“Las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo. Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la Cibiogem y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo, sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto”, señalaron las organizaciones que han dado acompañamiento a los mayas, a través de un comunicado.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Líderes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, en Campeche, denunciaron este martes el clima de hostigamiento que viven en el proceso de consulta para la siembra de soya transgénica, y que incluso las propias autoridades llevan a cabo “una estrategia de división” con el fin de desarticular la organización de las comunidades.

En entrevista para SinEmbargo, Angélica Ek Canché, del municipio de Hopelchén, acusó que dicha estrategia es perpetrada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), autoridades que en teoría debieran garantizar el mandato que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió para la suspensión del permiso del cultivo en 34 pueblos campechanos en tanto concluya la consulta pública.

Este martes, representantes indígenas presentaron un documento en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la violación de los derechos humanos en dicha consulta. Buscan que el organismo emita recomendaciones a las autoridades a fin de que tanto la consulta como los derechos de los mayas sean respetados.

“Es una denuncia sobre la violación a nuestros derechos en la consulta. No se está llevando a cabo como debe de ser: antes de que nos consultaran se sembró la soya transgénica. Se violaron y se siguen violando nuestros derechos porque se sigue sembrando la soya [genéticamente modificada] y está prohibido. Estamos denunciando a Sol Ortiz, secretaría ejecutiva de la Cibiogem y a Marco Ramírez, abogado de la Cibiogem, y al delegado de la CDI en Campeche [Pedro Armentía López]”, indicó.

Los representantes mayas que acudieron a las oficinas de la CNDH en la capital mexicana fueron Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo, quienes se colocaron cinta en la boca en señal de protesta por los intentos de las autoridades de silenciar su opinión.

Ek Canché informó que entregaron la denuncia a Luis Marcelo Vega, funcionario de la CNDH, y al dialogar con él aseguró que la dependencia “va a estar más al pendiente de cómo se lleva a cabo la consulta, nos dijo que ellos están como observadores”.

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, entre las que destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), MA OGM, el Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras, cuestionaron los intereses de la Cibiogem y la CDI.

Incluso, doña Angélica señaló que el abogado Marco Ramírez de Cibiogem ha prometido a autoridades ejidales, diversos beneficios con tal de que se separen de la consulta en conjunto.

“Nos quieren callar, nos hostigan y nos quieren dividir. Las 34 comunidades hemos tomado el acuerdo de ir juntos en la consulta, pero el Gobierno trata de dividirnos y dudan de nuestra representatividad”, denunció. Los pueblos llegaron a dicho convenio con Cibiogem y CDI desde finales de marzo pasado.

Durante las últimas sesiones de la consulta, recriminó doña Angélica, Sol Ortiz intimidó e insultó a representantes de las comunidades y a sus asesores. “En frente de la CDI nos insultan, nos humillan y ellos no hacen nada, por eso le pediría también a la CNDH que mande a una persona para que vean lo que realmente está pasando y que cumplan con defender nuestros derechos”, urgió.

A través de un comunicado, las organizaciones que han dado acompañamiento a los mayas, señalaron que aquel día “las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo. Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la Cibiogem y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto”.

En el mismo sentido, la inconforme aseguró: “ellos [Cibiogem y CDI] tratan de que se siembre la soya transgénica por eso van a nuestras comunidades causando conflicto entre nosotros. Quieren permitirla porque ‘hay algo’ entre los funcionarios, quienes venden las semillas y quienes la siembran”.

Por ello, hizo un llamado a la CNDH a defender el derecho de los pueblos. “Nosotros los pueblos mayas existimos”, manifestó.

A CDI y Cibiogem les exigió que “hagan bien su trabajo. Sol Ortiz no puede ser juez y parte, no puede ir a nuestras comunidades a decirnos que la soya no es mala y que trae muchos beneficios porque nosotros ya estamos sufriendo el impacto que está generando la siembra de la soya transgénica”.

Entre los efectos destacó que se encuentran contaminación del agua, deforestación, daños a la salud y a la economía, ya que la apicultura –su sustento– se ha visto amenazada por el uso de herbicidas que provocan la muerte de abejas.

“Nos están dejando más pobres”, lamentó.