investigación y persecución de los funcionarios que hayan podido participar en este tipo de delito”, expresó.
En Chihuahua aún hay varios litigios pendientes que se heredan a la siguiente administración; pues al menos 49 procesos siguen vigentes en los tribunales locales, una resolución de amparo promovida por el Gobierno de Chihuahua y otra controversia promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, también se deja para la siguiente administración “litigios en lo fiscal y en lo administrativo por más de 2 mil 500 millones de pesos que el Estado puede recuperar para devolver a los chihuahuenses”, informó el gobierno estatal.
Al respecto, Espinoza Cortés destacó que la Fiscalía de Chihuahua, ya con el nuevo Gobierno, deberá dar continuidad a la investigación.
“Se hizo mucho esfuerzo y trabajo que merece ser concluido, que toda la gente del equipo de la Fiscalía general del Estado, de la Consejería Jurídica, de todas las áreas de la Secretaría de Hacienda hicimos nuestro mejor esfuerzo y trabajo para combatir la corrupción en el estado. Se deja todo ganado en la investigación contra el exgobernador Javier Duarte y todos los procesos que están en camino”, dijo.
La Gobernadora María Eugenia Campos Galván ha sido acusada de ser parte de la nómina secreta del exgobernador priista César Duarte Jáquez. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua le abrió una causa penal en la que la acusa de recibir 9.2 millones de pesos y en abril pasado fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho pasivo en perjuicio de las finanzas estatales.
Cuestionado sobre si las acciones penales de la Fiscalía de Chihuahua en contra de la ahora Gobernadora electa ponen en riesgo la investigación que emprendió la administración saliente, a la cual Campos Galván ha acusado de linchamiento político, el Consejero Jurídico dijo que desconocía si el combate a la corrupción vaya a ser un tema prioritario para la nueva administración, no obstante, destacó que las nuevas autoridades deberán, por obligación, dar seguimiento a todos estos juicios y procesos porque en caso de no hacerlo podrían hacerse acreedores de responsabilidades penales.
“Es una cuestión de orden público y de interés social y que en caso dado de no darle seguimiento en puntual y con la debida diligencia pudiera tener responsabilidades de carácter penal y administrativo”, aseguró.
El funcionario detalló que tendrá que ser la ciudadanía quien deberá de vigilar y dar seguimiento a que el nuevo gobierno mantenga el combate a la corrupción: “Corresponderá ya a la ciudadanía el no permitir que este tipo de procesos se echen a la basura”.
RECURSO EN LA SCJN
El Gobierno de Chihuahua espera que en esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita la resolución al amparo interpuesto por Chihuahua para determinar si le da la calidad de víctima en el caso del desfalco cometido por 250 millones de pesos (mdp) a través de la llamada Operación Safiro para financiar campañas del PRI, lo que permitirá a la Fiscalía de Chihuahua continuar con la investigación.
El recurso fue presentado por el Gobierno de Chihuahua luego de que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República atrajo la investigación que desde 2017 realizaba el Gobierno de Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI, con el argumento de que los recursos que se desviaron eran federales. Después, la PGR a cargo de Elías Beltrán retiró los 21 cargos federales contra Gutiérrez, lo que provocó que el 1 de septiembre de 2018, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia exonerara al exsecretario adjunto del PRI.
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos en revisión que buscan reponer el proceso de investigación, ya que primero se atrajo “mediante maniobras” a la Federación “con malas actuaciones” tanto de ministerios públicos de la extinta PGR como de jueces federales, por lo que se exoneró a Gutiérrez Gutiérrez “sin tomar en cuenta al estado de Chihuahua en su carácter de víctima porque se afectó el patrimonio estatal”, según ha comentado el Gobernador Javier Corral.
Una resolución favorable de los ministros de la Corte, de acuerdo con el Gobierno de Chihuahua, significaría volver a examinar el no ejercicio de la acción penal que decretó la entonces PGR y también permitirá a las entidades federativas afectadas por la Operación Sáfiro una intervención activa en cualquier procedimiento penal, incluso en juicios de amparo, en su carácter de víctima.
Además, el fallo a favor daría la posibilidad para que se tenga que abrir o examinar el desistimiento de la PGR a favor de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Alejandro Gutiérrez era una pieza clave en la investigación “Operación Justicia para Chihuahua”, al ser el exsecretario General Adjunto del PRI nacional y un actor clave en la operación y la comunicación política de Gobierno y partido, entre Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones.
“No es un personaje menor, se trata de un personaje clave en una operación de desvío multimillonario que no sólo ocurrió en Chihuahua sino en varias entidades del país”, según dijo el Gobernador Javier Corral en su momento.
