Los habitantes del río Sonora, acompañados de la organización PODER, anunciaron hoy una nueva victoria legal en Estados Unidos, que ayudará a los siete amparos interpuestos en México. La casa matriz de la mina Buenavista del Cobre será obligada a entregar información sobre el derrame del 6 de agosto de 2014 en 13 categorías. Los Comités de Cuenca denunciaron también falta de atención a los enfermos, violación a sus derechos y un total abandono de las autoridades mexicanas y Grupo México.
Hermosillo, Sonora, 5 de agosto (SinEmbargo).- Los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora obtuvieron una victoria legal en Estados Unidos en su lucha por la reparación del daño y la remediación de la cuenca afectada, informaron hoy los Comités de Cuenca del Río Sonora a un día de cumplirse dos años de la que fue considerada por las autoridades mexicanas, el peor desastre natural en la historia de la minería en México.
Los afectados integrados en los Comités de Cuenca recurrieron a un tribunal de Estados Unidos para buscar justicia, debido a que en México las autoridades han incumplido sus compromisos y vulnerado los derechos a la salud, el agua, la participación y el acceso a la información de los afectados.
En conferencia de prensa en Hermosillo, informaron este día que un tribunal de Arizona falló a favor de los habitantes del río Sonora, pues un Juez ordenó a Southern Copper Corporation (SCC), casa matriz de Buenavista del Cobre, a entregar información sobre el derrame del 6 de agosto de 2014.
Esta decisión del Juez permitirá “fortalecer las acciones legales” de los Comités de Cuenca en México, debido a que en el país han visto obstaculizada la entrega de información por parte de las autoridades mexicanas y de la misma empresa.
El abogado de PODER Luis Miguel Cano indicó que en México continúan en proceso siete amparos interpuestos por los Comités de Cuenca en contra de la empresa y distintas autoridades. Estos amparos se han demorado, debido a que la compañía de Larrea ha buscado la forma de hacer lento el proceso.
“La empresa duda de las firmas de los demandantes y eso ha demorado el proceso de los amparos”, dijo.
Sobre el fallo en Estados Unidos a favor de miembros del Comité de Cuenca, explicó que la información se obtenga será importante para los juicios que se siguen en México.
“Es importante la presencia que han tenido los comités”, dijo y explicó que las autoridades mexicanas no sólo no han sancionado a la empresa, sino que le han dado nuevos permisos para su proyecto de expansión.
Entre esos permisos destaca la construcción de un nuevo represo de jales en Bacanuchi, el primer pueblo afectado por el derrame del 6 de agosto.
Southern Copper Corporation cotiza públicamente en bolsa en Estados Uhidos, tiene sede en Phoenix, Arizona, es propiedad de Grupo México y controla varias subsidiarias mineras del conglomerado de Germán Larrea Mota-Velasco. La orden del Juez implica que la compañía debe entregar 13 categorías de información.
La acción legal de los pobladores fue acompañada por PODER, el Despacho Jurídico de Lynn Coyle PLLC, con base en El Paso, Texas y la organización estadounidense Earth Rights International (ERI).
“Están en juego derechos humanos. A la vida. La responsabilidad no acaba con un monto de un Fideicomiso [dos mil millones de pesos]. En el tema de salud todas la autoridades son responsables”, dijo.
De acuerdo con PODER la empresa matriz tiene información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico de hace dos años.
“La información de Southern Copper Corporation permitirá conocer datos que Buenavista del Cobre ha estado ocultando y que se usarán en los juicios de amparo que se están llevando a cabo en México. Grupo México, mediante sus subsidiarias Southern Copper Corporation y Buenavista del Cobre, está utilizando todas las herramientas a su disposición para no entregar información sobre el derrame a los afectados y para evitar que éstos participen en las decisiones sobre la remediación de las consecuencias del mismo”, reveló hoy PODER.
La compañía de Germán Larrea se amparó incluso para evitar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique la información sobre evidencias del programa de remediación de la empresa.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha obligado a la dependencia a publicar todos sus estudios, resultados y el plan de remediación ambiental, sin éxito, agregó PODER.
NO HAN CUMPLIDO COMPROMISOS
A dos años del derrame las autoridades han incumplido sus compromisos y “vulnerando los derechos a la salud, el agua, la participación y el acceso a la información de los afectados”, indicó la organización.
“A dos años del derrame no hay ninguna planta potabilizadora funcionando y los habitantes del río Sonora continúan comprando agua embotellada o exponiéndose a la incertidumbre de no saber si el agua que están consumiendo está contaminada con metales pesados. El Plan de Remediación Ambiental continua sin publicarse, debido a que la empresa ha interpuesto varios recursos de amparo para impedir que se divulgue esta información. Al no hacer públicos estos documentos se vulnera el derecho a la participación y acceso a la información de los pobladores del río Sonora, ya que desconocen las afectaciones ambientales que están viviendo y las acciones que se llevarán a cabo para remediar la contaminación”, planteó PODER.
La organización recordó el cierre de la clínica provisional de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) el pasado 30 de junio de este año y la cancelación de la construcción del llamado Nuevo UVEAS que atendería a los enfermos.
Buenavista del Cobre retiró su apoyo económico sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. El UVEAS que operaría hasta 2029 era una de las medidas de reparación a la que se comprometieron las autoridades.
“La empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso creado por la empresa y el gobierno para dar atención a los afectados”, señaló PODER.
La organización acusó a las autoridades de no dar seguimiento a la salud de los afectados por el derrame del 6 de agosto.
Los metales pesados, explicó, son bioacumulables, por lo que las afectaciones tardan meses o años, en aparecer.
Aunque los Comités de Cuenca y PODER han insistido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni el Fideicomiso Río Sonora han presentando la información actualizada sobre los enfermos.
La población enferma se suma también a la pobreza. De acuerdo con la organización la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) incumplió con el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores agropecuarios de los siete municipios afectados.
“El Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún estudio socio-económico para definir el destino y reparto del monto de 2 mil millones de pesos para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación”, planteó la organización.
Los Comités de Cuenca y PODER anunciaron que mañana, al cumplirse dos años del derrame, partirán en caravana de Hermosillo hacia el ejido Bacanuchi. Ahí se realizará un acto “simbólico de resistencia” en las instalaciones del proyecto de expansión de Buenavista del Cobre.
