Ciudad de México, 19 de abril (sinEmbargo).– Las violaciones acompañan las guerras en todo el mundo, aunque a menudo se las consideraba simplemente como un desafortunado efecto del conflicto, hasta que a finales de la década de 1990 Naciones Unidas las clasificó como un crimen de guerra. El martes 9 de abril, las agencias de ayuda dieron la bienvenida a la decisión de la presidencia británica del Grupo de los Ocho (G8) de concentrarse en la batalla contra lo que el secretario de Relaciones Exteriores, William Hague, llamó “el comercio de esclavos de nuestra generación”.
Un informe de la ONU publicado el mes pasado también sostuvo que la violación es utilizada en Siria, un país envuelto desde hace más de dos años en una rebelión contra el Presidente Bashar al Assad, como una herramienta para desplazar a la población y en particular por las fuerzas del gobierno contra las familias de los rebeldes.
El informe detalla historias de hombres forzados a violar a sus esposas e hijas durante las requisas de los soldados del gobierno, así como prisioneros violados o forzados a violarse entre sí durante su detención por las fuerzas de seguridad. Siria ilustra muchos de los problemas que las agencias de ayuda tienen con el enfoque del ministro británico Hague.
Hay muchos ejemplos de mujeres activistas atacadas: Hanifa Safi, una importante política afgana que defendía los derechos de la mujer, fue asesinada el año pasado al igual que su sucesora, Najia Siddiqi. En Kosovo, la activista Nazlie Bala recibió amenazas de muerte y fue brutalmente golpeada en la puerta de su casa el mes pasado, después de defender públicamente una propuesta de ley que daría apoyo financiero a las víctimas sexuales de los crímenes de guerra.
En el siguiente artículo de opinión, William Hague, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, explica por qué es urgente para el mundo dar prioridad en la agenda a la Iniciativa para prevenir la violencia sexual (PSVI, por sus siglas en inglés).
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POR WILLIAM HAGUE *
Con demasiada frecuencia, el mundo pretende poner fin a los conflictos y reconstruir las sociedades destruidas por las guerras sin abordar las razones mismas que hacen tan difícil esa reconciliación y que además pueden ser causa de violencia renovada.
La violación y la violencia sexual durante la guerra constituyen una de esas razones.
Hace unas semanas estuve en la República Democrática del Congo y me dieron la foto de una niña de cinco años que había sido violada. Según visitaba los campos de refugiados, los hospitales, las reuniones con aquéllos que luchan por lograr justicia, no hacía más que escuchar más y más historias terribles de vidas destruidas, de mujeres excluidas de sus familias, de familias rotas y de víctimas que habían contraído enfermedades mortales tras ser atacadas cuando iban a buscar leña. Y mientras tanto, los autores siguen con sus vidas como si nada, bajo un manto de impunidad vergonzosa.
En muchos de los grandes conflictos de los últimos veinte años, desde Bosnia a Ruanda, Libia a Sierra Leona, la violación se ha empuñado como un arma deliberada para marcar a los oponentes políticos o grupos étnicos y religiosos al completo. Las cicatrices infligidas no se curan con facilidad, y nunca desaparecen. Es más, con frecuencia destruyen a las familias y carcomen a las comunidades.
Desafortunadamente, la misma historia se está repitiendo una vez más en la actualidad, en Siria, de donde nos llegan informes terribles sobre civiles que han sido violados y torturados, y sobre violaciones que se están cometiendo con la intención deliberada de aterrorizar a los oponentes políticos.
Siendo líderes políticos de estados democráticos que creen en la dignidad humana, es nuestra responsabilidad tener una respuesta ante este reto. Tenemos que intentar parar este crimen abominable que ha afectado a tantas personas y trabajar para erradicar el uso de la violación como arma bélica.
No se trata de una tarea fácil y existen muchos obstáculos.
En primer lugar, está el temor y la vergüenza que sufren las propias víctimas. Es comprensible que con frecuencia sean reacias a denunciar la violación debido al estigma que conlleva. Esta reticencia se acrecienta dada la falta de apoyo físico y psicológico al que puedan recurrir las víctimas.
En segundo lugar, existe la dificultad de recopilar pruebas que puedan aportarse en juicio, lo que significa que muy pocos procedimientos tienen éxito. Desde 1996, unas 500.000 mujeres han sido violadas tan solo en la República Democrática del Congo, y únicamente una pequeña parte de estos casos han sido llevados a juicio. Esto no hace más que reforzar la cultura de la impunidad.
En tercer lugar, la comunidad internacional, en su repuesta al conflicto, tiende a tratar la violación como un tema secundario. Por ende, los supervivientes son abandonados, la financiación no es suficiente o simplemente se retiene, y los autores de los delitos campan a sus anchas.
Por último, las agencias de la ONU, las organizaciones locales y los defensores de derechos humanos que ayudan a las víctimas sobre el terreno no reciben el suficiente apoyo. En consecuencia, su financiación se ve gravemente cercenada y tienen verdaderas dificultades a la hora de responder de manera efectiva.
Todas son barreras que deben y pueden vencerse.
Les he pedido a los demás ministros de Exteriores del G8 que acuerden una declaración política histórica en la que conste nuestra determinación para trabajar hacia el fin de la violencia sexual en el conflicto armado, para abordar la falta de responsabilidad que existe ante la comisión de estos crímenes brutales y para garantizar el apoyo integral a las víctimas.
Pretendo conseguir un amplio conjunto de compromisos prácticos, entre los que se encuentren: reconocer que la violencia sexual grave y la violación son graves infracciones de las Convenciones de Ginebra; aumentar la financiación y el apoyo a largo plazo para los supervivientes; y el respaldo a un nuevo Protocolo Internacional en el que se establezcan unos estándares acordados para la investigación y documentación de la violencia sexual.
Estas medidas están dirigidas a mejorar la recopilación de pruebas y conseguir más enjuiciamientos, incrementar la confianza de los supervivientes para denunciar estos delitos, y garantizar que las víctimas reciben el apoyo a largo plazo que necesitan para reconstruir sus vidas con dignidad.
Pero esto es solo el comienzo. El apoyo que consigamos en el G8 lo utilizaremos para cimentar una coalición internacional sólida en la ONU y de forma más amplia contra la violación y la violencia sexual en época de guerra y conflicto.
El G8 representa a algunas de las principales economías del mundo, tiene un enorme alcance internacional y conjuntamente ejerce gran influencia. Cuando sus miembros se unen para conseguir un propósito común, son capaces de lograr que en el mundo ocurran cambios reales y duraderos.
Ese cambio duradero comenzará con un proceso cuyo objetivo es erradicar uno de los aspectos más devastadores del conflicto armado moderno, y abordar una de las principales razones por las que es tan difícil reunificar a las comunidades tras los conflictos. Es nuestro deber como líderes políticos de países libres y de seres humanos, destruir la impunidad de aquellos que recurren a la violación como arma bélica, y garantizar que sus víctimas no vuelvan a encontrarse nunca desamparadas.
* Especial para SinEmbargo y diarios asociados
