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Los casos de Teuchitlán y Tequila, en Jalisco, son apenas un atisbo, un destello, el barrunto de una violenta tormenta, que permite observar, sin mascara, crudo, vulgar, violento y grosero, el siniestro rostro del narcotráfico y exhibe dos capítulos dolorosos de una historia que documenta el sometimiento de muchos municipios de Jalisco al Cártel Jalisco Nueva Generación. Una historia de miedo, dolor, angustia, que, de boca en boca y casi siempre ajena al interés de las autoridades superiores, se narra, de pueblo en pueblo y de caserío en caserío, en muchas regiones de una entidad atormentada por las bandas del crimen organizado.

En el fondo de muchas de estas historias el argumento principal es el miedo, que paraliza a muchos funcionarios públicos, a quienes las bandas delictivas amenazan con hacerles daño a ellos y a sus familias. Esto es común en municipios que están alejados de la capital del estado, aunque no se pueden sustraer de esas amenazas los mismos alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Muchos, para no meterse en problemas aceptan ofertas que no pueden rechazar, hasta terminar convertidos en socios obligados y dúctiles de esas siniestras expresiones del mal.

El cáncer del crimen organizado profundizó sus raíces en Jalisco desde los años en los que gobernó el panista Emilio González Márquez, hasta la actual Administración de Jesús Pablo Lemus Navarro, que llegó postulado por el partido Movimiento Ciudadano, pasando por las administraciones del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y del también emecista Enrique Alfaro Ramírez. Hay vasos comunicantes en esta prolongada historia de violencia, dolor, sangre, impunidad y poco disimuladas complicidades, que han marcado la historia reciente del estado de Jalisco.

Con Emilio

Desde 2008 empezaron a suceder cosas muy malas en Lagos de Moreno, en la Región Altos Norte de Jalisco. Pero igual empezó a gravitar la violencia en torno a Tepatitlán, la joya de la Región Altos Sur. Ni la Administración estatal encabezada entonces por el panista Emilio González Márquez (2007-2013), ni la que le sucedió, la del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), hicieron lo suficiente para garantizar la seguridad y la tranquilidad en esa importante región alteña. Tampoco sucedió el milagro durante los seis años del emecista Enrique Alfaro Ramírez. Todas las expresiones delictivas, de los más diversos cárteles, han desfilado por esas dos regiones.

Teocaltiche, en la Región Altos Norte, en la frontera con Zacatecas, es un duro ejemplo de cómo la violencia ha ido carcomiendo el tejido social de Jalisco: experimentó el éxodo de más de 600 de sus pobladores en 2021 debido a la violencia generada por los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En el sureste de Jalisco, sucedió algo parecido en enero del 2024, cuando 150 familias de las localidades de Zipoco, El Carrizo, Panales y Petacala, todas ubicadas en el municipio de Santa María del Oro, fueron desplazadas debido a la violencia generada por los enfrentamientos entre bandas delictivas de Michoacán y Jalisco.

La gente de Jalisco recuerda un hecho de alto impacto que ocurrió el jueves 24 de noviembre del 2011 cuando el horror se trasladó hasta el corazón de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En tres vehículos dejaron abandonados 26 cadáveres en las inmediaciones de los Arcos del Milenio, donde se cruzan las avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas. Según información proporcionada por el entonces Secretario General del Gobierno panista, Fernando Guzmán Pérez Peláez, la mayoría de las víctimas murieron al parecer por asfixia; había un decapitado y algunos tenían pintada en el torso la leyenda "Milenio Zetas".

En un mensaje dejado junto con los cuerpos se expresaron amenazas contra el Gobierno de Jalisco, encabezado entonces por el panista Emilio González Márquez, y contra el Gobierno de Sinaloa, que lideraba el priista Mario López Valdez. Se les acusó de ser amigos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, entonces socio privilegiado de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, capos del Cártel de Sinaloa, a quienes se les atribuía el control de Jalisco.

Entre Emilio y Aristóteles

En la Región Ciénega hay un corredor del mal que comunica los municipios de Ocotlán y La Barca, del lado jalisciense, con Vista Hermosa, Michoacán. En las inmediaciones de La Barca encontraron, en fosas clandestinas, 74 cuerpos, entre noviembre del 2013 y enero del 2014, cuando daba sus primeros pasos el Gobierno del priista Sandoval Díaz. Herencia que quedó sembrada bajo tierra desde la Administración panista de Emilio González Márquez.

Habría que recordar también que el viernes 1 de mayo del 2015, en las inmediaciones Casimiro Castillo ocurrió un enfrentamiento entre elementos del Ejército y pistoleros que presumiblemente protegían al capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los delincuentes derribaron un helicóptero y mataron a ocho militares.

Ese mismo día el Gobernador priista Sandoval Díaz evidenció la fragilidad de la seguridad en Jalisco, al hacer un balance sobre 39 narcobloqueos -atribuidos al crimen organizado- que afectaron a siete municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 18 del resto del estado: reportó cinco gasolineras incendiadas, daños en 11 sucursales bancarias, 19 detenidos, 19 lesionados, 26 rutas de transporte afectadas, 36 vehículos quemados y dos comercios dañados.

En ese clima de violencia e inseguridad, el 12 de agosto del 2015, durante el Gobierno del priista Sandoval Díaz, se plantó frente a Palacio de Gobierno un contingente integrado por personas que dijeron ser originarias de Ocotlán, La Barca, Tamazula, La Huerta, El Grullo, Casimiro Castillo, Tonila, Unión de Tula, Zapotlanejo, Autlán de Navarro y Jilotlán, entre otros municipios de Jalisco. Advirtieron que si no les resolvían sus problemas de inseguridad podrían integran grupos de autodefensa. La regiones Sierra de Amula y Costa Sur incluyen a poblaciones como Autlán, El Grullo y Casimiro Castillo, en donde ha sentado sus reales Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el año 2015 se habían expresado muchas quejas en contra de la Fuerza Única Regional (FUR), la corporación policiaca de élite de la Administración del priista Sandoval Díaz, que operaba en municipios fuera de la Zona Metropolitana, acusada de cometer abusos, delitos y violaciones a los derechos humanos. Pero iguales quejas hubo contra policías de la Fuerza Única Metropolitana, acusados de detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo, lesiones, daño en las cosas y amenazas. Fue en esa época cuando se fortaleció el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Habría que recordar que entre el Gobierno del panista González Márquez y el del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz hubo un vaso comunicante muy fuerte. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, que en la Administración panista fue Secretario de Seguridad Pública en la entidad y en la Administración de Jorge Aristóteles desempeñó tres años el cargo de poderoso Fiscal General, con mando pleno sobre la Policía Estatal. El lunes 21 de mayo del 2018 un grupo de hombres armados trató de asesinar a Nájera Gutiérrez de Velasco, recién nombrado Secretario del Trabajo en Jalisco. El mismo agredido dijo que quienes lo atacaron era gente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para documentar la terca memoria habría que recordar que el viernes 21 de noviembre del 2014, en la ceremonia de inauguración de la Conferencia Anual de Municipios realizada ese año en la Expo Guadalajara, el entonces Gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz expresó: “Desde aquí debo decirles a mis alcaldes en Jalisco que no están solos, que estamos con ustedes, que no vamos a permitir que nadie del crimen organizado los presione o quiera entonces comprar candidatos para la siguiente elección”.

Hay alcaldes, en alejadas regiones de Jalisco que nunca recibieron ese apoyo. Generalmente no sucede en la práctica, pues el respaldo de la autoridad estatal se hace presente, en la mayoría de las situaciones, cuando ya pasó la emergencia y cuando los males difícilmente se pueden remediar.

Con unos cuantos policías mal armados, mal pagados y peor entrenados, pocos alcaldes resisten el arribo de caravanas de camionetas en las que se mueven fuertes contingentes de delincuentes mejor armados y equipados, que fácilmente someten a las fuerzas policiacas y a autoridades municipales.

Muchos de esos municipios están lejos, en la frontera sureste, limítrofe con Michoacán y Colima; en las regiones de los valles y las sierras que se comunican naturalmente con Nayarit y tiene colindancias con Zacatecas; pero igual padecen ediles de remotas poblaciones de la zona norte, allá donde la manita de Jalisco clava sus dedos en tierras zacatecanas.

Con Alfaro

“Nuestro estado fue entregado, hace muchos años; no quiero ni señalar culpables ni hablar de momentos específicos, pero distintos gobiernos, en distintos momentos, decidieron entregar el estado donde vivimos, donde viven nuestras familias, al crimen organizado, así de claro y así de sencillo”, señala el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un video que subió a su muro en la red Facebook, el lunes 24 de junio del 2019 luego de una reunión con funcionarios de la Fiscalía de Jalisco.

Pero otras voces también se han referido con preocupación al asunto. El cardenal arzobispo de Guadalajara José Francisco Robles Ortega denunció el domingo 6 de abril del 2025 que que en muchos pueblos de Jalisco quienes mandan son los jefes de plaza y no la autoridad formal que representan los presidentes municipales.

“No es el Presidente Municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza", alertó el arzobispo tapatío en conferencia de prensa. "Es el jefe de la plaza el que le dice al párroco: 'Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué horas quiere que toque la banda?'. Es el jefe de la plaza el que lleva el control de algo que correspondería a las autoridades municipales”, reiteró el cardenal José Francisco.

Las presiones del crimen organizado sobre los párrocos no son denuncia nueva y forman parte del catálogo de abusos que los delincuentes cometen en Jalisco. El jueves 30 de junio del 2022, en declaraciones publicadas por el periódico Mural, el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, el sacerdote Antonio Gutiérrez Montaño, reconoció que en Jalisco ni las parroquias se salvan del cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. Aunque no precisó dónde: “No quiero dar pista de dónde se da, por la seguridad de los mismos sacerdotes", dijo.

El sacerdote Gutiérrez Montaño lamentó que se tenga que llegar a estos acuerdos con los criminales, al pago de piso a los grupos delincuenciales para tener "seguridad", ya que son ilegales: “Se ha llegado a un acuerdo que legalmente no es lo ideal, sin embargo, por un bien superior, que es la vida de los sacerdotes y la vida de muchos integrantes de la comunidad, sí se da y se ha llegado a estos acuerdos”, precisó el vocero del arzobispado de Guadalajara.

Los policías

El 13 de septiembre del 2015 el Gobernador priista Sandoval Díaz informó que policías municipales Cocula, Casimiro Castillo, Jilotlán de los Dolores, Villa Purificación, Pihuamo y Unión de Tula, que desde el diciembre del 2014 fueron desarmadas para ser investigadas por irregularidades graves, volverían a realizar sus funciones en noviembre del 2015, luego de ser capacitadas y equipados con armas más modernas. Sin embargo, el comisionario del Estado, Alejandro Solorio, detalló que de los 170 elementos que conformaban las policías de estos municipios, sólo 48 pasaron las pruebas.

El 31 de julio del 2020, durante el Gobierno del emecista Enrique Alfaro Ramírez,  el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, informó que las instalaciones de las policías municipales de Jalostotitlán y Poncitlán fueron intervenidas por autoridades estatales en respuesta a denuncias de diversas irregularidades. Estas intervenciones se sumaron a las que ya se habían realizado en los cuerpos policiacos de Ixtlahuacán de los Membrillos y San Juan de los Lagos por motivos similares.

“En los últimos tres años más de 120 policías de 14 municipios se han visto involucrados en desapariciones forzadas, siempre argumentando que ‘trabajaron’ para grupos de la delincuencia organizada. Hay 49 vinculados a proceso y apenas tres sentencias dictadas en el lapso de tres años”, publicó el 19 de abril del 2021 el periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón, en el periódico el Occidental de Guadalajara.

El 6 de noviembre del 2023 el reportero del periódico Mural, Enrique Osorio, publicó que en casi 10 años el Gobierno de Jalisco realizó 26 intervenciones a comisarías municipales para investigar si sus licencias colectivas de armas estaban en regla y detectar si estaban infiltrada por la delincuencia organizada, pero los problemas en las corporaciones persistieron. De las intervenciones, 11 se hicieron en la Administración del emecista Enrique Alfaro, entre 2018 y 2024, y las restantes 15 durante la gestión del priista Aristóteles Sandoval.

El Alcalde narco

Por lo tanto, la historia del Alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, no es asunto nuevo ni caso aislado. Era observado, con justificado temor por los habitantes de su municipio que le consideraban el matón del pueblo, el delincuente que utilizaba su cargo para extorsionar, amedrentar, e inclusive hasta desaparecer personas y entregarlas al Cártel Jalisco Nueva Generación, al que le vincula la Fiscalía General de la República, que lo detuvo el pasado jueves 5 de febrero del 2026 en un operativo coordinado con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En la "mañanera" del viernes 6 de febrero del 2026 la Presidenta aclaró que en el caso de Tequila hasta personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al Presidente Municipal. Explicó que “a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer (jueves 5 de febrero del 2026).

“Es muy importante que sepan [que] este Alcalde es de Morena: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Fue un trabajo del Gobierno federal, eso es muy importante, que fue exclusivamente del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República”, precisó la Presidenta Sheinbaum Pardo.

El detonador de su caída fueron sus presiones a la empresa tequilera José Cuervo, a la que exigía un pago de impuestos que la empresa consideró una extorsión, que derivó en el amago de clausurar la destiladora. Luego de ese incidente hubo una mesa de negociación encabezada por la Secretraria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, en la que se acordó el pago de 17 millones de pesos que saldó el diferendo.

Las acusaciones contra el Alcalde morenista Rivera Navarro se acumularon a partir de su llegada al Gobierno municipal de Tequila el primero de octubre del 2024. Desde acusaciones de acoso y violencia de género; pasando por la clausura del Museo del Tequila para convertirlo en oficinas municipales; un concierto con Los Alegres del Barranco, en el que se hizo apología al delito en un homenaje musical al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hasta una larguísima cadena de denuncias por extorsiones a comerciantes y empresarios de Tequila. Al Alcalde de Tequila se le ha exhibido en fotos con prominente figuras de su partido, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el cacique de Morena en Jalisco, el Senador Carlos Lomelí Bolaños y la dirigente morenista estatal Erika Pérez García, que responde a los intereses de Lomelí Bolaños.

Teuchitlán

El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue asegurado por las autoridades en septiembre del 2024. Ninguna dependencia del Gobierno estatal o federal se hizo responsable de resguardar adecuadamente las evidencias de los crímenes que pudieron haberse cometido en el lugar. El asunto avanzó hasta marzo del 2025, cuando miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron que encontraron en el lugar tres crematorios de cuerpos, restos de dientes, ropa y cientos de zapatos abandonados.

El 4 de mayo del 2025 se informó en medios de comunicación de todo el país de la detención del Alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, por su vinculación con el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, al menos, como centro de operaciones y reclutamiento. Hasta la fecha es la única detención relevante de un funcionario relacionado con el caso. Para nada la autoridad ha citado a comparecer sobre el asunto al exgobernador Enrique Alfaro Ramírez o al actual mandatario Jesús Pablo Lemus Navarro, que en diferentes momentos y circunstancias, pero con el mismo énfasis, presumieron su amistad con el Edil de Teuchitlán.

Para erradicar el cáncer que agobia a Jalisco se requiere una depuración de fondo de la Fiscalía General del Estado, si consideramos que en junio del 2020 para justificar la represión policiaca contra jóvenes que protestaron por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Enrique Alfaro Ramírez explicó que la orden para desatar la violencia pudo haber surgido de alguna expresión del crimen organizado que habría infiltrado a esa dependencia, asunto que jamás se investigó. Pero igual es necesaria una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para investigar a las policías municipales y estatal de Jalisco, a los funcionarios estatales y federales involucrados con delincuentes y a los presidentes municipales entregados al narco. Sólo así.