El Gobierno de México, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que en el país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH están construidas “a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”. Previamente, James Cavallaro, presidente de la Comisión, había pedido al Estado mexicano reconocer la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta” y no tratar de “minimizarla hablando de casos aislados”.
Ciudad de México 2 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaría de Gobernación (Segob), la de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) dijeron, mediante un comunicado de prensa conjunto, que el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, presentado este día por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”. Concluyó que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper “el ciclo de impunidad imperante” que persiste en el país desde hace décadas.
El presidente de la Comisión y relator para el país, James Cavallaro, dijo a la agencia española Efe que es necesario que el Gobierno de México reconozca la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta” y no trate de “minimizarla hablando de casos aislados”. El comisionado llamó, asimismo, a eliminar las confesiones sacadas bajo tortura, por considerar que “envenenan” los procesos legales, y el caso “Ayotzinapa”, en el que desaparecieron 43 estudiantes de esa escuela en 2014, es un “ejemplo claro de eso”.
No obstante, el Gobierno de México, que encabeza Enrique Peña Nieto, aseguró que en el país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH están construidas “a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.
“En repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”, dice la respuesta del Gobierno a la CIDH.
El Estado mexicano dijo que en el informe final de la Comisión se incorporan referencias a las observaciones del Gobierno de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, “citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial.” Dijo que si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México,” éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”.
“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”, acusó el Gobierno mexicano.
Previo a la respuesta que la administración de Peña Nieto emitió en razón al informe de la CIDH, James Cavallaro comentó a la agencia Efe que si bien se reconoce “significativos avances” legislativos, constitucionales e institucionales, la respuesta estatal “sigue siendo insuficiente” para enfrentar la “grave crisis de violencia e impunidad”.
“El marco legal es muy bueno en México, con la Reforma Constitucional de 2011. La comparación entre la promesa jurídica de garantizar derechos y la realidad es tremenda. México ha ratificado todos los tratados principales tanto en el Sistema Interamericano como en Naciones Unidas”, señaló Cavallaro.
Por otro lado, Cavallaro denunció el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas en México, un dato que se obtiene al comparar los muertos con los heridos en enfrentamientos entre civiles con los militares (o la policía).
“Cuando se trata del uso legítimo de la fuerza, suele haber más heridos que muertos, porque la policía debe buscar incapacitar. Con las Fuerzas Armadas no es solo que hay más muertos que heridos, sino que llega a haber 25 veces más muertos que heridos”, explicó. “Hay que preguntar al Gobierno por qué desde abril de 2014 no dan esa cifra, no rinden cuentas. Porque en los países democráticos cada bala que se usa tiene un informe detallado. Lo mínimo es saber qué está pasando”, agregó el relator.
Al respecto, el Estado mexicano dijo que trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, dijo, “se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.
“El informe no valora que para el Gobierno de la República siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH. Además de ello, las numerosas audiencias públicas en que ha participado en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y las visitas de los Comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge”, respondió.
