Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– A una semana de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, que hasta el momento arrojan un saldo de cuatro personas muertas, sólo existe un detenido y un escueto comunicado de seguimiento del caso por parte Gas Express Nieto, empresa propietaria de la pipa que ocasionó la explosión que destruyó 75 por ciento de las instalaciones de ese edificio.

El reporte pericial preliminar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) establece que la fuga de Gas LP que generó la explosión, se originó por un desperfecto en la pipa que en ese momento abastecía de combustible al hospital.

El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, informó que hasta el momento se tiene acreditado que la única responsabilidad recae en el chofer, Carlos Chávez, ya que era el encargado de realizar las maniobras de abastecimiento.

“Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, destacó el titular de la PGJDF.

De acuerdo con informes del mismo Gobierno del Distrito Federal (GDF), hasta ayer permanecían hospitalizadas 17 personas, de las cuales 10 estaban próximas a ser dadas de alta.

Hasta ahora se desconoce el papel que ha tenido Gas Express Nieto tanto en la ayuda a los afectados, como en las investigaciones que se realizan por parte de la PGJDF, ya que sólo ha emitido comunicados de seguimiento del caso y de supuesta ayuda a las víctimas, así como una entrevista radiofónica de uno de sus funcionarios.

LA EXPLOSIÓN Y LOS CONTRATOS

El 29 de enero pasado, aproximadamente a las 7:30 horas, se registró una explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. El estallido generó daños en tres cuartas partes del hospital, con un saldo de 72 lesionados, 18 de ellos bebés en estado de gravedad, 39 casas dañadas, así como las escuelas de la zona.

La PGJDF inició desde la semana pasada una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones y los daños causados al inmueble, por lo que detuvo a los tres operadores de la empresa que despachaban el combustible, dos de ellos, a excepción del chofer de la pipa, ya fueron liberados.

Los términos de los contratos que la empresa sostiene con el Gobierno del Distrito Federal, por su parte, establecen que es el proveedor quien debe responder e indemnizar a los afectados en caso de accidente.

“El proveedor se obliga a garantizar que el personal empleado para entregar los bienes objeto del presente contrato cuente con el equipo y las medidas de seguridad vigentes emitidas por las autoridades competentes (…) por lo que en caso de algún evento fortuito o accidente, quedará bajo la responsabilidad del proveedor, el cual tendrá que resarcir los daños ocasionados de índole personal y/o a los bienes muebles e inmuebles, deslindando de toda responsabilidad al Gobierno del Distrito Federal”, plantea la cláusula de “medidas disciplinarias y de seguridad” de uno de los contratos con el GDF.

La empresa, por lo demás, también está sujeta a investigación. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), se inició un procedimiento para establecer las causas del accidente y las responsabilidades administrativas en las que pudiera haber incurrido la empresa.

“Verificadores de la SENER se trasladaron al lugar de los hechos e inspeccionaron el sitio de la explosión y el auto-tanque. Recabaron evidencia fotográfica y procedieron a la identificación del vehículo para verificar su autenticidad y la de los permisos correspondientes. La investigación administrativa se complementará una vez que cuente con los resultados de los dictámenes periciales que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”, expuso la dependencia federal en un boletín emitido la semana pasada.

Las sanciones, agrega, podrían ser: “Multas hasta de 225 mil veces el importe del salario mínimo, es decir 15 millones 772 mil 500 pesos” y revocación del permiso a la planta de gas a la que esté adscrito el vehículo “siempre y cuando la empresa haya incurrido en la violación de la regulación aplicable, en este caso la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010 Vehículos para el Transporte y Distribución de Gas L.P. Condiciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio del 2011”.

El viernes, un funcionario de la empresa mencionó que sólo los dictámenes periciales establecerán las responsabilidades debido a que no necesariamente podrían ser sólo de la empresa. “La fuga del hidrocarburo no nada más se notó en las inmediaciones del patio, donde estaba nuestro transporte. Una línea de investigación es que pudo haber gas acumulado en alguna otra área del hospital”, dijo Julio Larrondo, subdirector de Gas Express Nieto, en Radio Fórmula.

El entrevistado agregó que los empleados cuentan con defensa legal por parte de la empresa, y también que la compañía cuenta con un seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia y que indemnizará a los afectados.

Tan sólo con la administración pública federal, indica el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la empresa Gas Express Nieto ha celebrado al menos 362 contrataciones desde 2004, la mayoría por adjudicación directa, para suministro del combustible en diversos centros de trabajo de oficinas gubernamentales.

En total, de acuerdo con los datos oficiales, el Ejecutivo federal ha pagado unos 240 millones de pesos en 10 años a esta compañía.

Los convenios que esta empresa fundada en Querétaro en 1939 sostiene con el gobierno federal son adicionales a otros celebrados con otras administraciones, como el gobierno de San Luis Potosí y el del Gobierno del Distrito Federal, con el cual tiene contratos para distribución del combustible en 37 hospitales públicos.

En los convenios con el Ejecutivo destacan más de 50 realizados con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); entre ellos uno, el CS-DRN-SA-DOGS-012-2014, por 96.7 millones para el abastecimiento de gas licuado de petróleo en “diversos centros de trabajo” de la Delegación Regional Norte, vigente entre marzo y diciembre de 2014.

Otro más, también con la misma delegación del ISSSTE, es de 22.4 millones para el suministro del combustible en “unidades médicas y estancias de bienestar y desarrollo infantil en diferentes centros de trabajo”, vigente entre enero y febrero del año pasado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son otros clientes frecuentes de esta empresa implicada en el accidente del pasado jueves, con las cuales ha contraído, según el Portal de Obligaciones de Transparencia, 47 y 116 contratos, respectivamente.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Economía (SE) e incluso la Presidencia de la República aparecen también en la lista de entidades públicas que la han contratado.