Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El periodista Pedro Celestino Canché Herrera fue detenido este sábado por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) acusado de sabotaje; la organización Artículo 19 lanzó una alerta en la que señala que la Procuraduría del Estado está violando la ley al detener al también activista que contaba con un amparo.
Canché Herrera, activista e indígena Maya, es un periodista independiente que trabaja en el municipio de Felipe de Carrillo Puerto. Desde el pasado 11 de agosto ha dado cobertura a la protesta que encabezaba un grupo de indígenas de su comunidad contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) debido al incremento de las tarifas y la instalación de medidores, detalla la organización en un comunicado.
Y señala que el pasado miércoles 20 de agosto, cerca de 100 manifestantes mayas que se encontraban en plantón en las instalaciones de la CAPA fueron desalojados violentamente por la policía municipal. De ese total, 40 fueron detenidos y nueve consignados ante el Ministerio Público adscrito a la PGJ de Quinta Roo, donde les fincaron cargos de motín, agresiones y ultrajes a la autoridad. Los hechos fueron documentados por Canché Herrera, quien compartió la información con compañeros periodistas de Cancún.
El jueves 21, tras darse a conocer la información de Canché Herrera, el Gobierno de Quintana Roo informó en un comunicado, que tras el desalojo, el Departamento Jurídico de la CAPA interpuso una denuncia penal contra los manifestantes detenidos, quienes presuntamente al rendir su declaración ministerial “reconocieron que fueron manipulados, auspiciados por intereses políticos. Incluso, la mayoría admitió que no vive en Felipe Carrillo Puerto y que los contrató una persona de nombre Pedro Celestino Canché Herrera para obstruir el acceso a las oficinas de la CAPA”.
Además, agregan que en si declaración Marisol Ceja Gálvez, una de las nueve detenidas, “confirmó que forma parte del Partido Morena y del Congreso Ciudadano y que fue contactada por Canché Herrera, quien se autodenomina periodista internacional y activista del Movimiento Nacional Ciudadano, [y ] que según la detenida, es la persona que paga los pasajes y estancia de gente de Playa del Carmen, Cancún, Holbox y Tulum que participaba en el bloqueo”.
Después de darse a conocer el comunicado, el periodista emitió una carta aclaratoria donde aseguró que no forma parte de ningún partido político, que es periodista independiente desde los 19 años de edad y que tras haber platicado con Marisol Ceja, a quien visitó en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, ésta le comentó que ella declaró por primera vez ante el Ministerio Público la noche del 21 de agosto, “mucho después de la hora que salió publicado” el comunicado del gobierno del Estado.
El activista compartió un video, el pasado 24 de agosto, en redes sociales y en su cuenta de Twitter, donde retó al Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a un debate público sobre las detenciones del 19 de agosto y además criticó fuertemente la labor del mandatario.
De acuerdo con Artículo 19, dos días después de la difusión del video, Canché Herrera recibió una serie de críticas y señalamientos negativos a su trabajo por parte de Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, quien en su cuenta de Twitter [linomagos] acusó a Canché Herrera, entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”.
Artículo 19 recordó que las autoridades públicas “tienen un especial deber de cuidado al emitir declaraciones que sirvan para atacar o aminorar la seguridad de periodistas, esto en virtud de su calidad de garantes de los derechos humanos tal cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Ríos y Perozo”.
Y señaló que las declaraciones, tales como las de Lino Magos, se oponen a los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano y va en contra a los estándares más altos en materia del derecho humano de libertad de expresión.
Además,recordó que el funcionario ha sido señalado por los directivos del Semanario Luces de Siglo, que se edita en Cancún, de ser una de las personas que a través de redes sociales difunde las portadas falsas de ese medio que ha sido clonado en 34 ocasiones en un lapso de tres años, 29 clonaciones de manera digital y cinco de manera física. Por esos hechos, un juez federal le ha pedido a Magos que se abstenga de seguir compartiendo las falsas portadas y de difundir mensajes “difamatorios, intimidantes o acusatorios” con ese medio.
Y señaló que el día que Canché Herrera recibió los mensajes intimidatorios de Lino Magos, el periodista se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por los hechos a los que dio cobertura como periodista, por lo cual tramitó un amparo que le fue otorgado por un juez el jueves 28 de agosto. Sin embargo el periodista fue detenido el sábado 30 de agosto por la mañana, trasladado a la sede la Subprocuraduría de la Zona Maya y encarcelado en la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto.
La organización también denuncia que el periodista Sergio Caballero, corresponsal de la revista Proceso en Quintana Roo, ayer recibió amenazas y mensajes de desprestigio en Twitter por informar de la detención de Canché Herrera.
Finalmente, Artículo 19 señala: “El uso del derecho penal para limitar o inhibir el ejercicio de libertad de expresión es una acción que no debe permitirse en un Estado que se considere Democrático. La criminalización del periodista Canché Herrera violenta los derechos humanos con severas repercusiones al ejercicio de la libertad de prensa tanto de él como de periodistas que cubren temas relacionados a los que motivaron este flagrante ataque a los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano en la materia, y que podrían generar la responsabilidad internacional de México”.
Y llama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CEDH), a que investiguen el presente caso y adopten las medidas cautelares pertinentes y en su caso emitan la recomendación pública respectiva.
Y destaca que corresponde a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) la investigación del aparente abuso de autoridad o de otros delitos cometidos en contra del periodista y que afectan tanto su libertad personal, integridad física, ejercicio de libertad de expresión y otros derechos humanos.
