Las cifras oficiales de desaparecidos en México padecen de un subregistro, constatado por la información que manejan distintas dependencias. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México y fosas clandestinas. Pese a los reiterados discursos de las autoridades, este crimen de lesa humanidad que sacude al país no ha podido ser prevenido.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expuso, en su más reciente informe, que la impunidad y los altos niveles de inseguridad han puesto en jaque a las instituciones y hecho que los derechos humanos sean vistos meramente como una situación “discursiva o teórica”.
El “Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México” de la CNDH dio cuenta que en el país hay 32 mil 236 desaparecidos, según datos oficiales entre 1995 y diciembre de 2016.
Pese a que la cifra de la CNDH es de diciembre, sigue siendo superior a la de los 30 mil 973 casos que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza hasta enero de este año.
En México hay un subregistro de desaparecidos. Y las organizaciones de la sociedad civil han acusado a las cifras de ser poco confiables, apuntaló Nadín Reyes, del Comité de Familias de detenidos desparecidos Hasta Encontrarlos.
“Hace dos años las organizaciones hicimos un ejercicio sobre si los casos dentro del registro coincidían con los que nosotros registrábamos, encontramos que el porcentaje de desaparecidos en el registro oficial era de un porcentaje muy bajo”, dijo Reyes.
¿Por qué hay incongruencias? Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador de Idheas, litigio estratégico en derechos humanos A.C, detalló dos factores.
“Uno, por la ausencia de las entidades federativas de tipificar la desaparición o desaparición forzada. Y dos, porque algunas entidades no tienen el tipo penal de desaparición forzada y entonces registran el caso como secuestro o privación ilegal de la libertad, o sin determinar”, enlistó.
En cuanto a las fosas clandestinas, en el país fueron encontradas 855 en el periodo del 2007 a septiembre del 2016.
Guerrero, Nuevo León y Veracruz son las tres entidades con más fosas, según el reporte de la CNDH. Mientras la primera mencionada sumó 195; las dos restantes 191, cada una.
“Hay que decirlo el hallazgo de fosas clandestinas en México es un mérito de las familias y no de las autoridades”, dijo Gutiérrez.
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Cabe mencionar que la CNDH se encontró con una serie problemas de opacidad al solicitar esta información a las procuradurías estatales.
Sinaloa, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Chihuahua, entidades con gran número de casos no ofrecieron dato alguno.
Yolanda Morán, coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
(FUNDEM), expuso que el subregistro también es claro en los montos de las fosas clandestinas presentadas por las dependencias de justicia a la CNDH.
Si bien, la Fiscalía de Coahuila acusó haber hallado 51 fosas clandestinas, con 59 cadáveres, los familiares creen que la tasa es mucho más alta.
Fundem que trabaja con fosas comunes (una fosa legal con permisos gubernametnales) se adjudica haber colaborado en la exhumación de 490 cadáveres. “Oficialmente eso es lo que hay. Claro que nosotros consideramos que hay muchísimas más”, dijo Morán.
¿Qué pasó con la Ley en la materia?
En diciembre de 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto envío al Congreso una iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas, la cual duerme el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Senado de la República.
El reciente encuentro de organizaciones de la sociedad civil con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ha sido tomado como una oportunidad más para que el Estado cumpla con su obligación.
El titular de la Segob , quien les prometió su apoyo para formar una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al aprobarse la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
La CNB quedaría como un órgano desconcentrado dentro de la SEgob, apuntaron las autoridades el 31 de marzo.
De esta forma el Gobierno federal se ha comprometido a presionar al Senado, donde el Partido Revolucionario Institucional es mayoría, para aprobar la Ley General antes del 30 de abril.
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Entre las discrepancias principales Morán apuntó que familiares de desaparecidos han pedido que se incluya dentro de la Ley el término “desaparición forzada”, mientras que las autoridades luchan cambiarlo a “personas no localizadas”.
“Nosotros les hemos dicho, de acuerdo, son no localizadas en las primeras 72 pero la búsqueda es inmediata, y a partir de esas horas en automático se toma como desaparición forzada. Esa es nuestra discusión”, dijo la integrante de Fundem. .
¿Confían los familiares en Osorio? Morán ha dicho que se necesita del despliegue de esta dependencia.
“Necesitamos de quienes nos puedan dar una mano en cuestiones operativos. Nosotros hubiéramos querido que fuese una Comisión descentralizada. Pero no. Tenemos necesidad de una alerta y que ayude la policía, PGR y Seido”, dijo la activista.
Sin embargo, las organizaciones civiles ven a Chong y su promesa con reservas. En especial porque es el Estado uno de los principales perpetradores de desapariciones en México.
“¿Cómo le van a hacer en los cientos de casos donde son responsables el Ejercito y Policías? Le preguntamos a Osorio y el dijo que sí iban a ser considerados estos casos. Pero lo vemos poco probable. Nos preocupa la impunidad que hay para militares”, explicó Reyes.
De tal suerte que una ley que se apruebe sin asegurar sanciones y castigos a agentes del Estado corre el riesgo de no funcionar. Mientras tanto Reyes afirmó que no habrá confianza hasta que no se integren todas las exigencias de las familias.
