La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó el 19 de septiembre del 2016 además de sus miembros a otras entidades de la ONU, instituciones académicas, organizaciones, sector privado y la sociedad civil a una Cumbre sobre migrantes y refugiados, en la que aprobó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, una declaración política acompañada por dos anexos, que sentará las bases para el Pacto Mundial sobre los refugiados y los migrantes en 2018.

Hubo puntos de vista a favor señalando que era una iniciativa sin precedente para ambos temas pero en particular para el tema de asilo y otras posiciones más críticas señalando que si bien no se desconocían sus bondades, no había que perder de vista que había Convenios, Tratados y Declaraciones Regionales vinculantes y que en estricto sentido, debía revisarse que se ha avanzado con ellas, para identificar las verdaderas voluntades políticas de los gobiernos en estos temas.

Con respecto a los refugiados, la Declaración de Nueva York establece el desarrollo de un Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, el cual intentará dar una respuesta más amplia, predecible y sostenible, basada en los principios de la solidaridad, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida.

En su discurso de apertura durante la reunión de Alto Nivel celebrada en Nueva York, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que con más de 65 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el mundo, ya sea como refugiados o dentro de sus propios países, no se puede seguir actuando como antes, se requiere una solución mundial que comprometa una serie de instrumentos y actores de la esfera política, de seguridad, humanitaria y de desarrollo, a través de acuerdos de cooperación predecibles, y esta es la palabra clave, predecibles; que estén activados aun antes de que llegue la crisis.

Para la agenda de asilo se entiende que este pacto sea una apuesta importante, dado lo relegado que ha estado el tema de la agenda internacional, más allá del acuerdo humanitario que hay, cómo eso se traduce a un acuerdo global para proteger en leyes y con programas específicos a todos aquellos que se ven forzados a desplazarse interna o internacionalmente.

Para México y la región, los retos en materia de asilo son grandes, se destacan por ejemplo fortalecer la capacidad de identificar y canalizar a personas necesitadas de protección internacional, brindar alternativas a la detención, representación legal a las personas solicitantes de asilo, promover políticas y programas para apoyar a comunidades receptoras de personas refugiadas e incluir a la población.

Para el caso México en 2015 se recibieron 3,424 solicitudes, el 2016 el número se elevó a 8,788 solicitudes, es decir, en un año el crecimiento fue de casi un 260 por ciento. La tendencia a 2017 va a la alza, de enero a agosto en el país se han recibido 8, 703 solicitudes. Estas cifras hablan por sí solas del reto que implica la protección internacional para México y del compromiso que debe de mostrar el Gobierno Mexicano en el abordaje de propuestas que den respuestas integrales y efectivas en la protección de los derechos humanos de esta población a nivel nacional y de cara a los compromisos internacionales.

Desafortunadamente en el tema de asilo y de migración la constante ha sido hacer sobre la marcha y con la crisis en la puerta, lo que ha traído como resultado políticas ineficientes, leyes con graves vacíos y seguir perpetuando las violaciones a derechos humanos de la población refugiada y migrante en el mundo.

Ante esta realidad, México y la región tienen una oportunidad frente al Pacto para personas migrantes y refugiadas de reajustar su política migratoria hacia directrices y prácticas que garanticen los derechos de esta población. Ojala se logré ser asertivos porque esa es la clave de cualquier política exitosa.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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