Académicos, investigadores y activistas demandaron una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución que elimine el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía y garantice la plena autonomía de independencia de la institución que será la encargada de la procuración de justicia.

Las bancadas de los partidos PAN y PRD en el Senado, por su parte, anunciaron la conformación de un frente legislativo para impedir que el Procurador Raúl Cervantes se convierta en Fiscal General y retaron al PRI a pasar a firmas este jueves el dictamen de la iniciativa del Presidente Peña Nieto. 

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, ofreció presentar una iniciativa que elimina el pase automático del Procurador General de la República, siempre y cuando se instale la Mesa Directiva, la cual quedó quedó conformada esta tarde con Carlos Marín como presidente.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El Pleno de la Cámara de Diputados instaló este jueves la Mesa Directiva que está encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. El acuerdo fue aprobado con 388 votos favor, cero en contra y 40 abstenciones.

La Mesa Directiva también quedó conformada por Martha Hilda González Calderón, del PRI, Edmundo Javier Bolaños, del PAN, Arturo Santana, del PRD, y María Ávila Serna, del PVEM, como vicepresidentes.

Como secretarios quedaron Marco Antonio Aguilar Yunes, del PRI; Alejandra Noemí Reynoso, del PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, del PRD; Andrés Fernández, del PVEM; Ernestina Godoy, de Morena; Verónica Delgadillo, de MC; María Eugenia Ocampo, del Panal, y Ana Guadalupe Perea, del PES.

Por la mañana, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado conformaron un frente legislativo para impedir que el Procurador Raúl Cervantes se convierta en Fiscal General y retaron al PRI a pasar a firmas este jueves el dictamen de la iniciativa del Presidente Peña Nieto que elimina el “pase automático”.

Al llamado se unieron además Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que exigieron un Fiscal con autoridad moral y ética, que no responda a intereses del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

El PRI, a su vez, la cedió. Renegó en las formas y atacó a Ricardo Anaya por “usar a las instituciones” para favorecer sus causas, pero ofreció una salida: si San Lázaro sale de la crisis política, aceptará que el Procurador Cervantes no tenga pase automático.

“El PRI y el Gobierno es lo mismo, deben definir qué es lo que quieren sobre la Fiscalía General, sin ambigüedades. No a un fiscal de consignas, no a un guardaespaldas transexenal. Los legisladores del PAN y del PRD que forman las comisiones dictaminadoras estamos dispuestos en este mismo momento, si es necesario, a levantar las firmas del dictamen”, dijo el coordinador panista Fernando Herrera.

La Senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno exigió que la iniciativa presidencial sea aprobada como un primer paso para destrabar el conflicto en la Cámara de Diputados y responder a la exigencia de la sociedad civil que está en contra de que el Procurador se convierta en el Fiscal General de la República.

“Para nosotros debe ser, por la posición que ocupa el Senador Gamboa, sujeto de crédito pensamos que está actuando de buena fe y que su compromiso no debe ser con los partidos que estamos aquí presentes, su compromiso debe ser con la ciudadanía y nosotros esperamos que se actúe en consecuencia.

“Vamos a hacer contacto con nuestros coordinadores en la Cámara de Diputados, platicaremos con ellos y si los diputados confirman, respaldan este señalamiento que ha hecho el Senador Gamboa valoraremos la reactivación de los trabajos legislativos el mismo día de hoy”, dijo Barrales.

El PRD ha perdido su fuerza en el Senado de la República en los últimos meses, a la misma velocidad con la que la fracción PT-Morena se ha fortalecido. Los senadores perredistas suman 8, lo que deja a la bancada como cuarta fuerza. A su vez, PT-Morena tiene un segundo lugar con 15 y queda debajo del PAN (38) y PRI (55).

Hoy mismo, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, ofreció presentar una iniciativa que elimina el pase automático del Procurador General de la República, siempre y cuando se instale la Mesa Directiva.

“Para seguir en la misma línea de acreditación de que es nuestra posición que no haya pase automático. Tengo elaborada un a iniciativa de reforma a la Constitución, en el mismo sentido que la que el Presidente aprobó”, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que tiene las firmas de los legisladores que llevaron a la confirmación de la Mesa Directiva en el Senado y aseguró que una vez que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín tome posesión de la Mesa Directiva en San Lázaro, la van a presentar.

Agregó que el líder panista Ricardo Anaya usa a las instituciones en beneficio propio.

“La ambición desmesurada de Ricardo Anaya lo llevó a impulsar un franco chantaje a la Cámara y a las instituciones, es peor que un plantón en Reforma”, mencionó.

“No hay pretexto para no instalar la Mesa Directiva hoy mismo. Hemos desarmado argumentos, hemos evidenciado mentiras, hemos puesto de manifiesto que se han construido, a partir de verdades a medias, mentiras completas”, dijo el priista.

Tras el anuncio, el coordinador de los diputados panistas, Marko Antonio Cortés Mendoza aceptó destrabar el conflicto en la Cámara Baja y a nombre de su partido dio luz verde a la llegada de Ramirez Marín al frente de la Cámara baja.

“Hoy es un día histórico, tan importante como cuando se probó al reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy logramos juntos, con el respaldo de la sociedad, decir ’no al fiscal carnal’”, celebró.

Cortés detalló que Camacho Quiroz le marcó la mañana de este día para comunicarle que en acuerdo con el Presidente Enrique Peña Nieto se decidió eliminar el “pase automático” transexenal del Procurador a la nueva Fiscalía.

El PRD dijo que era un día histórico y un triunfo de las organizaciones.

“Quiero a nombre de mi bancada, el PRD, manifestar que hemos actuado con responsabilidad, conforme a lo que las organizaciones reclamaron: que no hubiera un “Fiscal a modo”, dijo el Diputado perredista Francisco Martínez Neri.

ONGs Y ACADÉMICOS RECHAN AL #FISCALCARNAL

En la misma conferencia del PAN y PRD, académicos, investigadores y activistas demandaron una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución que elimine el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía y garantice la plena autonomía de independencia de la institución que será la encargada de la procuración de justicia.

“No a la impunidad transexenal. Nos oponemos al pase automático. Ni Cervantes ni nadie ligado al poder puede ser Fiscal, sería como poner guardaespaldas a los funcionarios de este régimen. En suma, alguien a quien no le tiemble la mano”, expresó Emilio Álvarez Icaza, quien encabeza la iniciativa Ahora.

Ayer, representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.

Pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.

En una carta, los cinco integrantes del Comité escribieron: “De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”.

Además, el Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, señaló.