Una madre será indemnizada con 20 millones de pesos tras 11 años litigios. En 2004, la mujer fue canalizada al Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar, en la Ciudad de México, ahí su hija de tres años enfermó de varicela y falleció, luego de 10 días de negligencia por parte del personal gubernamental.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de la capital tendrá que indemnizar a una mujer con 20 millones de pesos por daño moral con motivo del deceso de su hija de tres años en un albergue para mujeres víctimas de violencia, ubicado en esta demarcación.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, tras 11 años de litigio, que la institución gubernamental se encontraba en una posición de garante respecto de la vida de la niña, sin embargo, el personal médico adscrito al albergue no realizó exploraciones físicas y no ministró antibióticos a la menor de edad en 10 días.
Los hechos ocurrieron en 2004, cuando la mujer, víctima de violencia intrafamiliar, acudió a buscar protección con sus dos hijos al Instituto de la Mujer del Distrito Federal, en donde fue canalizada al ‘Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar’. Pese a ser informada de la existencia de un brote de varicela y frente a la falta de ofrecimiento de otras opciones, la mujer aceptó su traslado ante la imposibilidad de volver a casa.
En el albergue y bajo la sospecha de que el hijo de siete meses de edad se había contagiado, misma que después de refutó, la familia fue trasladada al área de las personas que habían contraído la enfermedad. Ese mismo día, la niña de tres años se contagió de varicela.
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Tras 10 días durante los cuales la salud de la niña se deterioró, fue trasladada al Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde por primera vez le realizaron exploraciones físicas y se prescribió el inicio de un tratamiento con antibiótico. Horas después, ya de vuelta en el albergue, la niña falleció a causa de una varicela complicada con sepsis.
Por esta razón, la madre inició un juicio por responsabilidad civil en 2006, en contra del personal del albergue, de un médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya y, del Gobierno de la Ciudad de México.
La Primera Sala precisó que “la figura de los daños punitivos, que buscan castigar ejemplarmente a la parte responsable y desincentivar conductas similares en el futuro, resulta inaplicable tratándose de agentes estatales”, por lo que decidió no otorgarle el amparo al Gobierno.
La indemnización fue calculada partiendo de que “los hechos fueron sumamente graves al haber concluido con el fallecimiento de una niña de 3 años, contagiada por un brote de varicela –conocido con antelación a la llegada de la familia a ese lugar– dentro de la propia institución gubernamental”.
La Corte señalo que “faltó la valoración del impacto que los hechos tuvieron en la vida de la quejosa desde una perspectiva de género. Lo anterior se debe a que la decisión de romper con un ciclo de violencia intrafamiliar conlleva un proceso decisorio sumamente complicado, tras lo cual el albergue del Gobierno CDMX, lejos de permitir a la quejosa retomar su proyecto de vida, terminó por generar una serie de condiciones que concluyeron con el fallecimiento de la niña de 3 años.
“De esta manera, en lugar de convertirse en una parte fundamental del proceso para romper con la violencia de género, lo ocurrido obstaculizó ese proceso para la quejosa y la privó de su hija, a lo cual debe agregarse que durante las primeras etapas del proceso se pretendió responsabilizarla parcialmente por lo ocurrido”, concluyó la SCJN.
