Familias migrantes fueron desalojadas de un campamento en la Ciudad de México, mientras Donald Trump amenaza con imponer aranceles a México si no refuerza el control migratorio.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- La noche del martes 11 de marzo, mientras los aranceles al acero y al aluminio impuestos por el Gobierno de Donald Trump —bajo el pretexto del tráfico de fentanilo y la migración indocumentada— golpeaban las ganancias de esa millonaria industria en México, en la capital del país, personal de limpia desmantelaba las improvisadas viviendas de cartón y madera de decenas de familias migrantes.
Algunas se mantuvieron por mucho tiempo en el azoro, otras se ocuparon en buscar un alojamiento, otras se confundieron en la preocupación y otras más se resignaron y aceptaron irse a los albergues que les ofreció el Gobierno de la Ciudad de México, cuenta Samantha Mino, del Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC).
El martes pasado, el Gobierno de la Ciudad de México desalojó el campamento de familias migrantes ubicado en las cercanías de la Central de Autobuses del Norte. Unas horas antes, organizaciones de defensa de las garantías de esta población, reunidas en el GMFC, fueron convocadas de último momento para informarles que llevarían a cabo esta acción. Las autoridades se comprometieron a respetar los derechos de las personas afectadas.
Pero el “operativo no fue realizado desde un enfoque de derechos o cuidando a las personas”, dice Samantha Mani, del GMFC. Coerción, engaño, poca transparencia, intimidación, robo, falta de cuidado a la salud. Todo eso es lo que observaron integrantes de esa agrupación.
En ese campamento había unas 95 personas principalmente de origen venezolano, pero también de Guatemala, Honduras, Ecuador e incluso de México. El 30 por ciento de esta población está conformada por niñas, niños y adolescentes.
El personal de la Coordinación de Movilidad Humana de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, acompañado de policías vestidos de civil y trabajadores de limpia, llegó de noche para desmantelar las casas improvisadas. También de noche, en la oscuridad, entraron en vigor los aranceles de Trump, encareciendo el acero mexicano para su ingreso a Estados Unidos, incluso cuando ese país lo necesita.
De la contención a la reubicación: la estrategia de Clara Brugada
En diciembre de 2024, previendo que el tema migratorio podría complicarse en México una vez que Donald Trump volviera a la Presidencia de Estados, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, creó la Coordinación de Movilidad Humana, a cargo de Temístocles Villanueva, político y activista contra la discriminación.
Dicha coordinación es “la institución más robusta en temas migratorios en la historia de la Ciudad de México”, dijo Temístocles Villanueva a Sin Embargo en enero pasado. En ese momento adelantó que uno de los retos que afrontaría sería darle albergue a las más de tres mil personas que habitaban en los tres campamentos ubicados en calles de La Merced, en la colonia Vallejo y afuera de la Central de Autobuses del Norte.
En la Administración de Joe Biden, Estados Unidos buscó, como otros gobiernos, frenar la migración indocumentada. Sin embargo, se organizaron varias caravanas de migrantes desde países del Caribe, Sur y Centro de América. Además de personas del continente africano.
Buscando rutas más seguras y debido a que la aplicación CBP One, utilizada para agendar citas de solicitud de refugio en Estados Unidos, sólo permitía su acceso desde el centro y sur de México, muchas personas migrantes llegaron a la capital del país.
De 2018 a 2024, el número de detenciones de personas migrantes en la Ciudad de México incrementó 267 por ciento, con un pico de 667 por ciento en 2022, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Advertencias y coerción: cómo ocurrió el traslado forzado
Desde diciembre, Temístocles Villanueva se puso en contacto con las organizaciones en defensa de personas migrantes, relata Samantha Mino, como el Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC), integrado por la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (Cafemín), la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (Chirla), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Programa Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UI), entre otras.
“Lo que nos dijeron a nosotras y públicamente es que tenían el plan de ‘desactivar’ los campamentos. Después hablaron de ‘trasladar’ a las personas desde los campamentos”.
Finalmente, el martes pasado citaron a las diferentes organizaciones “de manera urgente. Nos avisaron con dos horas de anticipación y nos dijeron que la reunión iba a ser con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, cosa que no sucedió”.
En la reunión les informaron que trasladarían a todas las personas del campamento de la Terminal del Norte hacia los albergues de la Ciudad de México “Debido a una situación de inseguridad vinculada a dos homicidios ocurridos en la zona, en los que se señala el involucramiento de personas del campamento”.
No fue una reunión para llegar a acuerdos, señala la activista. “Pero sí se comprometieron a que el traslado sería bajo condiciones seguras, porque siempre les hemos expresado nuestra preocupación de que los desalojos de los campamentos se han realizado con abusos y violaciones a derechos humanos de las personas migrantes”.
Temístocles Villanueva, señala la activista, indicó que “se invitaría a la gente a que se fueran a los albergues, que no se les iba a forzar”. Sin embargo, cuando llegaron, si bien no les amenazaban directamente, les advertían que después de la Coordinación de Movilidad Humana iban a llegar elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y quizá de la Guardia Nacional y que no dependía de esa dependencia la forma en la que fueran a reubicarlos.
Samantha Mino resalta otros aspectos que se percibe como un abuso: “por ejemplo, “que fue durante la noche que llegaron los camiones de obras y limpieza. Y llegaron antes de que se presentara el personal de Coordinación de Movilidad Humana”.
Pese a que muchas personas aún estaban dentro de sus viviendas, el personal de limpieza comenzó a destruirlas. "La gente les pedía ‘no, esa casa es mía, están mis pertenencias’”. Algunas personas no se encontraban en el campamento porque estaban trabajando y cuando volvieron más tarde, no encontraron sus objetos personales y los pocos enseres, como parrillas y tanques de gas.
Además, hubo presencia de elementos “de seguridad ciudadana en los alrededores con armas largas” y algunos policías estaban vestidos de civil. Varias patrullas fueron enviadas al lugar, pero ninguna ambulancia o personal de salud. “Hubo una niña que durante el operativo tuvo un fuerte dolor de cabeza y no había nadie que le diera atención médica”.
Las personas y familias que aceptaron el albergue del Gobierno de la Ciudad de México fueron trasladadas al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Tepito y al CAIS Marina, cuyas instalaciones no conocen las organizaciones.
“Nosotras quisimos entrar varias veces para observar y monitorear las condiciones, pero nos lo impidieron en la administración anterior. Actualmente, la coordinación de movilidad humana nos ha dicho que es de puertas abiertas, que podemos visitarlo”. Y pronto lo harán.
