Se acerca el centenario de la promulgación del texto con base en el que se ha construido el contrahecho edificio constitucional mexicano. Mitificada como el resultado de las demandas sociales que se expresaron de manera violenta durante la revolución y enaltecida como la primera Constitución del mundo que incluyó los derechos sociales, la Constitución mexicana de 1917, al igual que sus predecesoras las de 1824, 1836, 1843 y 1857, fracasó desde el principio como marco para regular pacíficamente las disputas por el poder y sólo ha funcionado parcialmente como auténtico cuerpo normativo a partir de la cual se deriva el conjunto del marco legal de derechos y obligaciones sociales, los derechos de propiedad y las reglas para disputar y ejercer el poder político. Concebida por la élite política más como un proyecto de reforma social que como la ley suprema con consecuencias jurídicas concretas, durante la mayor parte del tiempo de su vigencia formal su cumplimiento ha sido en buena medida simulado, al grado de que el fundamento constitucional del poder en México ha sido una ficción aceptada.

La historia constitucional de México ha sido una serie de fracasos. La carta de 1824, que al principio provocó una suerte de euforia constitucional entre las élites del naciente país independiente, falló en cuanto se tuvo que resolver la primera sucesión presidencial; las reglas establecidas para la elección, copiadas de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que disponían el voto indirecto a partir de cierto nivel de renta y que se basaban en el principio de que el ganador se lleva todo, no fueron aceptadas por Vicente Guerrero, quien arguyó haber obtenido la mayoría del voto popular, mientras que su contrincante Gómez Pedraza se hizo con el triunfo entre los electores de segundo grado. La perspectiva de irse a su casa durante cuatro años era intransitable para el caudillo con hueste a la cual mantener, por lo que apoyado por el motín popular se impuso al Congreso y marcó el final del consenso constitucional de la primera república.

Sin duda la razón principal del fracaso constitucional se debió a que no se había consolidado el Estado como organización capaz de controlar el territorio e imponer sus reglas y la disputa en torno al poder y a los derechos de propiedad estaba abierta, pero no fueron menores los defectos del diseño institucional de aquella primera Constitución, en buena medida copiada de la de Filadelfia de 1787, con elementos entresacados la de Cádiz de 1812.

 La segunda Constitución, la de 1836, trató de innovar en el diseño institucional con la creación del Supremo Poder Conservador, una suerte de intermediario entre el poder ejecutivo y el legislativo, precedente de los tribunales constitucionales desarrollados posteriormente en el constitucionalismo. El conflicto entre los dos poderes consubstancial al régimen presidencial se había ya hecho evidente. Sin embargo, de nuevo se trató de un texto fallido en su capacidad de institucionalización, pues no contó con el consenso entre los actores políticos relevantes. El intento de 1843 quiso resolver el poder arbitrario alcanzado por los caudillos locales con base en el diseño federal, por lo que estableció un modelo centralista, pero también acabó por resultar fútil pues las fuerzas centrífugas, que ya habían llevado a la independencia de Texas en 1836, jugaban en contra de los intentos de construir un poder nacional fuerte.

El fracaso de la Constitución de 1857 se hizo evidente al poco tiempo de su entrada en vigor. El propio promotor del Congreso Constituyente, el presidente liberal Ignacio Comonfort, se dio cuenta de que con esas reglas nadie iba a poder gobernar, ya que el diseño pensado para evitar la tiranía de un solo hombre conducía a una presidencia maniatada por el Congreso. La vigencia formal de aquel texto, después sacralizado porque en su nombre se libraron dos guerras de la que resultaron triunfadores sus defensores, se logró sólo gracias a la existencia en sus preceptos de la posibilidad de que el Presidente obtuviera poderes de emergencia para gobernar por encima de la Constitución misma. Juárez y Lerdo ejercieron el poder en su nombre pero sin cumplirla en los hechos, gracias a las facultades extraordinarias obtenidas de congresos aquiescentes, elegidos a través del fraude electoral.

Emilio Rabasa en 1912 documentó largamente las razones por las cuales la vigencia formal del texto constitucional había acabo siendo una simulación: la debilidad de la presidencia, un congreso poderoso pero irresponsable, el voto universal en un país de enorme desigualdad, pobreza y analfabetismo, lo que condujo a la simulación del voto rural y a que las elecciones fueran controladas por los intermediarios hasta que el gobierno central se hizo cargo de la superchería… Las fallas en el diseño fueron, de acuerdo con Rabasa, claves para que la Constitución de 1857 acabara como un mito cuya vigencia real era mera simulación, pues el Presidente de la República acabó por someter a los otros poderes a su autoridad.

La Constitución de 1917 no corrió con mejor suerte. Como su antecesora de 1824 fracasó a la hora de la primera sucesión que debió resolverse con sus reglas. El caudillo Obregón sabía que no podía confiar en una elección controlada por el presidente Carranza, quien lo quería marginar del proceso, y se levantó en armas. Ya en el poder, el diseño presidencial de separación de poderes le llevó a enfrentarse al Congreso, pues a pesar del fortalecimiento relativo de la presidencia buscado por Carranza y los constituyentes, la presidencia tenía que enfrentar la falta de coincidencia entre su mayoría y la del legislativo. Para someter a los diputados y senadores, Obregón echó mano de la corrupción y la coerción y estableció el mecanismo de control del Congreso que predominó hasta la creación del PNR y la prohibición de reelección consecutiva de legisladores en 1933, mecanismo que hizo depender las carreras políticas de la disciplina mostrada al partido, primero, y al presidente después.

Durante toda la época clásica del régimen del PRI la vigencia de la Constitución de 1917 fue tan simulada como la de 1857 durante el Porfiriato. Sólo a partir de la desaparición del monopolio político, con la pluralidad y las reformas de 1995 a la Suprema Corte de Justicia para convertirla en un tribunal de constitucionalidad, la vigencia efectiva de la Constitución se ha fortalecido y ha mostrado de nuevo los problemas que genera su cumplimiento sobre la gobernación eficaz.

 Es cierto que no todo el fracaso constitucional a lo largo de la historia de México se ha debido a los problemas de diseño de las sucesivas cartas. Otra fuente del fracaso de un orden constitucional plenamente vigente —en ninguna medida menor— ha sido la percepción tanto por parte de las elites como de la sociedad en general de las sucesivas constituciones como productos de la imposición de los vencedores sobre los derrotados y no como resultado de un amplio consenso nacional. El debate abierto recientemente en torno a la reforma petrolera muestra cómo, después de caso doscientos años de vida independiente, sigue sin resolverse plenamente el litigio en torno a la concepción misma de los derechos de propiedad recurrente en la historia de México.

No hay constitución que pueda ser realmente vigente si la sociedad no la acepta, mientras que el consenso institucional se puede lograr incluso sin constitución escrita, como lo demuestra la historia británica. Sin embargo no estaría mal que para el centenario constitucional de 2017 se abriera un gran debate nacional sobre la constitución necesaria para el siglo XXI.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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